Sin control, tráfico ilegal de oro entre Ecuador y Perú

Cada día, 100 toneladas de materia prima, con el cual se procesa oro, extraído de Perú viaja de contrabando hacia Ecuador, por una ruta en la región amazónica controlada por mineros ilegales, en colaboración con organizaciones criminales  transnacionales, confirmó una investigación reciente del diario peruano El Comercio. El camino inicia en la provincia de Condorcanqui, en Perú, y termina en la provincia de Zamora Chinchipe, en Ecuador.

La organización peruana sin fin de lucro Paz y Esperanza, también identificó 53 puntos de explotación minera ilegal, en un tramo de 38 kilómetros por el río Cenepa, en la región Amazonas, cerca de la frontera con Ecuador. Sin la autorización oficial, los mineros ilegales realizan obras de beneficio público a cambio de que las comunidades les permitan operar, reveló el 17 de marzo el medio peruano de investigación Ojo Público.

“En esas zonas de frontera amazónica, las ganancias del narcotráfico se reinvierten a menudo en la minería ilegal de oro”, explicó el 30 de marzo a Diálogo Bram Ebus, consultor de la ONG International Crisis Group, con base en Bélgica. “El oro es un bien supremamente útil para lavar los activos del narcotráfico, porque el oro de origen ilegal es muy fácil de legalizar dentro de la cadena ilícita”.

Los líderes peruanos de diversas comunidades indígenas remotas asentadas en la Amazonía fronteriza con Ecuador lamentan la falta de apoyo del Estado, afirmando que la minería ilegal provoca que otras economías ilegales como la tala de madera, la trata de personas y el narcotráfico, echen raíces en sus tierras, detalló el 19 de marzo la cadena de noticias AP.

“De las diez economías criminales que existen en el país es por lejos la más grande, ya que afecta los derechos fundamentales, la recaudación tributaria y al medio ambiente”, declaró el exministro del Interior del Perú Carlos Basombrío, a la revista Desde Adentro, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú. “Son mafias y organizaciones criminales nuevas, sobre todo internacionales, que entran en algunas zonas a competir por el control de esa actividad con los mineros ilegales originarios. Esas organizaciones criminales están vinculadas al narcotráfico y se asientan en zonas donde existen problemas de violencia”.

“Son dinámicas que estamos observando en estas partes y sabemos que hay una baja presencia estatal tanto de Perú como de Ecuador”, añade Ebus. “Eso también ha causado que el crimen organizado se pueda expandir”.

En La zona limítrofe de ambos países capos del contrabando y la minería ilegal operan “a sus anchas”, bajo la protección de policías corruptos, reveló el semanario peruano Hildebrant en sus Trece.

“Siempre vemos una convergencia entre economías ilegales y legales en esas zonas de frontera amazónica”, añade Ebus. “Entonces sí podemos considerar que un negocio alimenta otro negocio, pero los dos sectores tienen un impacto ambiental, se duplican las ganancias ilegales con la reinversión y se multiplican los impactos ambientales, cuando se reinvierte el dinero del narcotráfico en la minería ilegal”.

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, un territorio de 1,3 millones de hectáreas entre las regiones de Loreto y Amazonas, en Perú, también ha denunciado el avance de los mineros ilegales en la cuenca del río Santiago. Se estima que unas 40 hectáreas de selva han sido dañadas por esta actividad, reportó el 22 de marzo Radio Francia Internacional.

En marzo de 2023, los ministros de Ambiente de Ecuador y de Perú se reunieron en la zona fronteriza para analizar el tema de la minería ilegal, considerada como una amenaza para la seguridad pública. Frente a esta amenaza, las fuerzas armadas de Ecuador y Perú iniciaron una serie de operativos especiales coordinados en la frontera binacional.

Según el diario ecuatoriano Primicias, el combate a la mineria ilegal ha sido uno de los ejes de los operativos espejo que las fuerzas armadas de ambos países llevan a cabo en la frontera, que también combaten al narcotráfico; el tráfico de armas, de municiones y explosivos; el contrabando; la inmigración irregular, y otros delitos conexos.

“La solución definitiva y de fondo es lograr la plena trazabilidad de la producción de oro. Eso nos va a permitir entender la dimensión del problema y cómo abordarlo, para que haya una formalización sostenible en el tiempo”, aseguró Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú, a El Comercio. “En la minería informal se utiliza el explosivo en cartucho. Sin embargo, toda la gran minería y parte de la minería mediana usa explosivos a granel, no en cartuchos. Entonces, no es tan difícil atacar el problema, pues solo cinco empresas comercializan explosivos para la minería en Perú”.