Irene Moreira cometió “abuso de poder, errores, falencias e irregularidades” en el Ministerio de Vivienda

El actual ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano (miembro de Cabildo Abierto), convocó a una rueda de prensa para comunicar los resultados de una exhaustiva investigación administrativa.

Tras analizar detenidamente la gestión de su antecesora, Irene Moreira, Lozano afirmó que, si bien no se encontró “un acto ilegítimo”, se identificaron “errores, falencias e irregularidades en la adjudicación de los cupos”.

La resolución de Lozano se sustentó en una minuciosa investigación administrativa encomendada por él mismo al asumir el cargo. Esta investigación, que abarcó varios meses y fue realizada por una funcionaria del departamento jurídico de la cartera, revisó los expedientes de adjudicaciones tanto del gobierno actual como de las anteriores administraciones frenteamplistas.

No obstante, según informaciones obtenidas y publicadas este viernes por el diario El País, las conclusiones de la investigadora apuntaban directamente hacia acusaciones graves contra Moreira. Sin embargo, Lozano optó por desestimar estas conclusiones en su resolución.

Dentro de las consideraciones del informe, se destacó que “su conducta no se ajustó a Derecho ni a la ética que debe seguir la actuación de las personas convocadas a ejercer un cargo de alta responsabilidad al servicio del Estado”. Además, se señaló que al tramitar 12 solicitudes de manera discrecional, “hubo un apartamiento de los principios de la función pública” y que “se vulneraron los principios de imparcialidad e igualdad de oportunidades”.

En otros apartados del informe, la investigadora criticó enérgicamente los pedidos realizados por Moreira, señalando que la exministra incurrió en “abuso de poder” y “actuó con arbitrariedad”, según fuentes de la cartera consultadas por el mencionado diario.

El análisis de las actuaciones también atribuyó responsabilidades a los funcionarios, a quienes el ministro Lozano informó individualmente de su situación antes de la conferencia de prensa. Los trabajadores fueron notificados, con posibles sanciones que van desde la observación hasta la suspensión con seis meses sin goce de sueldo. Ahora, se abre el plazo para que presenten sus descargos.

A nivel gremial, el sindicato de trabajadores del Ministerio de Vivienda expresó fuertes críticas hacia la decisión del ministro de responsabilizar a los funcionarios y no a “los cargos políticos de jerarquía”.

En su resolución, Lozano argumentó que los trabajadores “no ajustaron su conducta a los deberes de funcionario público”, respaldando las solicitudes enviadas desde la secretaría de la exministra sin cumplir estrictamente con la normativa aplicable.

Tanto Lozano como Moreira insistieron en que no hubo actos ilícitos. El presidente Luis Lacalle Pou, quien previamente había solicitado la renuncia de la entonces ministra, afirmó después del anuncio de Lozano que “no hay viso de delito” en la adjudicación de viviendas realizada por la senadora cabildante.

Sin embargo, la investigación administrativa deja abierta la posibilidad de que los casos sean objeto de investigación judicial para determinar si hubo alguna irregularidad. En el informe entregado al ministro cabildante se menciona que “podrá repercutir en otros ámbitos jurídicos diferentes a este donde se formula el presente informe, que es de carácter específicamente administrativo”.

Casas entregadas a militantes de Cabildo Abierto

Durante la administración del Ministerio de Vivienda, Irene Moreira ejecutó al menos 12 procesos de trámite de forma discrecional y directa, sin seguir los procesos que deben seguir cualquier otro solicitante.

Los beneficiarios eran afiliados a Cabildo Abierto y antiguos empleados de la ahora senadora (quien es además esposa de Guido Manini Ríos), algunos de los cuales cumplían con los requisitos, aunque eludían los procesos de selección, mientras que otros no, según indicaron diversos análisis de las divisiones.

Con la llegada de Lozano al cargo de ministro, este detuvo los expedientes que aún no habían completado su proceso. En última instancia, solo se resolvieron dos adjudicaciones de viviendas, y revocó la normativa establecida por el exdirector de Vivienda y cercano colaborador de Moreira, Jorge Ceretta. Esta normativa servía de respaldo para llevar a cabo dichas discreciones.

Aunque el ministro no atribuyó responsabilidades a Ceretta, planteó varias modificaciones que la Dirección Nacional de Vivienda deberá implementar en un plazo máximo de 60 días. El objetivo es establecer “una reglamentación clara, precisa, concreta y con seguimiento permanente respecto de los procedimientos de autorizaciones”.

Además, el Secretario de Estado ordenó la creación de una comisión de seguimiento dentro del ministerio para llevar a cabo “la revisión de los procedimientos de adjudicación de soluciones habitacionales y del programa de Atención Primaria Habitacional”. Esta comisión tiene como fin revisar dichos procedimientos de manera exhaustiva.

El FA interpelará a Raúl Lozano

Lozano se verá obligado a justificar los resultados de la investigación ante el Parlamento. El Frente Amplio ha propuesto la convocatoria del ministro, cuestionando la asignación de responsabilidades por las irregularidades en la distribución de viviendas. “Resulta llamativo que la responsabilidad recaiga en los trabajadores”, expresó el senador Sebastián Sabini a El País. Además, señaló que es sorprendente que, posteriormente, la exministra ofrezca disculpas. Para el legislador del Frente Amplio, las decisiones siempre han sido tomadas por la autoridad política.

Por otro lado, el Frente Amplio busca clarificar en detalle cuáles fueron las “irregularidades” mencionadas en el informe y conocer las acciones que el ministerio tiene previsto emprender al determinar que la entrega de viviendas fue irregular.

Cuando Lozano asumió como ministro, se comprometió a comparecer ante el Parlamento una vez que la investigación concluyera.