Viva la libertad: pobreza en Argentina aumentó al 55,5% en el primer trimestre de 2024

En el primer trimestre de 2024, la situación socioeconómica en Argentina se ha deteriorado de manera alarmante. Según las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza alcanzó el 55,5% de la población, mientras que la indigencia se elevó del 9,6% al 17,5%.

Estas cifras impactantes reflejan una realidad preocupante en la era del ultraderechista, Javier Milei: casi 25 millones de personas en áreas urbanas del país viven por debajo de la línea de pobreza, incapaces de cubrir sus necesidades básicas.

El aumento en los niveles de pobreza e indigencia se atribuye principalmente a la inflación galopante que ha azotado al país en los últimos meses.

La subida de precios en bienes esenciales, especialmente en alimentos, ha golpeado duramente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Según el mismo informe del ODSA, aproximadamente 7,8 millones de personas se encuentran en pobreza extrema, incapaces de acceder a una alimentación adecuada.

La Inseguridad alimentaria en cifras en la Argentina de Milei

El estudio también destaca la creciente inseguridad alimentaria en las áreas urbanas. El 24,7% de la población y el 32,2% de los niños, niñas y adolescentes enfrentan inseguridad alimentaria, siendo aún más grave la situación para el 10,9% de las personas que sufren inseguridad alimentaria severa.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), estos porcentajes aumentan, afectando a una mayor proporción de la población.

Ante esta crisis, el gobierno de Javier Milei ha intentado paliar la situación con varias medidas. Una de las principales acciones ha sido el refuerzo del importe de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la implementación de la Tarjeta Alimentaria, beneficiando al 42,6% de los menores. Además, se ha incrementado la asistencia a comedores escolares y la distribución de alimentos. En el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, la administración ha dispuesto un aumento del 9,37% en los beneficios sociales para junio de 2024.

Mientras, miles de toneladas se pudren en depósitos estatales

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo María de la Torre, y el director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Luis María Scasso, han sido denunciados por la asociación civil Arco Social.

Los cargos incluyen asociación ilícita, desvío de fondos y pago de sobresueldos en el marco de contrataciones irregulares. La denuncia solicita a la justicia la indagatoria de los tres implicados.

Arco Social, una organización dedicada a combatir la corrupción, presentó la denuncia argumentando que el Ministerio de Capital Humano, a través de la OEI, llevó a cabo contrataciones irregulares. Según el documento presentado, estas contrataciones tenían como objetivo desviar fondos mediante el pago de sobresueldos y la compra de dólares en el mercado ilegal, perjudicando gravemente las finanzas del Estado Argentino.

La denuncia revela que los contratos realizados a través de la OEI ascienden a la suma de $1.000 millones, de los cuales $645 millones fueron autorizados por De la Torre. En enero, se habrían girado otros $395 millones adicionales.

El informe de Arco Social destaca que Pettovello, De la Torre y Scasso habrían contratado a personal que no cumplía funciones reales en el ministerio. Estos sueldos, según la denuncia, fueron desviados para otros fines ilícitos.

La asociación enfatiza que fue la propia Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, quien confirmó en una entrevista periodística que los hechos denunciados ocurrieron tal como se describe.

Convenios bilaterales y falta de transparencia

La ministra Pettovello suscribió convenios con la OEI, dirigida por Scasso, supuestamente para la contratación de personal necesario para diversos programas.

Sin embargo, estos convenios se utilizaron para eludir los procedimientos legales de contratación, evitando así la publicidad y transparencia de las acciones del ministerio.

La denuncia también sugiere que este presunto esquema criminal incluyó la falsificación de documentos públicos y la creación de reportes falsos sobre las actividades de los empleados contratados, con el fin de encubrir la falta de trabajo real.

El periodista Mauro Federico reveló la existencia de una planilla de Excel denominada “Plan 120 (FF)” que incluía una lista de profesionales contratados a través de la OEI, ninguno de los cuales aparecía en las bases de datos oficiales del ministerio.

Según la denuncia, Pettovello y Scasso intentan culpar exclusivamente a De la Torre como el ideólogo y ejecutor del plan delictivo. No obstante, la sofisticación del esquema y la participación de distintos organismos indican que la operación no podría haber sido ejecutada sin el conocimiento y participación directa de los titulares de los organismos involucrados.