Directora del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur, Andressa Caldas analiza los desafíos a los derechos humanos y a la democracia de una nueva generación de gobiernos de extrema derecha.
La brasileña Andressa Caldas acaba de asumir como directora del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur, ubicado en el edificio de la ex ESMA, en Buenos Aires. Caldas es activista de derechos humanos, académica y funcionaria del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), un bloque económica nacido hace 33 años.
En un contexto como el actual, donde, sin ir más lejos, en Argentina se han puesto en cuestión los consensos más básicos de la democracia, ¿cómo ve esta situación y porque cree que se repite en distintos lugares del mundo?
Es un dato preocupante, que nos habla de una situación en la que debemos estar alertas, y de una derecha que se configura de manera distinta y que, en su actuar, es antiderechos y tiene prácticas antidemocráticas. Hay que cuidar esas conquistas que hemos logrado y que tanto nos costó conseguir, como los tratados y las convenciones internacionales; pero además de lo que está escrito, y como no se trata sólo de una mirada juridicista, tenemos que poder defender lo que hemos logrado construir como valores de nuestra sociedad. Además de reparar, hay compromisos y obligaciones internacionales que señalan que no se puede actuar de tal o cual manera, y que eso es aún más grave cuando surge de algún gobierno. Una cosa es el discurso de la libertad de expresión, pero otra es el actuar concreto de autoridades gubernamentales, que tiene que darse en el marco del Estado de Derecho.
Una de las cuestiones más polémicas, y cuestionadas, del actual Gobierno argentino, es la aplicación del llamado protocolo Bullrich, cuyo objetivo es contener la protesta social que implica el feroz ajuste que vienen llevando adelante, y que se vio de manifiesto en la represión que hubo los días en que se discutió la ley Ómnibus en el Congreso. ¿Tienen previsto llevar adelante alguna acción respecto a esto?
Lo que nosotros podemos hacer es supervisar, recibir información de distintas instancias, y articular, es decir, llevar esa información a las autoridades. Hemos creado canales de participación donde las organizaciones acercan información, pero no tenemos mandato ni competencia para accionar. Me parece que estos son los momentos en los que se pone a prueba todo ese engranaje que construimos, y que tiene que ver con poderes que deberían poder ser fiscalizados de forma interna, o sea, tanto el Poder Legislativo como del Poder Judicial deberían poder fiscalizar las acciones del Poder Ejecutivo. Todavía no hemos logrado construir otro tipo de mecanismo, pero están las instancias internacionales cuando se agota la posibilidad de utilizar los recursos internos, o cuando los recursos internos no responden.
Tenemos que encontrar los errores que estamos cometiendo para que los jóvenes crean que pueden prescindir de la democracia y los derechos humanos
¿A qué atribuye la propagación de los discursos negacionistas o de odio en el actual contexto? Y en el mismo sentido, hay quienes defienden la necesidad de una ley antinegacionismo, pero también están quienes señalan que lo que hace falta es seguir educando en base a lo que se denominan pedagogías de la memoria, ¿qué opinión le merece esto?
No hay una única receta, es una mezcla de eso y de otras acciones. En primer lugar, hay una tarea enorme de los defensores de derechos humanos, que tenemos que analizar y estudiar este fenómeno desde una perspectiva muy crítica, y encontrar los errores que estamos cometiendo para que, de alguna manera, los jóvenes crean que pueden prescindir de la democracia y los derechos humanos. Por un lado, tenemos que revisar nuestras estrategias de comunicación, de cultura y educación, y por el otro, en los casos más graves, evaluar sí eso no tiene que ver con herir la libertad de expresión, porque todos los derechos tienen sus límites y sus necesidades de reglamentación.
En el caso de los negacionismos, la diseminación de informaciones falsas y los discursos de odio, hay que tener una mirada desde el accionar jurídico para reprimir judicialmente, y frenar, con esas reglamentaciones, el actuar tanto de las autoridades gubernamentales como de las corporaciones que controlan el big data. Y aunque esto es urgente y más que necesario, venimos muy retrasados en su reglamentación, y en poder establecer la responsabilidad jurídica, o penal, de las corporaciones que obtienen ganancia con este negocio. Este es un fenómeno que está más que estudiado, el odio engancha y gana seguidores, y es una suerte de mercancía. Lo que vivimos en Brasil es una alerta, porque eran discursos de odio propagados por la más alta autoridad del país [el ex presidente, Jair Bolsonaro], y eso conectó con un aumento evidente y directo de la violencia, tanto moral como física; como quedó demostrado, por ejemplo, con los ataques armados en las escuelas que era un fenómeno que antes no existía en Brasil.
Fuente: 
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