Tráfico de influencias, abuso de derecho, cohecho… 15 años de gobiernos del PP, 15 varapalos judiciales

Fuese en los 13 años de presidencia de Alberto Núñez Feijóo o en los algo menos de dos de Alfonso Rueda los gobiernos del PP se han definido a sí mismos como respetuosos de las normas y cumplidores de la legalidad. Sin embargo, en estos 15 años son numerosas las sentencias judiciales firmes que han constatado que la Xunta o cargos de ella cometieron todo tipo de ilegalidades, algunas delito, como tráfico de influencias, soborno, abuso de derecho o vulneración de los derechos laborales.

La reacción de los populares a estas sentencias suelen ser intentos de minimizarlas y hasta de presentarlas como si fuesen críticas políticas de la oposición y no como las condenas judiciales que son. Pero en este tiempo también hubo reproches más o menos velados a los jueces y opiniones públicas sobre todo tipo de resoluciones a la vez que se apelaba al “respeto” por el poder judicial.

Una de las primeras decisiones tomadas por Feijóo cuando llegó a la Xunta en 2009 fue paralizar el plan eólico que tenía en marcha el anterior gobierno de PSdeG y BNG. Pero lo hizo de manera ilegal, con una “desviación de poder” y contra “el principio de seguridad jurídica”, según sentenció el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) e hizo firme en 2015 el Tribunal Supremo. Había utilizado una supuesta medida cautelar para lo que realmente era una decisión política firme sobre el sector.

Aquella paralización ilegal derivó después en otras varias sentencias que han condenado a la Xunta a pagar indemnizaciones millonarias a las empresas afectadas. Sin embargo, Feijóo insistió que a pesar de la decisión judicial “volvería a anular el concurso eólico”.

Cuando estaba en la oposición Feijóo llegó a decir en un mitin que “con nosotros no moría gente en los incendios y con ellos, cuatro personas”, comparando así la gestión de los incendios forestales de los gobiernos de Manuel Fraga con el de PSdeG y BNG. Pero con Feijóo como presidente también murió gente en incendios forestales. En 2010 murieron dos brigadistas en Fornelos de Montes y en 2017 el TSXG condenó a la Xunta por el “deficiente funcionamiento de los servicios públicos”.

Pero las condenas no quedaron ahí. En 2015 murió un agente forestal que sufrió un infarto mientras acudía en solitario a un incendio a pesar de que había solicitado sin éxito varias veces, tras otro infarto previo y amparado por informes médicos, su traslado a otras ocupaciones que no requiriesen estrés físico o psíquico. La Xunta fue condenada en 2019 a indemnizar a la viuda del fallecido. Igual que también fue condenada por incumplir la ley de prevención de riesgos laborales en la muerte en 2011 de un piloto de un avión contra incendios, sentencia que el Supremo hizo firme en 2021.

En 2011 el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que en varias poblaciones gallegas se había incumplido la obligación establecida en 1991 por una directiva europea de que antes de 2001 sus aguas residuales debían contar con sistemas de depuración adecuados. Entre esas demoras, atribuibles a distintas administraciones a lo largo del tiempo, estaban la de la depuradora de la principal ciudad gallega, Vigo, que no fue inaugurada hasta 2018, mientras el PP de Feijóo proponía que los atrasos no implicasen sanciones. Pero sí que hubo sanciones y, aunque la Xunta intentó culpar a los ayuntamientos, finalmente en 2022 el Tribunal Supremo la condenó a pagar 4 millones de euros por las demoras tanto en Vigo como en Ribeira.

La incapacidad del Sergas de atender en Galicia todos los abortos que se requieren lo llevó en 2012 a demorar y desviar a Madrid la atención de una mujer que tuvo que trasladarse en su propio vehículo, una actuación que la justicia acabó considerando en 2016 que la “expuso a un riesgo vital elevado”. Una “negligencia” que le supuso la pérdida del útero y que la sentencia consideró que superaba “los estándares de lo tolerable” y “representa un fracaso estrepitoso del sistema”. El caso hizo que Feijóo pronunciase una de las peticiones de “disculpas” más claras que se le recuerdan.

Tras la fusión impulsada por Feijóo en 2010 de las cajas de ahorros gallegas, su rescate con fondos públicos y la posterior venta y creación de Abanca el Parlamento de Galicia inició en 2013 una investigación política de lo que había pasado. Diez años después, esa investigación todavía no ha acabado por la falta de interés del PP y de la Xunta, que hasta negó al Parlamento documentación que este había reclamado. En 2020 el TSXG sentenció que estaba “claro” que la Xunta había quebrantado el principio constitucional que avala el derecho de los diputados a recibir información del ejecutivo. Esa documentación revelaba que la Xunta había despachado en cinco páginas su aval a la fusión de las cajas.

No fue una condena a la Xunta pero sí a las estructuras sobre las que el PP asentó durante años su poder en Galicia, específicamente en Ourense. En 2014 José Luis Baltar era condenado por prevaricación por enchufar a un centenar de personas en la Deputación de Ourense que presidía en fechas previas al congreso en el que su hijo heredaría de él la presidencia del partido en la provincia. A pesar de la sentencia judicial, Feijóo insistió en reducir los hechos a “una irregularidad” y siguió contando con los Baltar para lograr los votos necesarios para mantenerse en la presidencia de la Xunta.

La piscifactoría que pretendía construir en el cabo Touriñán la después quebrada Pescanova y su máximo responsable, Manuel Fernández de Sousa-Faro, ahora en prisión, fue una de las bazas empleadas por Feijóo en la oposición para desgastar al gobierno de PSdeG y BNG, que revisó la planificación que permitía aquella instalación para impedirla.

En 2015 el Tribunal Supremo acabaría constatando que la autorización para la piscifactoría otorgada por el Gobierno de Manuel Fraga en funciones, con Feijóo como vicepresidente, era “nula de pleno derecho” y contraria a la legalidad urbanística, lo que obligaba a la Xunta a indemnizar a la empresa. Feijóo evitó valorar esa sentencia.

Otra de las primeras decisiones que tomó Feijóo cuando llegó a la presidencia de la Xunta en 2009 fue la de prorrogar las obsoletas concesiones de autobuses que había en Galicia en lugar de renovarlas. En 2016 el Supremo anuló aquella decisión por ser contraria a la normativa europea de defensa de la competencia. Esto obligó al Gobierno gallego a iniciar una reorganización de las líneas tanto del transporte regular como del escolar que no culminó hasta 2020 y de la que ahora están saliendo nuevas condenas judiciales por facilitar a la Xunta una posición de dominio a Monbus.

En 2017 llegó la principal condena por corrupción en la Xunta durante la presidencia de Feijóo. Dos altos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) y un ex-diputado del PP fueron condenados por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios en el marco de una trama alrededor del empresario lucense Jorge Dorribo que había conseguido subvenciones valiéndose de las gestiones de los tres cargos públicos. Un caso en el que la Xunta había actuado como acusación frente a otros condenados pero no frente a sus propios altos cargos ni contra el diputado popular, decisión avalada por Feijóo.

Un año después de la condena Feijóo obviaba el delito cometido por el director del IGAPE y lo reconocía expresamente en público durante el 25 aniversario de ese ente público.

Al igual que la condena en 2014 a Baltar padre, la condena en 2018 de la trama Gürtel no fue una sentencia dirigida contra la Xunta, pero sí acabó teniendo repercusiones a medio plazo en el Gobierno gallego y en el PPdeG. La condena de la Gürtel certificó la financiación del PP con dinero negro e hizo de Pablo Crespo, ex-número tres del PPdeG, el primer diputado de la historia de la autonomía gallega encarcelado por corrupción. Pero fundamentalmente aquella sentencia acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy, apartado en cuestión de semanas por una moción de censura ganada por Pedro Sánchez.

La salida de Rajoy dejó al PP estatal en manos de Pablo Casado, tras la renuncia de Feijóo a competir por la presidencia. Un Feijóo que se negó a admitir que el PP estuviese condenado por corrupción y que después acabó impulsando la defenestración de Casado por denunciar otras posibles irregularidades dentro de su partido, lo que acabó con el gallego en la presidencia de su partido por aclamación y siendo el primer presidente de la Xunta en dimitir del cargo.

En su trato con sus trabajadores la Xunta ha acumulado sentencias por todo tipo de discriminaciones laborales, desde pruebas de acceso a la función pública resueltas de manera “discrecional” hasta despidos en los que los tribunales ven una intencionalidad fingida más allá de irregularidades administrativas. Una “conjura” y “maquinación” de un tribunal para amañar unas oposiciones, el despido de una trabajadora con un “abuso de derecho rayano en la prevaricación” o el cese de otra como “represalia por ejercer sus derechos”, según las expresiones empleadas por los propios jueces, son algunos de los ejemplos en ese área.

Pero la Xunta no solo trata ilegalmente a su personal sino también a otros trabajadores en general cuando depende de ella fijar los servicios mínimos de las huelgas en múltiples sectores. Lo hace además con la tranquilidad de que los tribunales no la corrigen hasta meses después, cuando esas huelgas ya fueron desconvocadas. Así paso en 2019, cuando la Xunta fue condenada por vulnerar el derecho a la huelga en el área de las ambulancias con una sentencia que llegó ocho meses más tarde. Vulneraciones reiteradas y por las que los tribunales han empleado palabras especialmente críticas contra el Gobierno gallego, como cuando un año antes el TSXG estableció que había fijado unos servicios mínimos “maliciosos” en la CRTVG de cara a una huelga feminista. Feijóo siempre restó importancia a esas condenas.

A la vez que Feijóo o Rueda han criticado a otros partidos por supuestamente dar puestos a personas por afinidad política o personal y no por su preparación, también sus gobiernos hicieron lo mismo. En 2020 el Supremo ratificó la anulación de una plaza de la Consellería de Educación que se había creado para beneficiar a una cuñada de la secretaria general de Igualdad en aquel momento, Susana López Abella. Era, dijo la justicia, una “evidente muestra de nepotismo que, lejos de perder arraigo en la Administración Pública, parece reforzarse”.

La Xunta de Feijóo y Rueda no solo chocó en estos 15 años con la justicia ordinaria sino también con el Tribunal Constitucional. Una de las derrotas en esa instancia más importantes por su repercusión fue la que obtuvo al recurrir en 2021 la ley estatal de cambio climático con el objetivo de que las concesiones privadas de terrenos públicos en el litoral pudiesen durar más tiempo de lo que lo acotaba el Gobierno de España.

Pero las derrotas fueron muchas más. En sus 13 años al frente del Gobierno gallego Feijóo presentó 7 recursos de inconstitucionalidad contra el Estado y solo ganó uno, mientras que el Estado presentó otros 7 contra la Xunta y ganó 6. Y ya con Rueda en la presidencia la Xunta obtuvo otra derrota más, al rechazar el Constitucional el recurso del Gobierno gallego contra el impuesto a las grandes fortunas creado por el Estado.

Si en años anteriores las sentencias contrarias a la Xunta en materia de parques eólicos se habían centrado en los efectos de la paralización ilegal en 2009 del anterior plan del sector, en 2022 eran algunos de los proyectos más polémicos impulsados ya por los gobiernos de Feijóo los que llegaban al Tribunal Supremo. Y lo que dijo este tribunal en el caso de los parques del Oribio y de Sasdónigas fue que la Xunta los había aprobado ilegalmente, en el primer caso con una autorización ambiental que había caducado y en el segundo con una fragmentación artificial en dos de lo que realmente era un solo parque para así minimizar artificialmente su impacto. El Supremo sigue pendiente de pronunciarse de manera definitiva sobre otras sentencias contrarias a la Xunta ya emitidas por el TSXG, al que el Gobierno gallego ha criticado a pesar de sus apelaciones a respetar la independencia de la Justicia.

La sentencia del Supremo que en 2016 condenó a la Xunta por prorrogar ilegalmente las concesiones de autobuses la obligó a volverlas a sacar a concurso, reorganizando de paso el sistema de transportes gallego. Ese proceso de diseño y puesta en marcha de nuevas líneas, criticado por el Consello de Contas, culminó en 2020, pero fue en 2023 cuando comenzaron a llegar las sentencias contrarias.

En marzo el TSXG condenó a la Comisión Galega da Competencia, nombrada por el Gobierno gallego y defendida por los letrados de la Xunta, por ni siquiera investigar un pacto ilegal entre Monbus y Alsa para repartirse el mercado de los buses en Galicia. Aquella sentencia fue avalada en octubre por el Tribunal Supremo y desde ella la Xunta recibió otras seis condenas del TSXG por decisiones que beneficiaron a Monbus, dos de ellas por no revisar si cumplía los requisitos exigidos antes de adjudicarle contratos y cuatro por adjudicarle más contratos de buses escolares de los que debía.

Aquí puedes leer el texto original en gallego.