Juez investiga a esposa de Presidente de Gobierno español

El Juzgado de Instrucción número 41 de la capital española, Madrid, abrió una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado contra Begoña Gómez, esposa de presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez.

Diarios de ese país publicaron este miércoles que el juez Juan Carlos Peinado admitió la querella presentada contra Gómez por una organización vinculada a la extrema derecha y denominada Manos Limpias.

La referida organización no ha presentado pruebas, sino informaciones publicadas en la prensa. La pesquisa fue declarada secreta por el juez Peinado, ante quien se presentaron informaciones de medios que reflejarían una posible relación de Gómez con empresas del sector privado a las que fueron adjudicadas fondos y contratos por el Gobierno de Sánchez.

Estos reportes también vincularían a Begoña Gómez con sujetos bajo investigación en el llamado Caso Koldo. En este sumario se acusó de cobrar comisiones por la compra de masacarillas durante la Covid-19 a Koldo García, exasesor del diputado y exministro de Transporte José Luis Ábalos, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Desde la Presidencia del Gobierno afirmaron que la denuncia contra Begoña Gómez estaría «basada en bulos y noticias falsas, por lo que carece de toda base legal y responde a una estrategia de la derecha y la extrema derecha».

Durante una sesión de control en el Congreso de Diputados, este miércoles, Pedro Sánchez afirmó que sigue creyendo «en la Justicia, en la autonomía, en la independencia y en la separación de poderes».

De acuerdo con medios locales, la organización Manos Limpias es conocida por presentarse como acusadora en casos judiciales mediáticos o por intentar llevar ante los tribunales, sin éxito, a determinadas personas. Críticos suyos la acusan de obstruir a la Justicia.

Durante las últimas horas se hizo público que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular, derecha), reconoció delitos fiscales cometidos entre 2020 y 2021 cuando, en medio de la pandemia de Covid-19, cobró comisiones de dos millones de euros por servir de intermediario en la compra de material sanitario.

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