Escandalosa morosidad judicial en los juzgados en lo civil del Alto Paraná

En un preocupante escenario de denuncias, los jueces en lo civil y comercial de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná están siendo señalados por abogados del fuero local de inacción y estancamiento de expedientes, salvo en aquellos casos donde supuestamente se ofrecen “propinas” o incentivos para los magistrados. Esta situación llevó a que prácticamente todos los juicios estén estancados, generando una ola de quejas generalizadas entre los profesionales del derecho, quienes cuestionan fuertemente a estos jueces, que permanecen inamovibles y ni siquiera son auditados por los responsables de la Corte Suprema, lo cual constituye una necesidad perentoria.

Las denuncias, que han sido planteadas por integrantes de diversos gremios y asociaciones de abogados en la zona, exigen una intervención urgente por parte de la Corte Suprema de Justicia para investigar y auditar la situación real de los casos estancados. De acuerdo con lo indicado por el abogado Mauro Barreto, miembro del Colegio de Abogados del Alto Paraná, entre los jueces más cuestionados se encuentran Mario Aguayo (juzgado en lo civil del segundo turno), quien, aquejado por una enfermedad, trabaja desde su domicilio, delegando la mayor parte de las tareas en sus secretarios y generando una morosidad impresionante en su juzgado. A pesar de las circunstancias, Aguayo se resiste a jubilarse por enfermedad.

Otra magistrada bajo el escrutinio público es Gabriela Maricel Meaurio (primer turno), quien solo parece mover los expedientes en los que tiene intereses personales, mientras que en una situación similar se encuentra el juzgado a cargo de Victoriana Cáceres (tercer turno).

En el caso de Meaurio, la misma tiene varias denuncias en su contra, como por ejemplo el caso que afecta a Guillermo Fischer Rudolf, poseedor legítimo de un inmueble de cinco hectáreas ubicado en Minga Guazú del cual fue despojado por maniobras de la jueza y un abogado que resultó ser su expareja. La jueza accionó con parcialidad manifiesta en el marco del proceso de interdicto de recobrar la posesión del inmueble. Uno de los abogados de los demandados, Osvaldo Sánchez Jara, mantuvo una relación sentimental con la jueza, años atrás, y ella debió haberse inhibido de la causa, pero no lo hizo, razón por la cual fue denunciada por prevaricato ante el Ministerio Público y ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, justamente por el abogado Mauro Barreto, quien actuó en representación de Fischer Rudolf.

COLECCIONA DENUNCIAS

En el caso de la magistrada Victoriana Cáceres, esta colecciona ocho denuncias en el JEM por mal desempeño en sus funciones en diferentes causas que se citan a continuación: 1) Gorgonio o Borgonio Haedo o Aedo Gavilán y Luciana Montanía sobre sucesión. 2) Wilson Meurer c/ Carlos Andrés Ortiz s/ resolución de contrato. 3) Ranulfo Ramón Balbuena c/ Jorge Aquilino Dacak Florentín s/ usucapión. 4) Alejandro Fariña Soto c/ María Lidia Fariña Almada s/ retención de inmueble por cobro de mejoras. 5) Blanca Mirian Acuña García c/ empresa de transporte público Stell Turismo s/ indemnización de daños y perjuicios. 6) Sixto Ramón Moreno Florentín s/ sucesión. 7) Enzo Vera Aguilera y/o Vera Automotores S.A. c/ Alex Silva Duarte s/ acción ejecutiva, y José Domingo Barúa y María Santacruz de Barúa s/ sucesión. Sugestivamente, todas las denuncias contra la referida magistrada son cajoneadas por los miembros del JEM.

OTROS CASOS

Sin embargo, las denuncias no se limitan a estos casos, ya que jueces como Juan Vicente Pereira, Gabriela Ramírez y Nathalia Moreno Tottil también están siendo señalados por una morosidad judicial significativa en sus respectivos despachos, indicó el denunciante.

La reciente elección del ministro Luis María Benítez Riera como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia cobra relevancia en este contexto, tomando el lugar de su colega César Diesel, quien nunca mostró interés en abordar el problema de la morosidad judicial en los juzgados civiles y comerciales del Alto Paraná, a pesar de su cargo como superintendente de la Circunscripción Judicial.

Por acordada n° 1620 de fecha 16 de febrero de 2022, se había dispuesto que los magistrados judiciales de todo el país deberán presentar un informe cuatrimestral de expedientes pendientes de dictado de resoluciones. En ese sentido, los tribunales deberán presentar el informe como órgano colegiado, no por cada gabinete. Sin embargo, esto no tuvo ningún impacto positivo en la gestión de los magistrados en lo civil de Alto Paraná.

Las denuncias de morosidad también alcanzan a la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial, que según los denunciantes, “es un verdadero drama”, actuando sus integrantes según intereses económicos y mostrando una escasa expedición de resoluciones. Por lo expuesto, urge una auditoría profunda en los juzgados en lo civil y comercial de Alto Paraná, para deslindar responsabilidades y sancionar ejemplarmente a los jueces que no trabajan.