Los 42 elementos de sospecha contra Mario Abdo y su gavilla

La causa abierta con­tra Mario Abdo Bení­tez, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernán­dez, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Fran­cisco Pereira Cohene, y Mau­ricio Espínola se sustenta en elementos de sospecha irre­futables que sostienen la tesis del Ministerio Público. Todos los elementos fueron colecta­dos con aval y control judicial.

El compendio de pruebas pre­senta varias notas de medios de prensa, como el Grupo Nación Media, el Editorial El País SA (Última Hora) y de la Editorial Azeta SA (Abc Color), con las copias certificadas de las publicaciones periodísticas realiza­das por cada diario. Las publi­caciones son claros indicios de filtración de documentos, y fue así que por ejemplo el Grupo Vierci remitió la copia de una publicación titulada “EMPRE­SAS DE CARTES PAGARON HASTA 50 MILLONES MEN­SUALES A BOIDANICH” y el Grupo Zuccolillo remitió una publicación titulada: “FIS­CALA PANAMEÑA SOLI­CITA INFORMES SOBRE HORACIO CARTES EN CASO LAVADO”.

La Fiscalía señala que en dicho artículo de prensa se realizó la filtración del pedido de carác­ter confidencial realizado a través de la plataforma electró­nica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG) por parte del Ministerio Público de Panamá. Igualmente, se encuentra la publicación perio­dística del 8 de mayo de 2022, titulada: “Abdo acusa a Cartes de dar millones a exjefe antilavado por su ‘silencio y complicidad’”.

En el expediente resalta la publicación “FISCALÍA DE PANAMÁ PIDIÓ ANTE­CEDENTES DE CARTES, REVELÓ EL MINISTRO GIUZZIO”. De este artí­culo, según cita el Ministe­rio Público, se desprende que Arnaldo Giuzzio estaría vincu­lado a la revelación de informa­ción de carácter confidencial.

Obra asimismo en el acta de imputación una respuesta dada por la Seprelad, referente al pedido hecho por la Fiscalía panameña a nuestro país. En ese sentido, en la misma se con­firma que esta institución reci­bió la comunicación de carácter confidencial, estando a cargo Carlos Arregui y su mano dere­cha Carmen Pereira.

También se incluyó otra nota mediante la cual se informó quiénes eran los puntos de con­tacto de la plataforma donde se recibió la solicitud panameña, de donde surge que por la Poli­cía Nacional el responsable era el comisario Luis López. Según la declaración testifical de este uniformado, Carlos Arregui, entonces ministro de la Sepre­lad, le solicitó la remisión del pedido de informe de carácter confidencial realizado por la Fiscalía de Panamá. Días des­pués, conforme al Ministerio Público, este pedido fue filtrado a través de medios periodísti­cos por Arnaldo Giuzzio, siendo Arregui el único con acceso a dicho documento.

Aparece como agregado a la carpeta fiscal un informe téc­nico de la Dirección de Análi­sis de Información Estratégica (DAIE) del Ministerio Público en el cual se constatan las redes sociales del diario Abc Color, de la entonces senadora nacional Desirée Masi, y del actual dipu­tado Mauricio Espínola. En tal sentido, de este informe se des­prende, según la Fiscalía, que datos confidenciales vincula­dos a Seprelad fueron filtrados en medios periodísticos y redes sociales.

También figura un informe sobre el sitio web Distributed Denial Of Secrets vinculado a una ONG internacional que fil­tró todos los informes de inte­ligencia financiera de la Sepre­lad relacionados a Cartes. Y otro informe que compara y concluye la existencia de similitudes entre el informe de inteligencia y la publicación de Abc titu­lada “FULMINANTES DATOS SOBRE RED MONTADA POR HORACIO CARTES”.

La Fiscalía sustenta su impu­tación con la declaración testi­monial del excomandante de la Policía Nacional Luis Igna­cio Arias, que reza cuanto sigue: “El testigo tuvo conocimiento del pedido realizado a través de la plataforma por parte del Ministerio Público de Panamá, a través del comisario Luis López. Seguidamente, puso en conocimiento del enton­ces presidente de la República Mario Abdo Benítez, quien le ordenó que se comunique con el ministro de la Seprelad Car­los Arregui. Por ello, el testigo pidió al comisario principal Luis López que se comuni­que con el citado ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y tuvo conocimiento efectivo que el comisario entregó la solicitud de las autoridades de Panamá a pedido de Carlos Arregui”.

Así también en el acta de impu­tación figuran las declaraciones testimoniales de los funciona­rios de la Seprelad, Derlis Ruiz Báez, Inés Yambay y Rocío Peña, todos asignados a la Uni­dad de Inteligencia Financiera de la institución.

El Ministerio Público incluyó en el expediente el informe de evaluación mutua de Gafilat al Paraguay, en el cual se enfati­zaba la preocupación del equipo evaluador por la filtración de reportes de inteligencia finan­ciera diseminados por la Sepre­lad a medios de prensa y sitios de internet.

La Fiscalía además agregó a la causa una nota de la Seprelad, mediante la cual la institución informó que no pudo hallar en la Dirección General de Aná­lisis Financiero y Estratégico algún informe realizado tras la denuncia de Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes; sin embargo, sí encontró un borra­dor de informe de inteligencia. Este consiste en un archivo Word, que, a través de los meta­datos del documento, se pudo determinar que su elabora­ción estuvo a cargo del autor DANIEL FARÍAS y la última modificación fue realizada por R.M. Fernández B. (el exminis­tro René Fernández). La fecha de creación fue el 26/03/2022 a las 17:48, y la última modifica­ción se realizó ese mismo día a las 21:58.

Entre las evidencias figura tam­bién el listado de personas que ingresaron a la Seprelad para reunirse con el ministro y otros funcionarios. En dicha nómina se encuentra por un lado una reunión mantenida entre Car­los Arregui y Arnaldo Giuzzio el día 16 de diciembre de 2021 a las 9:40, y por el otro, una reu­nión mantenida el mismo día 20 minutos después entre Car­los Arregui, Carmen Pereira y Guillermo Preda con Daniel Farías (funcionario del Minis­terio del Interior).

La Fiscalía consta además de dos informes conclusivos remi­tidos por la Seprelad, uno por el sumario abierto para la averi­guación de presuntos hechos de divulgaciones indebidas de información ocurridas durante el periodo 2021 y 2022, y otro por el sumario abierto ante la divulgación indebida de la información relacionada a la solicitud hecha por la Fiscalía de Panamá.

Varios correos electrónicos también obran en el expe­diente, tal como el remitido por el funcionario Francisco Pereira a Derlis Ruiz el 29 de marzo de 2022, en el que le envía el archivo Word creado por Daniel Farías y editado por René Fernández. El correo del 20 de mayo de 2022 de Gui­llermo Preda a Derlis Ruiz Báez, donde le envía juicios de valor con relación al expresi­dente Horacio Cartes a ser agre­gados al informe de inteligen­cia. El correo del 20 de mayo de 2022 remitido por Guillermo Preda a Derlis Ruiz Báez, en el cual le envía cuadros de factu­raciones/salarios de Óscar Boi­danich en Tabesa y de Santiago Peña en Banco Basa a ser agre­gados al informe confidencial.

Figura además un memorán­dum de 14 de enero de 2022, enviado por Carmen Pereira a Carlos Arregui con respecto a la publicación por medios perio­dísticos del formulario de la plataforma. Los correos elec­trónicos de Guillermo Preda dirigidos a Derlis Ruiz Báez, solicitándole la inclusión de prensa negativa con respecto a Horacio Cartes a ser enviado a Panamá. Y un compromiso de confidencialidad firmado por Carmen Pereira.

Otras notas incluidas son los decretos de designación de Arnaldo Giuzzio (Ministe­rio del Interior), René Fernán­dez (Anticorrupción) y Carlos Arregui (Seprelad), así como en carácter de secretaria adjunta de la Seprelad de Carmen Pereira Bogado. Como así también la denuncia hecha por Giuzzio contra el expresidente Cartes y la grabación de su audiencia pública ante la Comisión Per­manente del Congreso.

Además de la denuncia presen­tada por Horacio Cartes bajo patrocinio del abogado Pedro Ovelar el 31 de julio de 2023 y a este se le sumó la ampliación de la denuncia formulada el 30 de agosto de 2023. También se incluyeron la denuncia hecha por Unicanal el 5 de julio de 2022 y la denuncia de Santiago Peña del 30 de mayo de 2022.

Fuente: Diario La Nación