El mandatario colombiano recalcó que su Gobierno «no persigue ni perseguirá a la oposición».
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó este miércoles a la imputación de la justicia contra el exmandatario y exsenador Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno y fraude procesal, en un caso de presunta manipulación de testigos.
«Mi gobierno no persigue ni perseguirá a la oposición y se mantendrá lejos de cualquier intervención en los procesos de la justicia», apuntó el mandatario, tras compartir una publicación de medios de su país sobre el caso de Uribe.
El martes, la Fiscalía informó que tras la evaluación de «elementos materiales probatorios» durante tres meses, se ratificó la acusación contra el exmandatario. La causa avanzó tras la negativa de sendas solicitudes de preclusión «que resultaron desestimadas por los jueces penales del circuito competentes», indicó un comunicado del Ministerio Público.
«La justicia siempre podrá esperar de mi gobierno respeto y protección de su independencia», aseveró Petro respecto a imputación. Según medios colombianos, la nueva determinación incluye elementos de prueba, como las declaraciones del exjefe paramilitar Juan Guillermo Monsalve y su esposa, Deyanira Gómez.
Se trata de una de las decisiones de mayor trascendencia político-judicial tomadas bajo la administración de la recién designada fiscal general, Luz Adriana Camargo. En la gestión de su predecesor, Francisco Barbosa, se solicitó en dos oportunidades la preclusión del proceso, pero la Justicia lo negó.
El caso
Los orígenes del caso se remontan a 2012, cuando Uribe, entonces senador, entabló una demanda en contra de su colega senador Iván Cepeda Castro, quien en presentó testimonios de exparamilitares que vincularon al expresidente con las Autodefensas Unidas de Colombia.
Esto derivó en que la Corte Suprema de Justicia se inhibiera de abrir una investigación en contra de Cepeda y, por lo contrario, inició una indagación contra Uribe por soborno y fraude procesal, al tiempo que Cepeda fue considerado una víctima.
El proceso siguió su curso en esa instancia hasta agosto de 2020, cuando Uribe renunció a su curul en el Senado y perdió su inmunidad parlamentaria. Entre esa fecha y 2023, la Fiscalía intentó en vano que la causa se archivara, pero en noviembre pasado, el Tribunal Superior de Bogotá dictaminó que el caso debía seguir adelante.
actualidad.rt.com
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