Ecuador: La crisis energética también responde a años de corrupción institucionalizada

En Ecuador se viven cortes de luz de aproximadamente seis horas diarias, aunque en la semana anterior los racionamientos llegaron incluso hasta 13, es decir, más de la mitad del día. Las razones ya se han explicado: sequía en los embalses de las hidroeléctricas, falta de mantenimiento del parque termoeléctrico e inacción por parte de las autoridades. Sin embargo, la corrupción es otro factor que ha permitido la fuga de dinero que pudo haberse aprovechado para soluciones a esta crisis.

El secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, reconoce que el sector energético es uno de los que más casos de corrupción acumula, históricamente.

En los cuatro últimos gobiernos se han destapado casos que van desde sobreprecios en mega-proyectos, el tráfico de influencias para tramitar cargos públicos o simplemente la toma de decisiones tardía o sin sustento técnico.

La promesa del expresidente Rafael Correa fue cambiar la matriz de producción energética. Por ello, puso en marcha la construcción de centrales hidroeléctricas, a escala nacional.

La propuesta era ambiciosa y consistía en la implementación de ocho proyectos, con inversión extranjera o endeudamiento. El planteamiento era inaugurar, hasta 2016, las centrales: Manduricu, Sopladora, Coca Codo Sinclair, Delsitanisagua, Mazar Dudas, Minas San Francisco, Quijos y Toachi Pilatón.

En la práctica, solo las tres primeras se pusieron en marcha hasta 2017, año en el que dejó el poder. Todas presentaron problemas de infraestructura o contractuales.

La obra más importante es Coca Codo Sinclair, cuya proyección de generación de energía era de 1 500 megavatios. El exvicepresidente Jorge Glas, quien estaba a cargo de la implementación de estos proyectos, se refería a la central como la prueba de que su gobierno hace «cosas grandes» y que ahí se concentraba «la nueva riqueza» del país.

El 70 % de la inversión vino de un banco asiático, Emibank de China; lo demás, por parte del Estado de Ecuador.

Actualmente, la hidroeléctrica aporta un 30 % de la energía total, pero opera bajo el permanente riesgo de la erosión regresiva en el río Coca y a pesar de las fisuras y daños detectados en su infraestructura.

Al igual que los demás proyectos, hubo un precio inicial, que se planteó de USD 2 245 millones; pero que terminó siendo de USD 2 851 millones, es decir, superior por casi USD 600 millones.

Alrededor de esta obra también está el caso de corrupción de Sinohydro. La tesis de la Fiscalía es que operaba una red de corrupción, entre 2007 y 2018, que consistía en la entrega de coimas, por parte de la empresa china. En este caso, es procesado Lenín Moreno, por su supuesta participación cuando fue vicepresidente.

Otro caso emblemático es el de Manduriacu, que fue construida por la empresa corruptora Odebrecht y entró en operación en marzo de 2015. El caso vuelve a ser relevante, por el juicio que determinó la culpabilidad del excontralor Carlos Pólit en Estados Unidos.

La Comisión Anticorrupción denunciaba posibles sobreprecios en esa obra y cuestionaban que Pólit no haya observado el proceso contractual. El entonces titular de la Contraloría respondió con una demanda por calumnia, contra los comisionados.

Ahora, que se conoce quién era Pólit y cómo operaban, el colectivo ciudadano espera que se activen investigaciones del caso Madariacu.

Hubo otros proyectos, igual de ambiciosos, para la producción de derivados de hidrocarburos, que tampoco avanzaron. El ejemplo emblemático es la Refinería del Pacífico, un terreno de 540 hectáreas con una inversión de USD 1 532 millones, que solo está aplanado.

En la Refinería de Esmeraldas, en cambio, se concretó en medio de cuestionados contratos y a la fecha opera a la mitad de su capacidad, con el riesgo del colapso.

El expresidente Guillermo Lasso dejó el cargo en medio de denuncias de corrupción que salpicaban a su cuñado, Danilo Carrera, y al expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Hernán Luque.

La Fiscalía indica que presuntamente operaba una organización corrupta que interferían en empresas como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), para direccionar contratos de operadores y designar personas en cargos públicos.

Además, durante esa administración, también se omitieron acciones preventivas para mitigar la crisis energética que atraviesa Ecuador.

El presidente Daniel Noboa ha encarado la nueva crisis energética haciendo acusaciones de sabotaje y de ocultamiento de información, dos formas de corrupción.

Según el Gobierno, durante la administración de la exministra de Energía, Andrea Arrobo, no se informó la situación real de la sequía.

Para el consultor energético, Jorge Luis Hidalgo, la razón de que el sector eléctrico sea permeable a la corrupción es porque hay un monopolio de la administración del Estado.

Sin embargo, considera que otra forma de corrupción es la inacción, por eso, ve con preocupación que no se tomen acciones urgentes, como la eliminación del subsidio a la electricidad para las empresas mineras.