Gobierno argentino cierra instituto nacional contra la discriminación

“Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de institutos que no sirven absolutamente para nada, como el Inadi”,dijo Adorni al enmarcar el cierre del organismo que lucha contra la discriminación y asiste a sus víctimas en el plan de reducción del Estado del presidente ultraliberal Javier Milei.

El organismo, con dependencias en todo el territorio nacional y una plantilla de 400 empleados, recibe un promedio de 2.500 denuncias al año por discriminación, según su último informe. La mayoría proviene del ámbito laboral o educativo y es por motivos de discapacidad, orientación sexual o género.

Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales, calificó esta decisión como “parte de un programa del gobierno nacional destinado a eliminar o limitar las capacidades de órganos de protección de derechos humanos en Argentina”.

Morales advirtió que muchas denuncias quedarán en “un limbo” y recordó que el Inadi es el órgano de aplicación en Argentina de los compromisos adquiridos ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) de la ONU.

Por esto, el cierre del instituto será “también un problema de derecho internacional de los derechos humanos. Este es un problema que Argentina va a tener con la ONU”, agregó.

“No nos sorprende, porque este gobierno se ha ensañado especialmente con las instituciones que defienden los derechos de las diversidades”, dijo de su parte Ana Fornaro, cofundadora de la Agencia Presentes, un medio regional especializado en temáticas de género, diversidad y derechos humanos.

Al explicar que deben darse pasos administrativos antes del cierre definitivo del instituto, Adorni detalló: “Nos encantaría que el Inadi esté cerrado hoy, eso no es posible por cuestiones administrativas”.

“Hay un sinfín de institutos que el presidente Milei está decidido a desmantelar; la batalla de achicar el gasto público es central en nuestro plan de gobierno”, agregó.

Desde que asumió el 10 de diciembre, el presidente ultraliberal despidió a 30.000 empleados del Estado y no renovó otros 10.000 contratos, además de paralizar las obras públicas que financia la administración nacional en todo el país en aras de achicar el gasto público.

“No vamos a seguir financiando lugares donde se pagan favores políticos en un país que está absolutamente empobrecido”, dijo Adorni al tender un manto de sospecha sobre las designaciones dentro del Inadi, que actualmente está intervenido.

El Inadi fue creado en 1995 por una ley del Congreso y depende del Ministerio de Justicia.

Argentina registró en enero su primer superávit fiscal mensual en 12 años en el marco de un drástico plan de achicamiento del Estado que incluye, entre otros recortes, una millonaria quita de subsidios a la energía y el transporte, con una inflación interanual en enero de 254,2%.

Fuente: AFP