El proyecto de ley sobre control a las ONG, está generando “ronchas” en círculos opositores ligados a esas organizaciones “sin fines de lucro”, pero que manejan mucho dinero sin necesidad de respaldo documental.
El senador Gustavo Elite, impulsor de la legislación, fue el que argumento la propuesta, señalando que al ser actores venden servicios y bienes al mercado interno y al oficial, deben emitir facturas por sus movimientos de plata, como exigen el sistema legal de transparencia
En conversación con el periodista Enrique Vargas Peña, este le apunto que la ley en cuestión , es una necesidad con estatus de urgencia, a partir de las funciones que las ONG realizan, pero que llamativamente están exentas de control.
“La exsenadora Desirée Masi (ejemplifico) tiene una oficina (ONG) que se dedica a realizar relevamiento de todo lo que se publica en este programa. Cuenta con cinco a seis personas que trabajan en eso”, disparó el comunicador, para reforzar la posición de que los organismos no gubernamentales deben emitir facturas por servicios que paga o cobra.
El proyecto legislativo ya desató la polémica, en una de cuyas aristas fustigan al plan, alegando que con el “ataque” se pretende sacar fortaleza a controles extraoficiales a través de oficinas sin fines de lucro. Desde el otro sector, sin embargo, expresan que el papel de excesiva presencia de las ONG en el gobierno, es más pernicioso de lo que se muestra en la superficie. En esa línea de críticas mencionan que el proyecto de fondo de dichas agrupaciones en el fondo es atrapar espacios de gobernanza estatal, imponiendo condiciones que inciden en forma directa en decisiones del gobierno.
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