22 años de la muerte del sindicalista de la @usofrenteobrero Rafael Jaimes Torra en Barrancabermeja, símbolo de la persecución de paramilitares.

Imagen Cortesía

La persecución de los sindicalista de Ecopetrol SA por parte de los paramilitares ha sido siempre la constante, EN EL AÑOS 2007 un juzgado de descongestión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió una sentencia histórica en el caso del asesinato del sindicalista Rafael Jaimes Torra y su sobrino Germán Augusto Corzo en Barrancabermeja. Este hecho, que tuvo lugar el 20 de marzo de 2002, ha sido un símbolo de la persecución que han enfrentado los empleados de Ecopetrol por parte de grupos paramilitares en Colombia.

Los condenados, Luis Fernando Muñoz Mantilla, alias ‘Chito’, y Ricardo Ramos Valderrama, alias ‘Jair’, fueron hallados culpables de este crimen atroz. Según la investigación, Guillermo Hurtado Moreno, conocido como ‘Setenta’ y miembro de las autodefensas, proporcionó el armamento, las motocicletas y la logística necesaria para llevar a cabo el asesinato, bajo la orden directa del bloque Central Bolívar, liderado por Ernesto Báez.

El ataque ocurrió cuando Jaimes Torra, tesorero de la Subdirectiva de la Unión Sindical Obrera (USO), salía de su residencia en el barrio Torcoroma. Dos hombres armados en motocicletas lo interceptaron y dispararon, acabando con su vida y la de su sobrino, quien falleció seis días después en el hospital.

Este fallo judicial marca el décimo caso resuelto en los juzgados de descongestión de la OIT .

El hecho no solo ha conmociono a la comunidad, sino que también ha puesto en evidencia la estrecha relación entre grupos paramilitares y ciertas empresas, como Ecopetrol. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado a la petrolera estatal entregar información relacionada con exfuncionarios y la fuerza pública que estuvieron activos entre 1988 y 2006, así como detalles sobre posibles vínculos con grupos paramilitares en la región del Magdalena Medio durante el conflicto armado en Colombia.

Además, la JEP solicita a Ecopetrol datos específicos sobre pérdidas económicas por hurto de combustible entre 1995 y 2005, así como información detallada sobre la vinculación formal de personas señaladas en la investigación. También se requieren pruebas que respalden las afirmaciones presentadas por los comparecientes, incluyendo la realización de reuniones entre paramilitares, miembros de la Fuerza Pública y poderosos funcionarios de Ecopetrol en lugares como el Club Miramar y la Casa de Huéspedes.

El viceministro de trabajo, Edwin Palma, ha destacado la importancia de este requerimiento de la JEP a Ecopetrol, subrayando que entre los contratistas aparentemente vinculados al paramilitarismo se encuentra uno implicado en el asesinato del dirigente sindical hace más de dos décadas. Este llamado a la verdad judicial es crucial para esclarecer los vínculos entre grupos armados y empresas durante uno de los periodos más oscuros de la historia reciente de Colombia.

Esta noticia del requerimiento de la @JEP_Colombia a @ECOPETROL_SA ha pasado desapercibida, pero en esta lista de contratistas, aparentemente vinculados con el paramilitarismo en el Magdalena Medio hay uno que participó del asesinato de un dirigente sindical de la… https://t.co/A61qKl99jQ pic.twitter.com/SZ3Tla48Jq

— Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) May 5, 2024