El joven mandatario, reelecto pese a que la Constitución lo prohibía, logró reducir la violencia pandillera al mínimo con sus cuestionados métodos.
Un inmenso mural de campaña en una fachada de San Salvador con el rostro de Nayib Bukele, reelecto este domingo por una mayoría aplastante, lleva un lema que le va como anillo al dedo: “Paso a paso”.
Así es como este político de 42 años con pelo engominado, declaradamente populista y difícil de encasillar políticamente, ha ido convenciendo a los salvadoreños de que a cambio de darles seguridad en las calles con su mediática política de mano dura contra la violencia pandillera, a costa de los derechos humanos, le dieran carta blanca para concentrar todo el poder en su puño.
Eso incluye un régimen de excepción que dura ya casi dos años y con el que ha puesto tras las rejas a más de 70.000 personas, acusadas de pertenecer a las maras. Con eso, El Salvador pasó a convertirse en uno de los países más seguros de América y él en el líder más popular de la región latinoamericana, según el Latinobarómetro de 2023.
Pero esa medida extrema de suspensión de las garantías ha desatado las alarmas entre los organismos de derechos humanos y familiares de personas víctimas de detenciones arbitrarias, torturas en las cárceles y otros crímenes de Estado.
Su victoria, más que augurada en los sondeos, le convierte en el primer presidente en ser reelegido desde la llegada de la democracia en 1992 al país más pequeño de Centroamérica, de poco más de seis millones de habitantes.
Pero si lo ha hecho no es solo porque contaba con el favor de gran parte de la población, sino porque, según varios juristas, su candidatura violó la Constitución, que en varios artículos prohíbe expresamente la reelección inmediata.
¿El fin justifica los medios?
Bukele, hijo de un acaudalado químico y empresario descendiente de una familia de inmigrantes palestinos, ha demostrado sobradamente que se mueve por aquello de que “el fin justifica los medios” desde que irrumpió en la política.
Tras abandonar sus estudios de derecho, se puso al frente de la empresa de publicidad fundada por su padre, un negocio que le llevó a dominar el arte de la propaganda política a través de las redes sociales y que proveía servicios al gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la antigua guerrilla de izquierda que gobernó el país entre 2009 y 2019.
Fue con ese partido que entró en política, primero como alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y luego de San Salvador (2015-2018), donde destacó entre otras cosas por la pacificación del decaído centro de la ciudad.
Su idilio con el FMLN terminó pronto, cuando fue expulsado en 2017 tras ser culpado de promover la división en el partido por sus discrepancias con la cúpula del partido izquierdista.
Pero en esa época él ya tenía ambiciones presidenciales. Fundó su partido actual, Nuevas Ideas (NI), con el que no pudo postularse a los comicios de 2019 debido, según él, a maniobras opositoras.
Finalmente, con el aval de su popularidad, concurrió y ganó en primera vuelta con el centroderechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), una escisión del derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Con esa victoria, terminó con el bipartidismo con el que Arena y el FMLN se habían repartido el poder desde 1992, cuando se firmó el acuerdo de paz tras 12 años de guerra civil.
“Un poco medicina amarga”
Bukele asumió la presidencia como el presidente ‘millenial’ más joven de América Latina, dispuesto a sacar del pozo a un país azotado por la violencia de las ‘maras’, la corrupción y la pobreza.
“Nuestro país es como un niño enfermo. Nos toca ahora a todos cuidarlo, nos toca a todos ahora tomar un poco de medicina amarga”, advirtió entonces en su toma de posesión ante miles de salvadoreños.
Y se puso manos a la obra. Aunque él no lo aceptó nunca, la prensa sostiene que empezó negociando la reducción del índice de homicidios y futuro apoyo electoral con las tres principales pandillas del país, Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, a cambio de beneficios carcelarios y otras prebendas.
Nueve meses después de subir al poder, en febrero de 2020, protagonizó un hecho que dio la vuelta al mundo: arropado por el pueblo, irrumpió en la Asamblea con militares y policías fuertemente armados y se sentó en el sillón de la presidencia para presionar a sus los legisladores para que aprobaran un crédito de 109 millones de dólares para financiar su plan de seguridad ‘Control Territorial’.
“El dictador más cool del mundo”
De aquel exabrupto autoritario salió impune, pero le dio más apoyo: en febrero de 2021, arrasó en las elecciones legislativas y municipales.
Con la mayoría calificada en la Asamblea, ya podía hacer y deshacer a su antojo: destituyó al fiscal general y a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y los sustituyó por figuras afines, lo que desató acusaciones de que estaba emprendiendo una deriva autoritaria.
Su nueva hegemonía le dejó vía libre para reformar las leyes electorales para optar a un nuevo mandato, destituir a más figuras que le eran incómodas o incluso convertir a El Salvador en el primer país en adoptar el bitcóin como moneda oficial, junto al dólar estadounidense. Quiso hacer del país el epicentro mundial de las criptomonedas e incluso proyectó la “Bitcoin City”, jamás concretada.
En aquél entonces, irónicamente, se describió en las redes sociales como “el dictador más ‘cool’ del mundo mundial”.
“La guerra total” contra las maras
Pero el año más decisivo de su mandato fue 2022. Tras una escalada con 87 muertes violentas en una semana, le declaró en marzo “la guerra total” a las pandillas, que durante décadas sembraron un régimen de terror y extorsión en buena parte del país.
A partir de ahí fue decretado el estado de excepción, prorrogado 14 veces, que suspende garantías constitucionales y permite entre otras cosas detenciones provisionales sin límites o la intervención de las telecomunicaciones sin el aval de un juez.
Las cuidadas puestas en escena de las operaciones policiales, de calidad cinematográfica, con las que consiguió limpiar las calles de pandilleros, le granjearon todavía más apoyos.
En ellas, se muestra la persecución y detención de decenas de pandilleros, su traslado, esposados y vestidos solo con calzoncillos, al recién construido Centro de Confinamiento del Terrorismo (según él, “la cárcel más grande de toda América”).
“No estamos combatiendo a angelitos, estamos combatiendo al mismo demonio”, dijo en una ocasión.
¿Un modelo a imitar?
Lo cierto es que las maneras de Bukele causan furor en otros países de Latinoamérica, una región terriblemente azotada por la violencia del narcotráfico y el crimen organizado, que está extendiendo su tentáculos por todo el continente.
En muchos países hay sed de paz, de poder andar por las calles sin miedo. Uno de ellos es Ecuador, que lleva un desempeño contrario al de El Salvador: en pocos años, la nación andina ha dejado de ser una de las más seguras de la región.
El presidente Daniel Noboa presentó a principios de enero los diseños de dos cárceles de máxima seguridad para delincuentes inspirados en el megacomplejo inaugurado por Bukele, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El año pasado, el gobierno de Bukele afirmó la apertura de una oficina en Haití para ayudar a reducir los altos índices de violencia pandillera. Políticos de países como Argentina, Chile o Perú lo han elogiado.
Hace poco, el presidente libertario argentino, Javier Milei, dijo de Bukele que es “alguien que a pesar de la adversidad logró llevar a cabo su programa de gobierno”. Otros, sin embargo, como el venezolano Nicolás Maduro o el colombiano Gustavo Petro han arremetido contra sus métodos.
- La reelección de Bukele no carecía de controversias. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, renovada por la Asamblea Legislativa del país centroamericano controlada por el oficialismo, emitieron un dictamen en septiembre de 2021, para que el mandatario pueda aspirar a la silla presidencia de nuevo.
- La única condición para reelección era no ejercer el poder seis meses antes de los comicios, lo que el dirigente hizo. Para que Bukele, de 42 años, pudiera participar en los comicios, el Parlamento del país centroamericano otorgó en diciembre una licencia especial por seis meses al presidente y, en su lugar, nombró a Claudia Juana Rodríguez de Guevara como “designada presidencial”.
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