El juez del ‘caso Villarejo’ da por concluida la investigación relativa al encargo de los navieros Pérez-Maura

El juez de la Audiencia Nacional ha acordado finalizar la investigación relativa al conocido como ‘proyecto Pit’, la pieza separada del ‘caso Villarejo’ que comprende el presunto encargo de los navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que evitara la extradición del primero a Guatemala.

En un auto del juez Manuel García Castellón, al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda por un lado no prorrogar la instrucción sobre ese proyecto, y por otro desgajar de esa pieza, y seguir instruyendo, lo concerniente al delito contra las transacciones comerciales internacionales y los delitos fiscales aparejados que aun se investiga después de que en 2021 la justicia guatemalteca cediera la jurisdicción a la Audiencia Nacional.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 indica en su auto que en esta pieza 4 del caso hay un total de 18 investigados –uno de ellos persona jurídica– y que los delitos que se les imputan son los de cohecho, tráfico de influencias, falsedad, revelación de secretos y organización criminal.

Como en otras piezas del caso, el principal investigado es Villarejo, y en esta ocasión a su nombre se suman los de los hermanos Pérez-Maura, el socio del comisario Rafael Redondo, su hijo José Manuel Villarejo Ruiz, el ex Director Adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino, el exinspector de la Policía Antonio Bonilla y el empresario Adrián de la Joya, entre otros.

Suma el juez que, al encargo investigado, se han añadido otras pesquisas que tenían por objetivo averiguar posibles delitos fiscales de los Pérez-Maura, lo que motivó que en diciembre de 2023 se les volviera a tomar declaración a ellos y a la empresa ‘A. Pérez y CIA’. Deja claro en este punto que este nuevo delito es «indisoluble» del ‘proyecto Pit’ en base a informes de la Agencia Tributaria aportados a la causa.

EL ORIGEN: PUERTO QUETZAL

El punto de partida de esta pieza separada se sitúa en 2016, cuando Guatemala solicitó a España la entrega de Pérez-Maura, acusado de pagar sobornos de hasta 30 millones de dólares a altos funcionarios del país iberoamericano, incluidos el ex presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, para conseguir la adjudicación de una infraestructura en Puerto Quetzal.

De acuerdo con el relato judicial, los Pérez-Maura habrían acudido entonces a Villarejo para que frenara la extradición de Ángel. Por este encargo, bautizado como ‘Pit’, el grupo empresarial del entonces comisario, CENYT, se habría embolsado 7,4 millones de euros.

En un principio, la investigación española se centró en ‘Pit’, pero cuando la Audiencia Nacional rechazó en 2018 la extradición de Pérez-Maura a Guatemala por ser ciudadano español abrió la puerta a que fuese juzgado en España por los delitos que allí se le imputaban.

En respuesta, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 asumió en abril de 2021 la causa dirigida en el país latinoamericano contra Pérez-Maura por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho, que ahora es la rama de la investigación que sigue abierta.