El Gobierno andaluz sólo ha recuperado 26 millones de los 679 defraudados en el ‘caso de los ERE’

La macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos arroja números que dejan marca. El germen fueron unas grabaciones en las que se desvelaba un intento de extorsión a dos empresarios sevillanos. Corría 2009. Dos años después empezó a hilarse la madeja del denominado caso ERE que más de una década más tarde se ha convertido en una maraña procesal de casi dos centenares de piezas separadas. El juicio del bloque político se prolongó durante un año y 152 sesiones. El resultado: la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a parte de la ex cúpula del PSOE andaluz, incluso a la cárcel a algunos implicados, por urdir un “sistema fraudulento” nutrido con 679 millones desde el que se repartieron fondos públicos a empresas en crisis.

Desde el Gobierno andaluz, ahora comandado por el popular Juanma Moreno, han mantenido siempre que su intención es luchar por recuperar “hasta el último euro que se ha defraudado de los andaluces» en el contexto de esa causa judicial. De momento, la cuantía que ha sido capaz de recobrar, de entre lo distribuido entre 2001 y 2010, se aproxima a los 26 millones. Ha sido en concreto de 25.928.756,73 euros, esto es, el 3,82% del global supuestamente malversado. Así se asevera en una resolución de la Viceconsejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, a la que infoLibre ha accedido a través del portal de transparencia. En ella se matiza que esa es la cifra “recuperada hasta la fecha”, sin perjuicio de “las cantidades que se vayan recuperando a medida que se obtengan pronunciamientos favorables ante las distintas jurisdicciones ante las que se están ejercitando acciones”. Quedarían por reponer a las arcas públicas algo más de 653 millones de lo marcado por la Justicia.

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Ejecutivo autonómico, Antonio Sanz, ha aseverado en una entrevista reciente con Europa Press que el dinero ya «reconocido por sentencia» de la “macrocausa” es de unos 60 millones, tras las reclamaciones que han realizado por distintos caminos: el penal, las revisiones de oficio de subvenciones asignadas a empresas, para lo que han abierto 233 expedientes; y a través del Tribunal de Cuentas.

En lo relativo al ámbito penal, el consejero señaló que de las 78 piezas que por ahora se han calificado judicialmente, el Gobierno autonómico ha pedido «responsabilidad civil por un montante de 134,8 millones». Y por lo que respecta al Tribunal de Cuentas, se habrían formulado demandas por responsabilidad contable que van desde los 53,5 millones en lo vinculado a ayudas sociolaborales, a los 51,8 ligados a las subvenciones a empresas, y se elevan a los 64,3 millones en lo concerniente a las sobrecomisiones que se habrían cobrado. En total demandan 692,3 millones, aunque no es lo ingresado.

En el desgajo del macrocaso en el que se disecciona el conjunto de las pólizas derivadas de las ayudas sociolaborales que presentaban comisiones superiores a la media del mercado en el periodo 2000-2010, la Fiscalía anticorrupción valoró que el exceso que habrían ingresado entidades aseguradoras del grupo Uniter ascendía a 29.804.937,2 euros, y lo percibido por el grupo Vitalia llegaría a los 36.228.300,1; sumado 66 millones. En su escrito de acusación, el Ministerio Público recoge con detalle la participación de los acusados en los hechos y establece que, “en aquellos supuestos en los que la misma implique que los fondos públicos” de la Junta “presupuestados para mejorar la situación de desempleo de la comunidad autónoma se hayan apartado de dicha finalidad socioeconómica” en beneficio “propio o de terceros” permitiendo “en paralelo agravar la situación precaria de andaluces en desempleo en cuantía superior a 450.000 euros”, se ha producido, “además de la evidente relevancia cuantitativa, una especial relevancia cualitativa en el entorpecimiento de la acción pública en favor del empleo”.

Si bien, fuentes del caso sostienen que varios representantes procesales de los encausados se han agarrado al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija que la investigación judicial se ha de desarrollar en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa, aunque se pueden acordar prórrogas que en esa pieza no se habrían producido “en tiempo y forma”. De hecho, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla entiende vencido el plazo de investigación judicial «el 8 de junio de 2019«, según se refleja en un auto fechado el pasado 16 de enero, es decir, «se han perdido casi cinco años de instrucción”, advierten las fuentes consultadas. Otras apuntan que, si antes de el mencionado día había material “válidamente instruido suficiente para dictar un auto de transformación a procedimiento abreviado y si se le había tomado declaración a los investigados” habrá juicio. La decisión del juzgado instructor, si arma una nueva resolución, que puede ser de sobreseimiento y archivo o bien otra vez de transformación en procedimiento abreviado, está en el aire. Y con ella, el que los investigados se queden o no sin vía de escape.