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El Gobierno Nacional ha anunciado la declaración de una emergencia carcelaria en todos los centros penitenciarios del país, en respuesta a una serie de preocupantes ataques contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) registrados recientemente en distintas regiones, incluyendo Cartagena, Jamundí y Tuluá.
Esta decisión, tomada de forma unánime durante una Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Inpec, tiene como objetivo implementar medidas urgentes y efectivas tanto en el ámbito presupuestal como en seguridad. Además, se buscará apoyo adicional de la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los centros de reclusión.
Néstor Iván Osuna Patiño, ministro de Justicia y del Derecho, explicó que la emergencia se debe a los recientes homicidios, atentados y amenazas contra el personal de guardia del Inpec, con el propósito de salvaguardar la vida, integridad y trabajo tranquilo de los funcionarios. También señaló que estos actos criminales podrían ser represalias de organizaciones delictivas en respuesta a operaciones contundentes de la Fuerza Pública bajo las directrices del Gobierno nacional.
La emergencia carcelaria conlleva diversas medidas, como traslados presupuestales, contratación directa de recursos y la solicitud de apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios. Se contempla la suspensión o reemplazo de personal en situaciones especiales para garantizar su seguridad, así como la regulación de visitas presenciales en los centros de detención.
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El Inpec destacó que entre los antecedentes que llevaron a esta determinación se encuentra un preocupante aumento del 41 % en los casos de extorsión carcelaria. Además, se ha observado un incremento del 100 % en los incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario, con lamentables pérdidas humanas registradas en Cúcuta y Cartagena, cinco atentados y 10 amenazas directas contra funcionarios.
La Fiscalía General de la Nación también está trabajando estratégicamente para desarticular y debilitar a la banda «La Inmaculada», que opera en Tuluá, Valle.
Esta es la cuarta vez que se declara una emergencia carcelaria en Colombia, siendo la primera en 2013 por hacinamiento, la segunda en 2016 tras la liquidación de Caprecom y la tercera en 2020 debido a la emergencia sanitaria por el covid-19.
El Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con la protección de la integridad de la ciudadanía y continuará trabajando de manera decidida para garantizar la seguridad y el orden en el sistema penitenciario colombiano.
