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En un firme paso hacia la consolidación del Acuerdo Nacional y la promoción de la Justicia Social, se está desmontando un entramado de barreras que por mucho tiempo han impedido el acceso equitativo a la justicia en el ámbito rural. Bajo la consigna #JurisdicciónAgrariaYa, se promueve una transformación que no solo busca eliminar obstáculos legales, sino también erradicar la impunidad derivada de las malas decisiones de funcionarios corruptos, las cuales han afectado injustamente a los campesinos.
El acceso a la justicia es un derecho fundamental que todos los ciudadanos deben tener garantizado, sin importar su ubicación geográfica o su condición social. Sin embargo, durante años, los campesinos han enfrentado dificultades para hacer valer sus derechos ante instancias judiciales que muchas veces han carecido de la sensibilidad y el conocimiento necesario para comprender las complejidades de la vida rural.
El clamor por la #JurisdicciónAgrariaYa no es simplemente una demanda, es una necesidad urgente. Se trata de asegurar que los campesinos no sigan siendo víctimas de un sistema que, lejos de proteger sus intereses, ha permitido que sean ellos quienes paguen las consecuencias de decisiones corruptas e injustas. La implementación de una jurisdicción agraria no solo implica la creación de mecanismos legales especializados para atender los conflictos en el campo, sino también la promoción de una cultura de transparencia y responsabilidad en la gestión pública.
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Uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa es garantizar la seguridad jurídica en el ámbito rural. Esto implica no solo brindar un marco legal claro y accesible para los campesinos, sino también establecer mecanismos eficaces para prevenir y sancionar la corrupción en todas sus formas. La confianza en el sistema judicial es crucial para asegurar que los derechos de los campesinos sean respetados y protegidos en todo momento.
Además, la #JurisdicciónAgrariaYa tiene como objetivo garantizar el acceso a la tierra, un derecho fundamental para el desarrollo económico y social de las comunidades rurales. La titulación de tierras y la protección de los derechos de propiedad son elementos esenciales para empoderar a los campesinos y promover su bienestar.
En última instancia, la implementación de una jurisdicción agraria no solo es una cuestión de justicia, sino también de dignidad humana. Es un paso crucial hacia la construcción de un país más justo y equitativo, donde todos los ciudadanos, independientemente de su origen o condición, puedan disfrutar de una vida digna y libre de violencia e injusticia.
Por tanto, es imperativo que las autoridades actúen con celeridad y determinación para hacer realidad la #JurisdicciónAgrariaYa. No se puede permitir que la falta de acción o la resistencia a los cambios perpetúen la injusticia en el campo. El momento de actuar es ahora, y se podemos construir un futuro más justo y próspero para todos.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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