El martes se discutirá el proyecto en lo particular, pero la oposición puede cambiar artículos clave.
La Cámara de Diputados de Argentina volverá a sesionar el martes para discutir en lo particular la ‘ley ómnibus’, en un clima de fuerte tensión política debido a las incesantes burlas del presidente Javier Milei contra los legisladores, tanto aliados como opositores, así como su negativa a ceder en nueva modificaciones.
El pasado viernes, después de tres jornadas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 144 votos a favor y 109 en contra, uno de los proyectos centrales del actual Gobierno, que en su versión original pretendía modificar por completo el funcionamiento del país en términos políticos, económicos y sociales.
Gracias a la presión social y política, la iniciativa cambió de manera drástica, al reducirse de 664 a 386 artículos. Sin embargo, todavía hay múltiples capítulos que son objeto de debate, que la oposición “dialoguista” quiere cambiar y que el Gobierno se resiste.
Por eso, aunque la ley se aprobó en lo general, sigue la batalla por alrededor de 30 artículos en los que todavía no hay consenso, y que se discutirán en una sesión que se prevé maratónica y cuyo final es imprevisible. Después, el instrumento pasará para su tratamiento al Senado.
De esta forma, el debate parlamentario volverá a ser uno de los temas más importantes de la agenda política del país sudamericano durante esta semana, pero se llevará a cabo con el presidente ausente, ya que la tarde de este lunes iniciará una gira por Israel, Italia y el Vaticano.
Antes de partir, el mandatario volvió a insultar a legisladores, a quienes a lo largo de la discusión ya ha calificado como “corruptos”, “extorsionadores”, “mafiosos” y “mentirosos”. Los opositores “dialoguistas” se quejaron en múltiples ocasiones del maltrato que les da Milei, pero aun así avalaron la ley en lo general.
“Chistes”
En esta ocasión, el mandatario compartió un chiste del dibujante ultraderechista Nik, en el que señala que Milei logró “un hecho inédito”: que los diputados trabajaran durante enero, en pleno verano austral, cuando generalmente el Congreso está en receso.
El diputado “dialoguista” Julio Cobos le contestó a través de las redes sociales para advertirle, enojado, que el problema no es sesionar o no en enero, sino hacerlo mal “producto de la improvisación y el desconocimiento” del oficialismo.
“Si este es su logro en el Congreso, avísenos para no seguir buscando una propuesta a temas complejos como las privatizaciones (…) esperemos todos estar a la altura de las circunstancias que demanda el país, con seriedad y responsabilidad“, señaló.
Cobos mencionó las privatizaciones de empresas públicas porque es precisamente uno de los artículos en los que todavía no hay acuerdo, ya que, a pesar de que el Gobierno aceptó reducir la lista de 41 a 26, varios diputados quieren que se achique más.
La intención es evitar que se privaticen empresas como Agua y Saneamientos Argentinos, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos, y la agencia de noticias Télam, entre otras.
Otro de los puntos de fuerte disputa es el Impuesto País, que se cobra a las compras en moneda extranjera y que los gobernadores quieren que el Gobierno nacional les coparticipe.
Sin embargo, esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que no hay posibilidad alguna de aceptar la coparticipación, ya que todo el debate en materia fiscal se realizará después de que la ‘ley ómnibus’ sea aprobada.
Más tarde, el ministro del Interior, Guillermo Francos, abrió otro flanco de conflicto al advertir que, si el Congreso vota la coparticipación, Milei la vetará.
Desacuerdos
En la oposición “dialoguista” también hay sectores que rechazan la delegación de facultades legislativas al presidente en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, lo que implica que podría emitir leyes sin pasar por el Congreso.
La redacción original de la ley establecía 11 materias y luego se redujo a seis, pero hay diputados que proponen sacar de la lista lo económico y energético, es decir, que ya solo queden facultades en cuatro rubros.
Por otra parte, también está en discusión el permiso que quiere el Gobierno para tomar deuda sin pasar por el Congreso, así como la venta del millonario Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Además, hay inquietud por los artículos que facilitan las ejecuciones extrajudiciales y criminalizan la protesta social, sobre todo después de las represiones policiales que se registraron la semana pasada, a las afueras del Congreso, y que dejaron un saldo de cientos de heridos, entre ellos decenas de periodistas.
En las últimas horas, colectivos ambientalistas reforzaron su activismo para denunciar que hay una fuerte presión de las empresas mineras para habilitar la explotación en zonas hoy protegidas por la ley de Glaciares.
actualidad.rt.com
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