En diálogo con Infobae, el hoy senador recordó con emoción “el apoyo de la sociedad brasileña que fue fundamental para romper la impunidad” y abrir la caja de Pandora de los negociados en Brasil.
¿Qué queda hoy de una de las operaciones judiciales más simbólicas de la historia de Brasil? Pasaron exactamente 10 años de la deflagración de la operación Lava Jato, creada por un valiente grupo de jóvenes magistrados del Ministerio Público de Curitiba que, inspirados en la “Manos Limpias” italiana de 1992, lograron abrir la caja de Pandora de la corrupción en Brasil. En una entrevista exclusiva con Infobae, el juez que fue símbolo de la operación, Sérgio Moro, hoy senador por uno de los partidos del gobierno, Unión Brasil, recuerda con emoción “el apoyo de la sociedad y de la población brasileña, que fue fundamental para romper la impunidad de esa gran corrupción”.
Hace diez años, todo empezó con un «doleiro» (los operadores ilegales del mercado de cambio), Alberto Youssef, y una gasolinera de Brasilia, de ahí el nombre de “Lava Jato”. Youssef acabó esposado el 17 de marzo de 2014. Tres días después, por orden de Moro, la Policía Federal brasileña detuvo al ex director de suministros de Petrobras Paulo Roberto Costa, que había recibido un coche importado por el propio Youssef. Según informa el diario O Estado de São Paulo, “la trama de corrupción vinculada a Petrobras fue confirmada por cinco ex directivos de la petrolera estatal que aceptaron devolver al Tesoro y a la petrolera 279,8 millones de reales (unos 100 millones de dólares al cambio de la época). Del total de fondos devueltos, 244 millones de reales – es decir, el 87% – procedían de sobornos obtenidos por los gestores y estaban guardados en cuentas en el extranjero, en efectivo y en forma de terrenos e incluso de un coche importado. El resto corresponde a multas compensatorias por delitos cometidos”. Sin embargo, Petrobras no era más que la punta del iceberg. Otras empresas, especialmente del sector de la construcción, acabaron en el punto de mira de los fiscales no sólo de Brasil, sino también de muchos otros países latinoamericanos.
33 partidos estaban implicados en el escándalo, incluido el PT de Lula, que a su vez fue detenido en 2018. Aunque el presidente siempre ha declarado que el Supremo Tribunal Federal (STF) y la ONU lo absolvieron de hecho, algunas de sus condenas simplemente prescribieron, como la del Triplex de Guarujá y de la casa de campo de Atibaia. Ambos inmuebles fueron considerados por los jueces de Curitiba regalos de las multinacionales brasileñas OAS y Odebrecht a cambio de favores. Lula había sido condenado en tres grados de juicio en el caso de Atibaja a 12 años y un mes y en dos grados de juicio a 12 años y 11 meses por el tríplex de Guarujá, pero el STF anuló todo al considerar que era un tribunal de Brasilia y no el de Curitiba que debía juzgarlo en primera instancia. Este fallo técnico anuló de hecho las dos condenaciones, haciendo que todo empezara de nuevo de cero y provocando la prescripción de ambos juicios.
Sérgio Moro declaró a Infobae que el “Lava Jato demostró que se puede luchar contra la corrupción en Brasil y que el país no está destinado a tener que convivir con ella. Se recuperaron miles de millones de reales malversados y poderosos criminales acabaron entre rejas con un juicio justo. Sin embargo, años después hubo una reacción política, se cambiaron leyes y se anularon condenas por tecnicismos. La lección que queda es que el esfuerzo contra la corrupción requiere la voluntad de mejorar las instituciones, una voluntad que debe ser continua y duradera”, afirmó Moro.
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Se han recuperado unos 2.000 millones de reales para las arcas públicas brasileñas (unos 400 millones de dólares al cambio de hoy) gracias a los 120 acuerdos de cooperación ratificados por el Supremo Tribunal Federal (STF), pero el valor de los sobornos fue mucho más. Un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló el 21 de diciembre 2016 que sólo Odebrecht (hoy Novonor) pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, incluido Brasil. Según datos del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de 2017, las pérdidas estimadas causadas por el esquema de sobornos destapado por Lava Jato ascendían a 29.000 millones de reales, mientras que para la Policía Federal (PF) la cifra podía alcanzar los 42.000 millones de reales. En el marco de la operación, el STF ejecutó 221 órdenes de registro, 12 arrestos preventivos, dos detenciones y 29 imputaciones, que implicaron a 102 acusados, con cuatro condenas. La task force de Curitiba, que llevó a cabo la investigación, ejecutó 1.450 órdenes de registro, 132 arrestos preventivos, 163 detenciones, 130 acusaciones con 533 acusados y 278 condenas.
Sin embargo, diez años después la situación parece completamente invertida y la operación Lava Jato repudiada y hundida por la política. “El actual gobierno de Lula está en contra de Lava Jato y de la lucha contra la corrupción”, explica a Infobae el ex juez Moro, quien añade que “este gobierno ha contribuido a crear un clima de persecución contra los responsables de dicha operación”.
Primero fue el turno del ex fiscal Deltan Dallagnol, el diputado más votado en el estado de Paraná en octubre 2022 con 344.917 votos para el partido Podemos. En 2023 el Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló su mandato político. Dallagnol había solicitado en el 2022 su exoneración como fiscal para poder presentarse a las elecciones de octubre del mismo año como diputado federal. El Tribunal Regional Electoral (TRE) había concedido el permiso, especificando que no había ningún proceso disciplinario administrativo (PAD) contra él, sino sólo algunos procedimientos para establecer otras infracciones de función que no eran PAD, como estipula la llamada ley de la “Ficha Limpia”. Citada como justificación de la sentencia del TSE, la Ley Complementaria nº. 135 de 2010 dice que el político pierde su mandato en caso de un proceso administrativo disciplinario (PAD) abierto contra él, pero este no fue el caso de Dallagnol. Las diligencias preliminares en las que se basó la decisión del TSE habían sido presentadas por adversarios políticos o aliados de las personas investigadas, pero fueron bloqueadas en el Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP), en parte porque algunas ya estaban archivadas. De cualquier forma el TSE rechazó en el mayo pasado el registro de la candidatura de Dallagnol, quien terminó perdiendo su mandato como diputado federal. El Tribunal Supremo Electoral votó por unanimidad a favor de la casación declarando que ‘no hay duda’ de que las denuncias disciplinarias abiertas contra Dallagnol derivarían en su despido del Ministerio Público. El entonces fiscal, según el TSE, había solicitado su destitución de la fiscalía para sortear su inelegibilidad. El TSE consideró que estas denuncias disciplinarias abiertas “podrían” conducir a su destitución en el futuro, lo que impediría a Dallagnol presentarse a las elecciones.
Y ahora es el turno de Moro. El Tribunal Regional Electoral de Paraná (TRE-PR) iniciará el juicio por su destitución política a principios de abril. El ex juez de Lava Jato ha acabado siendo llevado a juicio en una causa abierta tanto por el Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, como por el Partido Liberal, el PL de Jair Bolsonaro, en cuyo gobierno Moro fue ministro de Justicia hasta el 24 de abril de 2020, cuando dimitió envuelto en una polémica por la injerencia en la Policía Federal del ex presidente. Ambos partidos le acusan de abuso de poder económico en las elecciones de 2022 al utilizar recursos del partido Podemos – con el que Moro era entonces precandidato a la Presidencia de la República – para promover su candidatura al Senado.
Este no es más que el último capítulo kafkiano de una guerra declarada a todo el equipo de la fiscalía de Curitiba desde que el gobierno Lula 3 asumió el poder. Los ataques del presidente contra Moro han sido variados. En marzo del año pasado, en una entrevista con el portal Brasil 247, Lula dijo que cuando estaba en la cárcel respondía a los visitantes que le preguntaban cómo estaba con “sólo estaré bien cuando joda a Moro”. Y cuando, también el año pasado, se reveló a la prensa un plan fallido del principal grupo criminal del país, el Primer Comando Capital (PCC), para matar a Moro, Lula calificó el caso de ‘montaje’ del mismo ex juez. Además, el propio Lula acusó en enero, en la ceremonia de inauguración de la reanudación de las obras de la refinería Abreu e Lima, en Pernambuco, uno de los símbolos de la corrupción de la petrolera nacional Petrobras, tanto a los jueces de Lava Jato como al Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Todo lo que ha ocurrido en este país fue fruto de la connivencia entre algunos jueces y fiscales subordinados al Departamento de Justicia de EEUU, que nunca aceptaron que Brasil tuviera una empresa como Petrobras. No se puede castigar la soberanía de un país y su empresa más importante”, declaró en aquel entonces Lula.
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Abreu e Lima, lo recordamos, es uno de los símbolos más fuertes de la corrupción destapada por Lava Jato sobre el escándalo del “Petrolão”, que reveló la malversación de fondos de la petrolera nacional. Con un coste inicial de 7.500 millones de reales (unos 2.500 millones de dólares al cambio de la época), las obras de la refinería, iniciadas en 2005 y concluidas sólo en 2015, fueron ejecutadas por los gigantes brasileños de la construcción Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa y Queiroz Galvão, ascendiendo a 60.000 millones de reales, es decir casi 20.000 millones de dólares. Según el acuerdo de delación compensada del ex ejecutivo de Odebrecht Márcio Faria da Silva, las obras de la refinería habrían reportado 90 millones de reales en sobornos (cerca de 30 millones de dólares al cambio de la época) a ex ejecutivos de la empresa estatal vinculados a los partidos Progresistas (PP), de los Trabajadores (PT) y Socialista Brasileño (PSB). En las últimas horas se supo que Andrade Gutierrez y Odebrecht, ahora Novonor, empresas constructoras involucradas en la operación Lava Jato, están entre las ganadoras de la licitación para la ampliación de esta refinería. El inicio de las obras está previsto para el segundo semestre de este año.
Moro dijo a Infobae que “el actual gobierno también ha actuado para suspender la ley de empresas estatales, promulgada en 2016 para impedir la distribución política de puestos directivos en las empresas estatales brasileñas. Por si fuera poco, también ha trabajado para rehabilitar a los empresarios corruptos y ha apoyado veladamente sus demandas de revisar los acuerdos de clemencia y las multas”. En los próximos días el gobierno empezará a negociar con siete empresas implicadas en Lava Jato una deuda de 8.200 millones de reales, 1.641 millones de dólares, relacionada con los acuerdos de lenidad o de delación premiada firmados durante Lava Jato, muy comunes a nivel mundial y por los cuales los directivos responsables pagan por los actos de corrupción. Además de querer una reducción de las multas, estas empresas piden una “rehabilitación judicial” de los hechos cuestionados para recuperar su reputación y responder por delitos menores. Entre ellas están Camargo Corrêa, Novonor (la ex Odebrecht) y Andrade Gutierrez. En los últimos meses, el juez del STF Dias Toffoli había suspendido el pago de las multas de la ex Odebrecht, causando polémica.
Además, a lo largo de los años, más de sesenta reos condenados han logrado anular sus penas, ya sea en apelación o incluso por indulto presidencial, como en 2017 durante el gobierno de Michel Temer. La semana pasada, el Tribunal Federal de la 2ª Región anuló tres condenas de Sérgio Cabral. El ex gobernador de Rio de Janeiro había sido liberado en febrero del año pasado. Cabral que había acumulado condenas por un total de 425 años era el último convicto de Lava Jato. El otro gran condenado de la operación anticorrupción, el ex presidente de la Cámara Eduardo Cunha, también corre ahora el riesgo de ver prescrita su pena. Cunha fue condenado en 2017 por Moro a 15 años y 4 meses de prisión por 1,5 millones de dólares en cuentas secretas en Suiza. El dinero, según Lava Jato, procedía de un pago de Petrobras por la compra de parte de un campo petrolífero en Benín, África, en 2011.
Un sondeo de la empresa de Investigación y Consultoría Qaest publicado a principios de marzo reveló que para el 50% de los brasileños la Lava Jato ha sido buena para el país, mientras que el 42% afirma que se ha hundido debido a las presiones políticas. Además, la percepción de la corrupción sigue siendo alta. Brasil cayó diez puestos, ahora es el 104 de 180 países en el ranking 2023 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), publicado por la ONG Transparencia Internacional. Entre los puntos negativos destacados en la sección sobre Brasil del informe está el nombramiento de Cristiano Zanin, abogado de Lula durante la operación Lava Jato, como juez del Supremo Tribunal Federal. También pesó el mantenimiento de fondos no controlados para parlamentarios, las llamadas enmiendas, y el aumento del fondo electoral para las elecciones municipales del próximo octubre.
Pero, ¿logrará algún día Brasil librarse de la corrupción? Sérgio Moro no se da por vencido y declaró a Infobae “que lo importante es mejorar los mecanismos de prevención y no retroceder a la represión, para crear un ambiente propicio a la integridad y reducir la corrupción generalizada. Todavía estamos lejos de esta realidad, pero Lava Jato fue, en su momento, un paso en la dirección correcta”.
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