Residencias más grandes y con menos trabajadores: Galicia se niega a aplicar el ‘nuevo modelo’ del Gobierno

Desde el primer momento rechazaron el documento. Ahora se comprueba que han llevado esa oposición a la práctica. Y que no cambiarán de opinión. Hablamos de Galicia y del nuevo modelo de residencias que, tras meses de negociaciones fallidas y borradores tirados a la papelera, aprobaron el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas. Fue en junio de 2022, con el recuerdo de la hecatombe de lo ocurrido en estos centros durante la pandemia aún muy presente. Se bautizó Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y estableció un plazo máximo de nueve meses para que las autonomías trasladasen las directrices que marcaba a sus normativas regionales. Galicia no sólo no cumplió con las fechas, es que se niega a aplicar lo marcado.

Lo asegura la propia Consellería de Política Social y Juventud de la Xunta de Galicia, que a preguntas de infoLibre recuerda que “el Gobierno gallego rechazó en Consejo territorial […] las propuestas del Gobierno central para cambiar el modelo de cuidados por tratarse de unas medidas perjudiciales para Galicia”. “La aplicación de este acuerdo dificultaría el acceso a los cuidados al eliminar 8.000 plazas de atención; supondría la eliminación de centros en el rural, que en nuestra comunidad representan la gran mayoría; carece de coordinación sociosanitaria necesaria para mejorar la atención; y no garantiza el presupuesto necesario para hacerlo realidad”, argumentan.

Por eso están ya poniendo en marcha, dicen, un modelo “realista y realizable” que consiste, por ejemplo, en la “creación de habitaciones inteligentes con sensores de movimiento”. O en crear “espacios de convivencia más reducidos”, pero sin especificar más. “Llevan hablando de un nuevo modelo años, pero todavía no se sabe nada de él. La situación de las residencias gallegas es de un caos absoluto”, lamenta el presidente de la Federación Galega de Organizacións de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia (Rede), Paulino Campos.

Pero, ¿qué rechaza exactamente aplicar la Xunta? El documento aprobado por el departamento que entonces dirigía Ione Belarra determinó que ninguna residencia puede superar las 120 plazas, un máximo que bajó a 90 en aquellas zonas “de densidad intermedia” y a 75 en zonas rurales. En cuanto a las unidades de convivencia, estas no deben superar las 15 personas. Esta fue la versión final, pero antes hubo otras muchas. Y la comunidad presidida por Alfonso Rueda (PP) también las rechazó. Tanto, que ya en 2020 creó el denominado Comité Asesor Sociosanitario, con el que dijo que crearía un documento “único en Europa, ambicioso y consensuado”. Pero con quien contaba entonces para sacarlo adelante, criticó Rede, era con la patronal.

En cualquier caso, lo que introduciría la normativa, expuso la organización de familiares, estaba muy lejos de esos números establecidos por el Gobierno central. En febrero de 2022, la Xunta entregó al Parlamento gallego un documento en el que se hablaba de un límite de plazas para los centros de mayores, que no podrían superar los 150 usuarios, y otro para las unidades de convivencia, que deberían ser para un máximo de 25 personas. La Consellería confirma ahora, a preguntas de este diario, que ese será el límite de plazas. Y asegura también que están “mejorando la humanización de los espacios”, pero no explica la fórmula.

Pero ya no son solamente las plazas. La negativa a aplicar el acuerdo también afecta a las ratios entre profesionales y mayores. El documento del Gobierno central fija la normativa en 39 trabajadores de atención directa —entendiendo como tal gerocultoras, personal sanitario y técnicos de los cuidados— por cada 100 residentes en 2024 y 50 en 2030. No hay datos de lo que fijará Galicia en esa nueva normativa que dicen estar ya implantando, pero la actual, que data de 1996, rebaja ese número hasta los 35 profesionales directos —que en este caso incluye también al personal sanitario y terapéutico— para atender a cada 100 usuarios dependientes, y a 20 para atender a los que son autónomos.

Con todo, denuncia Campos, Galicia está consolidando “el impresentable viejo régimen de las macro-residencias”. “Se están anunciando algunas nuevas de grandes promotores que rondan las 200 plazas y por supuesto no ha entrado en vigor la obligación de limitar las instalaciones de las residencias a unidades de convivencia de 15 plazas máximo, como indicaba el Acuerdo, posiblemente la medida estrella, la más favorecedora de un cambio efectivo en la calidad de los cuidados”, lamenta.

En cualquier caso, Galicia no fue la única que se opuso al texto. Diez votaron a favor de él —Extremadura, Canarias, Navarra, Comunitat Valenciana, Asturias, La Rioja, Illes Balears, Cantabria, Aragón y la ciudad autónoma de Melilla— y nueve lo hicieron en contra —Galicia, Madrid, Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, País Vasco y la ciudad autónoma de Ceuta. Fueron estas las que dijeron en un principio, como ahora mantiene Galicia, que este rechazo les avalaba para no tener que trasponer los mínimos del texto de Derechos Sociales a sus normativas, sometiéndose a la posibilidad de que el Gobierno acudiera a los tribunales o les cortara el grifo de la financiación.

En este sentido, Madrid y Murcia también se mantienen firmes en esta cuestión. “Madrid aprobará próximamente su normativa”, señalan fuentes de su consejería competente, que añaden que votaron en contra del acuerdo “porque, entre otras cuestiones, no llevaba memoria de impacto económico ni financiación adecuada aparejada para implantarlo”. Murcia emplea el mismo argumento. Consultada por este periódico, su consejería explica que rechazaron adherirse al documento “por la inviabilidad de los requisitos marcados sin la correspondiente financiación económica y por no estar consensuado con las entidades del sector”.

Dicen también, no obstante, estar trabajando en una normativa propia que, prevén, estará completamente concluida “antes de final de año”. “Las líneas de actuación del documento han sido desarrolladas por un equipo de trabajo multidisciplinar con el fin de adaptar su contenido a las necesidades reales de los usuarios de los centros residenciales de la Región y potenciar aún más su bienestar, autonomía y confortabilidad”, añaden las mismas fuentes, que no detallan el contenido de su texto.

Aun así, este no es el único problema que existe con las residencias en Galicia. Según Campos, la situación de los centros de mayores, que en todo el país es “deplorable”, en Galicia es “de tercera división”. Hay dos motivos fundamentales que son “únicos”, continúa. El primero, publicado esta misma semana por Praza.gal, tiene que ver con el ingreso en residencias para mayores de personas menores de 65 años con enfermedades psiquiátricas ante la inexistencia de centros adecuados para ellas. A 31 de diciembre eran 593, pero un año antes eran cerca de 700.

No es un tema solamente de edad, es que es peligroso. El pasado septiembre la agresión a una trabajadora por parte de un usuario de 43 años de un centro de Vigo provocó nuevas protestas por lo que el personal cualifica como la conversión de las residencias de mayores en “psiquiátricos sin psiquiatras”. La Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais (AGISS), de hecho, avisó ya a finales de 2022, cuando alertaron de que, de cada diez nuevos ingresos, tres eran de personas con necesidades psiquiátricas. “Consideramos esta situación muy grave y de alto riesgo tanto para estas personas como para los residentes de los centros de mayores (también para el personal trabajador), y que deben de ser paliadas de inmediato”, afirmaron.

El otro motivo del mal diagnóstico del sector que hace Campos es la privatización de las dos primeras residencias donadas a la Xunta por la Fundación Amancio Ortega. De titularidad pública, su gestión ha salido ahora a concurso, cinco años después de la aprobación del convenio Fundación-Xunta para la donación de siete centros en total. Tres son las fundaciones que optan, por 10,9 millones de euros en dos años, por controlar las residencias: Valdegodos (con presencia en seis residencias en Ourense), Fesán (cinco en Santiago) y Gerón (con centros en Sevilla, Granada, Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga, Ceuta, Tenerife, Toledo y Castellón). Se trata, señala Campos, de “entidades de segundo nivel, muy lejos de la experiencia y poder de las grandes organizaciones en el negocio de los cuidados a las personas mayores y personas con discapacidad como DomusVi, Orpea o Clece”.

“Es una aberración otorgar la gestión de estas residencias públicas (las primeras que se construyen desde 2009) a la gestión low cost de fundaciones de segunda categoría o que desconocen la idiosincrasia de los gallegos. La filosofía de estas fundaciones low cost no mejora el afán salvajemente capitalista que muestran empecinadamente las grandes corporaciones privadas con ánimo de lucro que dominan el mercado español”, sentencia el presidente de Rede.