¿Bukele eterno?: cómo el presidente de El Salvador abrió la puerta para su reelección indefinida

En el último día de la legislatura 2021-2024, los diputados oficialistas reformaron la Constitución con vistas a establecer un modelo presidencial similar al chavista.

Alguna vez, como en su día lo hizo el fallecido dictador venezolano Hugo Chávez, el presidente salvadoreño Nayib Bukele renegó de la reelección y aseguró que entregaría el poder cuando le tocase. Bukele no solo se reeligió en febrero pasado: esta semana, como lo hizo el chavismo a principios de siglo, diputados leales al salvadoreño aprobaron una reforma constitucional que abre la llave a más enmiendas inconsultas de la ley primaria y, con ello, el camino a la reelección indefinida.

Los diputados de Bukele dicen, hoy, que no es la reelección indefinida el objetivo último de esta reforma que, de forma sorpresiva y expedita hicieron el lunes 29 de abril durante la última sesión plenaria de la legislatura 2021-2024. También dijeron alguna vez, esos mismos diputados, que no apoyaban la reelección aunque ahora celebren el reenganche de Nayib Bukele, logrado en las presidenciales del 4 de febrero de 2024 a las que el mandatario se presentó tras una interpretación de la Constitución hecha por una Corte Suprema Justicia también leal que le permitió saltarse las prohibiciones establecidas en la misma ley primaria.

Rodriga Ayala, uno de los diputados bukelistas más leales, interrumpió la plenaria del lunes anterior para pedir un cambio en la agenda e introducir reformas al artículo 248 de la Constitución salvadoreña, que regula la forma en que pueden hacerse cambios a la ley primaria. Poseedor de la mayoría absoluta en el parlamento desde 2021, el partido Nuevas Ideas del presidente aprobó la solicitud y procedió a aprobar la enmienda al 248.

En esencia, los diputados de Nuevas Ideas incluyeron, con su reforma, un nuevo procedimiento que permite a una sola legislatura realizar las enmiendas constitucionales que considere pertinentes.

Antes del cambio, el 248 establecía que una legislatura debía de proponer la enmienda y la siguiente ratificarla previa consulta con el soberano, la cual se garantizaba, según jurisprudencia constitucional, informando a los votantes, en tiempo de campaña electoral, de que esas legislaturas tenían previsto abordar, aprobar o ratificar esa enmienda. Nada de eso ocurrió en esta ocasión, ya que durante el proselitismo previo a las legislativas del 4 de febrero anterior, de las que salió la legislatura de mayoría bukelista que tomó posesión el 1 de mayo pasado, ningún candidato del presidente habló sobre cambios constitucionales; tampoco lo hicieron los candidatos oficialistas en la previa de la legislatura anterior, que concluyó el 30 de abril de 2024.

“Después de la elección legislativa realizada el 4 de febrero de 2024, los diputados de la legislatura 2021-2024 ya no pueden aprobar acuerdos de reforma constitucional. El pueblo soberano ya no tiene la posibilidad de evaluar y orientar su voto según posiciones individuales y colectivas que muestren los candidatos o partidos que buscan integrar la segunda legislatura, encargada de la ratificación del acuerdo. Un procedimiento realizado de otra manera no está democráticamente justificado”, dijo a Infobae un constitucionalista salvadoreño que habló desde el anonimato por temor a represalias. La prudencia de esta fuente no parece fuera de lugar: en 2021, cuando el primero Congreso de supermayoría bukelista asumió el poder, la Policía Nacional Civil (PNC), a las órdenes del presidente, acosó y amenazó a jueces que entonces ocupaban sillas en la Sala de lo Constitucional del Supremo para obligarlos a dejar sus puestos la misma noche en que los diputados recién juramentados nombraban nuevos magistrados leales al presidente. Fueron esos nuevos jueces quienes, a la postre, harían una interpretación constitucional que abrió las puertas para que Bukele se reeligiera este año.

“Es una abreviatura, y una abreviatura ilegal para acelerar los cambios que necesiten para consolidar el poder”, aseguró el abogado respecto a la reforma reciente del artículo 248.

Enrique Anaya, otro constitucionalista salvadoreño, explica cómo esta enmienda servirá para que el oficialismo apruebe, sin obstáculo alguno, nuevas modificaciones constitucionales. “Lo que han hecho significa que van a poder cambiar la Constitución en un día, es más, en una mañana, porque van a presentar la iniciativa 10 diputados a las 10 de la mañana, la aprueban con dispensa de trámite, hacen el ‘break’ y se van a tomar el café y a las once de la mañana ya están ratificando”, escribió.

Diputados de la Asamblea Legislativa participan en la última sesión plenaria el 29 de abril de 2024, en Antiguo Cuscatlán (El Salvador), en la que reformaron la Constitución de forma expedita.. EFE/Rodrigo Sura

Rodrigo Ayala, el diputado que presentó la reforma en la última sesión de la legislatura 2021-2024 y uno de los 10 que apoyó la enmienda con su firma, justificó que el añadido no contraviene las llamadas cláusulas pétreas o inmodificables establecidas en el 248, que son la forma de gobierno, la integridad territorial y la alternabilidad en la presidencia de la república. Hay quienes, sin embargo, dudan de esto.

El mismo diputado Ayala había dicho, en el pasado, que no apoyaba cambios a las cláusulas pétreas que permitieran la reelección inmediata o cambios a la forma establecida para enmendar la Constitución. Lo hizo durante una entrevista televisiva anterior a la reelección de Bukele.

Un exfuncionario salvadoreño que ha asesorado a varios gobiernos del país en materia jurídica, y quien también habló desde el anonimato, apunta que Bukele, sus diputados y sus jueces ya trastocaron una de las cláusulas pétreas más importantes de la Constitución, que es precisamente la alternabilidad, cuando magistrados de lo Constitucional impuestos por el presidente abrieron el camino a la reelección inmediata con una interpretación ad hoc del texto constitucional.

La lógica del constitucionalista Anaya también parece certera: así como el 29 de abril pasado, en un par de horas, la mayoría bukelista remendó el 248, así la nueva legislatura, también dominada por el oficialismo, puede, con dispensa de trámite, deshacerse de palabras como alternabilidad o forma de gobierno.

En todo caso, afirma el abogado Daniel Olmedo en una columna sobre el cambio al artículo 248, la enmienda aprobada por los bukelistas hizo “más flexible la Constitución. Hoy será más fácil reformarla”, lo cual, dice, ha hecho que la ley primaria sea más frágil, y que lo sean las reglas de la organización y funcionamiento del Estado.

Para 18 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña críticas de Bukele la intención de la reforma es clara: el presidente quiere perpetuarse en el poder.

“La reforma aprobada permite que una legislatura reforme la Constitución en repetidas ocasiones y en cualquier dirección que elija… Con esta reforma se debilita el carácter democrático que es la base de nuestro sistema constitucional y deja en entredicho las verdaderas razones que la motivan, evidenciando el predominio del interés de perpetuarse en el poder”, aseguraron las organizaciones en un comunicado hecho público a pocas horas de aprobada la enmienda.

Nayib Bukele no se ha pronunciado en público, hasta ahora, sobre lo hecho por sus diputados respecto a la Constitución. Lo único que publicó al respecto el 29 de abril, día en que se hizo el cambio, fue el emoticono de un peón de ajedrez en su cuenta X, como lo ha hecho en otras ocasiones en que sus representantes en la Asamblea Legislativa o en el Judicial han llevado adelante decisiones polémicas.

Cuando ganó la reelección en febrero de este año, Bukele se jactó en su discurso de celebración de haber pulverizado a la oposición y aseguró que los salvadoreños se habían pronunciado por “un sistema democrático de partido único”. Esas elecciones las ganó Bukele con cerca del 85% de los votos de quienes acudieron a las urnas, que representan alrededor de un 45% del universo de salvadoreños aptos para votar.

El mismo día en que él se reeligió, los salvadoreños también votaron por nuevos diputados, pero lo hicieron con nuevas reglas que el mismo oficialismo había impuesto en la Asamblea Legislativa y que implicaron cambios en la legislación electoral y en las circunscripciones legislativas, lo cual favoreció a los bukelistas. Las votaciones por diputados, además, estuvieron marcadas por múltiples denuncias de fraude, que incluyeron apagones no explicados en el sistema de conteo del Tribunal Supremo Electoral, pérdida transitoria de decenas de urnas y restricciones para que la oposición y periodistas presenciarán conteos manuales de votos, entre otras.

Antes, el bukelismo había dado varios pasos para garantizar la estadía en el poder. El primero ocurrió hace justo tres años, cuando los diputados del presidente ganaron supermayoría por primera vez y, en su día inaugural de gestión, impusieron a los magistrados del Constitucional que pavimentaron el camino a la reelección inmediata con una retorcida interpretación del texto constitucional que avaló la segunda candidatura presidencial de Bukele previa renuncia seis meses antes de la jornada electoral.

Luego vino el reajuste de distritos legislativos que terminó, en efecto, de pulverizar a la oposición. Y en el medio un régimen de excepción que dura ya dos años al que se le atribuye, en buena medida, la reducción de la violencia en el país, pero también la restricción de derechos constitucionales de asociación y expresión y el uso del lawfare para eliminar adversarios políticos o enterrar investigaciones criminales que afecten al presidente y a los suyos.

ARCHIVO – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofrece una oración en el Congreso en San Salvador, El Salvador, el 9 de febrero de 2020, cuando irrumpió acompañado de policías y soldados. (Foto AP/Salvador Meléndez, Archivo)

Fue, de hecho, una investigación criminal abierta por la Fiscalía General de la República, antes de que Bukele la controlara, y apoyada por el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, una de las primeras que estableció sospechas de que el círculo íntimo presidencial estaba embarcado en una operación para “acumular poder”. A esa investigación los fiscales que la dirigieron la bautizaron Caso Catedral e incluía investigaciones sobre un pacto de gobernabilidad con las pandillas MS13 y Barrio 18 y corrupción de funcionarios presidenciales durante la pandemia de Covid-19. Catedral también investigó a los hermanos del presidente y a varios de sus asesores más íntimos como supuestos líderes de la estructura creada para eso, para acumular poder.

A pesar de todos esos señalamientos, que al final no terminaron en los tribunales porque Bukele impuso a un fiscal general afín, el presidente ganó su reelección sin despeinarse, con el apoyo de un número significativo de votos. El presidente, reelecto, tomará posesión el próximo primero de junio y contará, para este nuevo periodo, con un congreso en el que tiene supermayoría y que ahora tiene la facultad de, por vía rápida, hacer los cambios a la Constitución que abran la puerta a la reelección indefinida. Ese cambio, sin embargo, puede no ser inmediato, según apunta al menos uno de los abogados consultados para este artículo.

Mientras el bukelismo no cambie la cláusula pétrea que habla sobre la alternabilidad en el poder, advierte este jurista, la Asamblea Legislativa podría encontrar caminos alternos para consultar al soberano sobre la reelección indefinida, por ejemplo a través de la figura del referéndum o consulta popular, como ya lo hizo el chavismo en Venezuela. Esa figura podría, incluso, abrir el camino a una consulta para hacer un cambio total de la Constitución. Este abogado lo resume así: “lo que hicieron con el 248 abre las puertas a cualquier cambio”.

La comunidad internacional ha sido discreta en su reacción a lo hecho por Bukele y los suyos. Un vocero del gobierno de Biden en Washington dijo al periódico salvadoreño El Faro que Estados Unidos sigue “de cerca los últimos acontecimientos respecto a las reformas constitucionales en El Salvador”. Desde el entorno de la Unión Europea, que en otras ocasiones no ha dudado en señalar los excesos del salvadoreño, ha prevalecido el silencio.

Más directa han sido organizaciones internacionales de sociedad civil. “Esto es el resultado de un proceso que inicio mucho tiempo atrás de concentración y consolidación de poder en manos de Bukele… Como consecuencia del deterioro democrático en El Salvador no hay debate público y han convertido la Constitución en una ley ordinaria, lo cual no es así en ninguna parte del mundo”, dice Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA).

Méndez ve preocupante la incertidumbre que se abre sobre la dirección que el bukelismo dará ahora a la estructura del Estado salvadoreño y considera que es importante que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos analice si El Salvador ha incumplido de alguna forma la Carta Democrática.

Ni Bukele ni sus funcionarios han dado más pistas sobre los cambios constitucionales que se avecinan, pero un abogado que ha tenido conocimiento de discusiones internas en el gobierno salvadoreño asegura que los primeros temas que los diputados bukelistas abordaran son los límites de tenencia de tierra y la alternabilidad presidencial.

Ya en 2020, cuando Bukele recién había asumido el poder, una funcionaria estadounidense que había trabajado en temas centroamericanos durante la administración de Barack Obama y hoy es diplomática para el gobierno de Biden se refirió a Bukele en una charla con Infobae: “Esta película de dar demasiado poder a una persona ya la vimos muchas veces en Latinoamérica; nunca termina bien”.

infobae.com

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