La defensa de Uribe solicitó la nulidad de todo el proceso debido a la falta de claridad al momento de la formulación de cargos.
Después de más de 12 horas de audiencia, la sesión de la acusación contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe, procesado por presunto soborno de testigos y fraude procesal, fue suspendida. La audiencia contra Uribe, que comenzó el viernes 17 de mayo, se reanudará el próximo 24 de mayo.
Jaime Granados, defensor del expresidente de Colombia, solicitó la nulidad de todo el proceso en contra de su defendido al considerar que la Fiscalía incurrió en irregularidades durante la formulación de los cargos. Sin embargo, el fiscal general a cargo del caso, Gilberto Iván Villarreal rechazó la solicitud.
Granados afirmó que debido a la falta de claridad con respecto formulación de cargo, al expresidente Uribe no se le ha permitido formar una defensa conforme a todas las garantías legales. El fiscal general respondió que el pedido de la defensa no cumple con los “requisitos mínimos” para ser validada.
“Mis antagonistas han logrado convertirse en mis acusadores”
Horas antes de que se iniciara la diligencia judicial Uribe aseguró que el juicio es un complot de sus antagonistas políticos, en referencia al senador Cepeda, contraparte del proceso.
“Mis antagonistas políticos han logrado convertirse en mis acusadores judiciales, unos de ellos cercanos a las FARC y otros colaboradores directos o indirectos, cubiertos por la cautivante palabra paz, usada para prorrogar el terrorismo a través de la indulgencia de impunidad absoluta“, expresó Uribe en una declaración en su casa en Rionegro.
Una disputa de más de 10 años
Este caso se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
La acusación por soborno tiene que ver con el presunto pago de coimas a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, quienes están presos en las cárceles de Palmira y La Picota en Bogotá, respectivamente.
El expresidente lleva años insistiendo en que se trata de un caso contra él que tiene motivaciones políticas y carece de pruebas.
ecuavisa.com
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