Vinculan muerte de Marielle con desarrollo inmobiliario en Río

El informe final de la investigación de la Policía Federal de Brasil (PF) sobre los asesinatos de la concejal Marielle Franco y su chófer, Anderson Gomes, revela que el detonante del crimen podría haber sido una disputa política relacionada con un proyecto de regularización de tierras.

El domingo (24), los hermanos Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro, y Chiquinho Brazão, diputado federal, fueron detenidos por orden del Supremo Tribunal Federal (STF) como presuntos autores intelectuales del crimen.

Según la PF, el principal motivo detrás del crimen fue un desacuerdo entre los hermanos Brazão, políticos de larga data en Río de Janeiro, y miembros del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), especialmente Marielle.

Previamente al asesinato, el partido se había opuesto, por ejemplo, al nombramiento de Domingos Brazão para el TCE.

Sin embargo, el factor desencadenante para la decisión de asesinar a Marielle podría haber sido una disputa política sobre un proyecto presentado por Chiquinho Brazão en 2017, cuando aún era concejal y, por lo tanto, colega de la víctima en el Ayuntamiento de Río de Janeiro.

Según el informe de la PF, Chiquinho no habría estado satisfecho con la postura de Marielle y el PSOL al votar en contra de un proyecto propuesto por Brazão que implicaba la regularización de tierras, lo que, según la PF, beneficiaría a áreas controladas por milicias

El informe de la PF destaca que la invasión y “acaparamiento” de tierras son actividades inherentes al modus operandi de las milicias en general. La investigación también señala que áreas controladas por milicias, como Rio das Pedras y otras comunidades del oeste de la ciudad, podrían haber sido bastiones electorales para la familia Brazão.

El documento señala además que el trabajo de Chiquinho Brazão en el Ayuntamiento estaba marcado por “una legislación cuestionable en materia de tierras que favorecía las ocupaciones irregulares”.

Milicias

La denominación “milicia” surgió en la prensa carioca durante la década de 2000 para referirse a grupos armados que operan en comunidades de Río de Janeiro, estableciendo vínculos estrechos con agentes estatales y políticos.

Estas organizaciones toman el control armado de territorios y, mediante intimidación y violencia, imponen pagos obligatorios a residentes y comerciantes. Además, controlan diversas actividades económicas, como el comercio de gas, la venta de alimentos, el transporte informal y la televisión por cable clandestina.

Otra actividad lucrativa que atrae la atención de las milicias es el desarrollo inmobiliario.

Según Carolina Grillo, investigadora de la Universidad Federal Fluminense (UFF), las milicias han expandido su influencia en Río de Janeiro a medida que la urbanización se extiende. “Las milicias son responsables de avanzar en el control territorial armado al coordinar la urbanización en la periferia de la región metropolitana de Río. Utilizan su influencia en el poder público para adquirir tierras”, afirmó.

Carolina agregó que las milicias cuentan con el respaldo político para garantizar la regularización de tierras ocupadas o planeadas por el grupo criminal. “Marielle estaba combatiendo este sistema en el Ayuntamiento para frenar el avance de las milicias”, señaló.

José Cláudio Souza Alves, investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRRJ), indica que la ocupación de tierras no solo genera ganancias financieras para las milicias, sino que también les proporciona un respaldo electoral.

“La tierra es una mercancía valiosa que se puede usar de diversas maneras. Genera ingresos, asienta a personas en áreas urbanas y genera empleo en la construcción. Este grupo de compradores y constructores se convierte en una base electoral”, explicó el investigador.

Alves sostiene que este es un proyecto que combina el robo de tierras, las invasiones y el control electoral.

“Con la tierra vienen los desarrollos que se construirán. Junto con la construcción de edificios, junto con los votos, vienen el suministro clandestino de servicios como televisión por cable, electricidad y agua”, concluyó Alves.

Investigación

La investigación de la PF revela que al presunto autor de los disparos contra Marielle, el ex policía militar Ronnie Lessa, se le ofrecieron dos parcelas de tierra como recompensa por el crimen, con el propósito de que las ocupara en Praça Seca, en la Zona Oeste, donde pudiera establecer su propia milicia.

“Cuando a Ronnie Lessa se le ofrecieron terrenos para establecer su propia milicia, no se trataba simplemente de una oportunidad inmobiliaria lucrativa, sino que también significaba mantener a toda una población como rehén de sus prácticas de extorsión”, explicó la investigadora Carolina Grillo.

En su perfil de la red social X (anteriormente Twitter), el ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, afirmó que el Estado brasileño necesita recuperar el control de los territorios que están bajo el dominio del crimen organizado.

“Políticas de reforma urbana, reforma agraria, demarcación de tierras indígenas y regularización de tierras quilombolas llevadas a cabo con determinación por el Estado y simultáneamente respaldadas por la defensa de los derechos humanos y la promoción de la ciudadanía son componentes esenciales de cualquier estrategia de seguridad pública”, escribió.