Nueva ley de seguridad nacional en Hong Kong: 14 años de pena por no violar el secreto de confesión

«Los sacerdotes en Hong Kong corren el riesgo de recibir hasta 14 años de prisión», es lo que ha comentado el activista Benedict Rogers al portal Tempi. «La nueva ley de seguridad elimina cualquier posible canal de disidencia«, añade.

Benedict Rogers es director general y cofundador de Hong Kong Watch y critica con dureza la iniciativa del gobierno liderado por John Lee, que presentó en el Parlamento una nueva ley sobre seguridad nacional, tras la impuesta por Pekín en 2020.

Penas de 14 años para sacerdotes

El activista está acusado, junto con Jimmy Lai, de conspirar contra el Estado chino, y es uno de los 16 expertos que en una carta abierta definen la ley como «una amenaza directa a la libertad religiosa«.

La ley establece que quien tenga conocimiento de un delito contra la seguridad nacional, o de la intención de un individuo de cometer «traición», deberá denunciarlo inmediatamente a las autoridades, bajo pena de hasta 14 años de prisión.

Es más, la semana pasada, el Ministro de Seguridad, Paul Lam, respondiendo a un parlamentario, declaró que «será muy difícil prever excepciones», refiriéndoselo a los sacerdotes que se enteren de un delito en el confesionario.

En un comunicado, la diócesis de Hong Kong escribió que «el carácter confidencial de la confesión no será alterado». Sin embargo, la ley impuesta por Pekín en 2020 ya ha llevado a los religiosos a la autocensura, especialmente en lo que respecta al contenido de las homilías durante las misas.

La nueva ley también penaliza cualquier contacto entre un individuo o grupo y un Estado extranjero. China considera al Vaticano un Estado extranjero y, aunque no se espera una ruptura en las relaciones entre la Iglesia de Hong Kong y la Santa Sede, aumentará la presión para que la diócesis refuerce las relaciones con la Iglesia patriótica en China.

Además, la Policía podrá hacer «desaparecer» a cualquier ciudadano y mantenerlo bajo custodia sin tener que presentar cargos durante 14 días. La Policía también podrá negarle el acceso a un abogado.