Nunca antes una ola como esta de manifestaciones en el campo había recorrido tantos países de Europa a la vez. Y tampoco, nunca antes, la extrema derecha había visto tan clara una oportunidad para sacar rédito electoral a la furia de los agricultores y ganaderos. Con las fuerzas moderadas sin saber muy bien cómo atraerles, los trabajadores del campo se dejan querer por una extrema derecha que quiere llevar sus reivindicaciones hacia una guerra cultural que poco o nada tiene que ver con ellos.
Aunque históricamente en España el campo se ha manifestado contra gobiernos de izquierdas y derechas, del PSOE y del PP, la oposición ha situado de nuevo esta protesta en el centro de la disputa política para utilizarla como arma arrojadiza contra Pedro Sánchez.
En la sesión de control del miércoles, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal introdujeron el concepto de “dogmatismo ambiental” para atacar al Gobierno. “Si en vez de agricultores fueran independentistas Pedro Sánchez ya habría actuado hace bastante tiempo”, añadía Miguel Tellado desde la portavocía del Congreso.
En Bruselas, las primeras manifestaciones fueron organizadas por un think tank financiado por el Gobierno de Viktor Orbán. En España, quien las ha liderado ha sido la Plataforma 6F, una organización encabezada por una exmilitante de Vox, que ha iniciado las protestas al margen de los sindicatos agrícolas. Su objetivo este fin de semana era trasladarse a la sede socialista de Ferraz, un lugar simbólico por las manifestaciones contra la amnistía.
Esta politización del movimiento agrario no se corresponde con la heterogeneidad de sus representantes entre los que conviven organizaciones, sindicatos y agricultores de muy distinta tendencia. Desde ASAJA, adscrita a la CEOE, UPA, de ideología progresista, hasta COAG, que se define como independiente de partidos políticos. Como aseguraba hace unos días el secretario general de esta última, Miguel Padilla, “nuestra hoja de ruta no variado, pero se ha adelantado dos meses al rebufo de estas manifestaciones”.
El intento de la extrema derecha de capitalizar el descontento agrícola puede degenerar en una especie de populismo agrario, un concepto que acuñaba esta semana el diario económico Financial Times. Los agricultores corren el riesgo de que, a ojos de la opinión pública, sus reivindicaciones más justas queden invisibilizadas por proclamas reaccionarias en contra del pacto verde, la transición energética, la agenda 2030, la lucha contra el cambio climático o la difusión de teorías conspirativas.
Atraer las protestas de los trabajadores del campo hacia la batalla cultural embarraría y simplificaría sus causas. Pero este no es el único problema. Con las elecciones europeas en solo cinco meses, los partidos conservadores y de centroderecha, por miedo a ser superados electoralmente, podrían virar hacia políticas más pragmáticas. Algo que podría diluir algunos de los objetivos medioambientales más ambiciosos que se plantea la UE.
La distancia entre los territorios y la ciudad es cada vez mayor. Según un informe de La Fundación La Caixa sobre la brecha entre el mundo rural y el urbano, una de cada tres personas con riesgo de pobreza o exclusión social vive en zonas rurales o despobladas. Por eso, no es de extrañar que otra de las ideas que más ha impregnado el debate público estos días ha sido la supuesta lucha entre trabajadores urbanos y rurales, utilizada en el pasado por movimientos populistas como el trumpismo o el Brexit.
Voces de Vox como el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, seguía esta estrategia el fin de semana con unas declaraciones públicas en las que, a propósito de los Goya, aprovechaba para enfrentar a los trabajadores del cine con los agricultores. Les acusaba de ser “unos señoritos que viven de producir películas que luego no ve nadie a costa de millones de euros que pagan los contribuyentes”.
En comunicación política, los mensajes siempre tienen más eficacia cuando se dibuja claramente un enemigo, ya que en el discurso político funciona el marco “nosotros” frente al “ellos”. Sin embargo, esta contraposición es un cliché porque los trabajadores, aunque vivan en zonas diferentes del territorio, son igualmente precarios.
El profesor de la London School of Economics Andrés Rodríguez-Pose explicó este sentimiento de agravio que sienten las personas que viven en zonas rurales en un ensayo titulado La venganza de los sitios que no importan. Un sentimiento que genera un discurso antiestablishment que es aprovechado por la extrema derecha. En España, por ejemplo, en las elecciones municipales del 28M, Vox tuvo muy buenos resultados en las zonas rurales de las dos Castillas, el Levante, Murcia y Andalucía.
Aunque la ultraderecha intente capitalizar este descontento agrícola, la izquierda y el ecologismo debe responder a las demandas y reivindicaciones de los agricultores con un discurso real, constructivo y alejado de la lucha de clases. Hacerles ver que el problema no tiene tanto que ver con la agenda 2030 o el cambio climático, sino que requiere soluciones complejas y a largo plazo. Solo así se evitará que caigan en las garras de ese populismo agrario que tanto interesa a algunos partidos.
Fuente de esta noticia: https://www.infolibre.es/politica/campo-no-debe-permitir-extrema-derecha-embarre-causa_1_1712722.html
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