El cambio climático provoca daños récord en el campo y obliga a repensar el sistema de seguros agrarios

Las cuentas de las aseguradoras agrarias han pasado a ser uno de los mejores termómetros para medir el impacto del cambio climático en la península. No solo miden el aumento de la temperatura media o la sequía, también los eventos extremos como olas de calor puntuales, el granizo o las danas, que son cada año más agresivas. Según publicó este martes Agroseguro, en 2023 se pagaron en el campo 1.241 millones de euros en indemnizaciones, la cifra más alta desde que el consorcio de aseguradoras fue creado en 1978. De las seis millones de hectáreas que hay aseguradas en España, el 58% sufrió algún daño durante el año pasado, y la sequía fue el principal causante de las pérdidas. El dato evidencia la situación crítica por la que pasa la agricultura debido al cambio climático, ya que las compensaciones apenas suponen alrededor de un tercio de las pérdidas reales. Los datos también revelan que el sistema de aseguramiento agrícola está cada año más tensionado.

La siniestralidad en 2023 creció un 56% respecto al año anterior y fue casi el doble que la de 2019 (635 millones de euros), según las cifras de Agroseguro. Por cultivos, los herbáceos fueron de lejos los más afectados, con 476 millones de euros en indemnizaciones, debido a que los cereales son el cultivo más extendido de España y el índice de aseguramiento es muy alto porque es muy asequible. Le siguen la uva de vino (105 millones), frutales (105 millones), cítricos (92) y el conjunto de las hortalizas (78). Por regiones, la cifra de pérdidas solo abarca los 11 primeros meses del año, y Castilla y León es la región más castigada porque es la comunidad que lidera la producción de cereal, con 227 millones en siniestros. Le siguen Castilla-La Mancha (145 millones), Andalucía (118) y Murcia (90).

Agroseguro es una empresa que gestiona las pólizas agrarias españolas en la que participan a partes iguales 17 aseguradoras. Se encarga de gestionar las indemnizaciones de la agricultura, aunque el sistema es tan caro de mantener que aproximadamente la mitad de las cuotas las cubre el Ministerio de Agricultura, y en menor medida las comunidades autónomas. Por ello, el impacto del cambio climático no solo supone un sobrecoste para los agricultores, también para los Presupuestos Generales.

Pedro García, responsable de Seguros en COAG, la principal organización agraria del país, señala que las cifras publicadas este miércoles demuestran “la situación desastrosa” que vive el campo. El aumento de los daños hace que suban las cuotas y empeoren las condiciones de las coberturas: cada temporada aumenta la franquicia de los seguros y el tamaño de la parcela asegurado es menor. También se han encarecido mucho los recargos por reincidencia para agricultores que sufren daños todos los años, y donde más se ha notado es en los cultivos caros de proteger: los cítricos y el almendro. “Hemos llegado a un punto en el que hay líneas imposibles de asegurar si eres reincidente“, dice García.

El portavoz añade que esta práctica va en contra de la filosofía del sistema de pólizas agrarias, que se basa en que todos los profesionales puedan tener una cobertura, y de esta manera garantizar la estabilidad del campo. De hecho, las aseguradoras están obligadas por ley a aceptar a todos los clientes que cumplan con unos requisitos mínimos, por mucho riesgo de daño que tenga su finca. A cambio, el agricultor que quiere una póliza debe asegurar todos sus terrenos del mismo tipo que tenga en España, no puede escoger solo aquellos que vayan a sufrir pérdidas.

De esta manera, el mecanismo se compensa porque unas tierras menos afectadas por los temporales cubren las pérdidas de allí donde hay daños frecuentemente, pero el cambio climático está rompiendo ese esquema. En los últimos cuatro años ha entrado menos dinero del que se ha pagado en daños en Agroseguro, y esto ha motivado el encarecimiento de las cuotas.

Esa subida, sin embargo, se queda muy lejos de cubrir los costes de las pólizas que fijó Agroseguro en 2023, por eso el Ministerio de Agricultura tuvo que aportar 400 millones de euros y las comunidades autónomas otros 128 millones —un máximo histórico—. En total, las administraciones cubrieron el 50% del coste de contratación de los seguros, que ascendió a 1.011 millones de euros. Los agricultores abonaron la otra mitad.

Con todo y con eso, la cuantía de las reparaciones del año pasado fue muy superior a la recaudación de las aseguradoras, y el Consorcio de Compensación de Seguros tuvo que aportar otros 400 millones. El Consorcio es una hucha de las aseguradoras que se ha ido rellenando durante los últimos 30 años, pero que se está agotando rápidamente por los sobrecostes extraordinarios de las indemnizaciones agrarias.

Aunque a que las condiciones de los seguros han empeorado, Agroseguro destaca que la contratación de pólizas no para de aumentar. Cada vez más agricultores temen que un temporal o la sequía destroce sus cultivos y en 2023 las primas abonadas crecieron un 16%, superando por primera vez los 1.000 millones. El único cultivo que tuvo menos contratación de pólizas fue el cereal porque la sequía era tan fuerte hace un año que muchos profesionales optaron directamente por no cultivar. En todo caso, el índice de contratación de seguros sigue siendo muy bajo, de apenas el 18%, mientras que el objetivo es que alcance el 100%.

Todos los actores del mundo de los seguros, incluido el Gobierno, reconoce que el sistema está tremendamente tensionado y que unas pérdidas como las del año pasado son insostenibles. “El sistema se sometió a un estrés nunca visto el año pasado y aun así funcionó. Pero el aumento de la siniestralidad por el cambio climático produce desajustes porque las primas no son suficientes y hay que tomar medidas“, reconoce Miguel Pérez Cimas, director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), el brazo del Ministerio de Agricultura que coordina las pólizas agrarias.

La solución que propone el sector primario es reformar el sistema de seguros y sacar de él los daños por el cambio climático, que son los que realmente inflan la factura. Proponen que cuando haya una sequía duradera, un granizo fuera de lo normal o una ola de calor temprana se consideren como un daño de fuerza mayor y el Gobierno central cubra las pérdidas con los Presupuestos Generales, como cuando un incendio arrasa el monte y se dan ayudas a los afectados. Las tres principales organizaciones agrarias han presentado la propuesta al Ministerio de Agricultura, pero Pérez Cimas no tiene todavía una respuesta a la propuesta.

Tomás García Azcárate, miembro del Comité de Expertos del Foro Agrario, defiende este planteamiento porque el método actual es insostenible. “Los seguros están para cubrir daños puntuales, pero si el cambio climático genera pérdidas estructurales, el sistema no sirve“, opina. Eso sí, aclara que el futuro programa tiene que promover que los agricultores que sufran recurrentemente pérdidas busquen nuevos cultivos adaptados al calor y la sequía.

Sin embargo, también hay voces críticas que no están de acuerdo en sacar los daños del cambio climáticos de la factura de los seguros. Primero, porque sería un caos distinguir qué es un evento propio del clima mediterráneo y cuál es originado por el calentamiento global. Segundo, porque supondría trasladar los costes del campo a los Presupuestos Generales. Tercero, porque no incentivaría a los profesionales a adaptar sus cultivos a las nuevas condiciones climáticas. Y cuarto, porque jurídicamente sería difícil de encajar en Bruselas —e incluso en la Organización Mundial del Comercio— que se concedan ayudas de Estado a la agricultura a gran escala y de forma permanente.

Por ahora, el Ministerio de Agricultura ya ha aplicado pequeños cambios en 2024 en el sistema de seguros para reducir los costes públicos de las pérdidas en el campo. Ha reducido un 10% el presupuesto destinado a complementar las pólizas y ha retirado las subvenciones para profesionales de mayor siniestralidad, que son los que tienen las cuotas más altas, para incentivar que sustituyan sus cultivos.