PP y PSOE retoman la negociación del CGPJ con una lista obsoleta de jueces que incluye a muertos o jubilados

El Gobierno y la oposición retoman por enésima vez las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este caso, lo harán en pleno corazón de Europa. Y con la mediación del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, que ha convocado este miércoles a ambas partes a un encuentro en Bruselas. A un lado de la mesa estará el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Al otro, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. Y de fondo, cinco años de bloqueo que han terminado afectando a la relación de aspirantes a vocales de procedencia judicial que el órgano de gobierno de los jueces puso en su día sobre la mesa. Una lista a la que se siguen agarrando las asociaciones como base para una futura renovación.

El Consejo General del Poder Judicial está integrado por un presidente –que es a su vez jefe del Tribunal Supremo– y una veintena de miembros. De ellos, doce deben ser jueces y magistrados. Y ocho, juristas de reconocido prestigio. A finales de septiembre de 2018, tres meses antes de que caducase el actual mandato, el órgano de gobierno de los jueces envió al Congreso de los Diputados y Senado la relación de candidatos a vocales del primer grupo: los de procedencia judicial. La lista, que quedó conformada tras revisar que las candidaturas presentadas cumplían con los requisitos legalmente establecidos –aval de veinticinco miembros de la carrera o de una asociación judicial–, la integraban 51 miembros de la judicatura.

El problema es que aquel proceso de renovación descarriló tras desvelarse un Whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, presumiendo de que el pacto alcanzado con el PSOE para la conformación del nuevo Poder Judicial les permitiría “seguir controlando desde detrás” la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y la relación de aspirantes quedó guardada en un cajón a la espera de un nuevo acuerdo que aún hoy sigue sin llegar. Cinco años de bloqueo que han acabado mermando ligeramente una lista que para algunos ha quedado ya obsoleta. Cerca de una decena de candidaturas se han caído en todo este tiempo. En algunos casos, porque han sido retiradas. En otros, por jubilación o fallecimiento de los aspirantes a integrar el CGPJ.

El primer nombre que se cayó de la lista fue el de Luis Rodríguez Vega. Se retiró del proceso horas después de que trascendiese el famoso mensaje de Cosidó. Luego, se apartaron Inmaculada Montalbán, ahora magistrada del Tribunal Constitucional, o Diego Íñiguez, que actualmente ejerce como consejero del Tribunal de Cuentas. Un paso al lado que ha dado también, según explican desde su asociación, Ignacio Espinosa, que además se jubila dentro de pocos meses. O el magistrado del Supremo José María del Riego. Éste último no es, sin embargo, el único del Alto Tribunal que se ha caído de la relación de hace un lustro. También lo ha hecho Inés Huerta, aunque en su caso por jubilación –sólo pueden ser vocales aquellas en servicio activo–.

La salida de Del Riego y Huerta deja la lista con solo dos aspirantes procedentes del Supremo: José Antonio Montero y Ángel Arozamena, ambos de la Sala Tercera. Algo que choca con una Ley Orgánica del Poder Judicial que establece en su artículo 578 que la designación de los vocales de procedencia judicial deberá respetar, como mínimo, una proporción que incluya a tres magistrados del Alto Tribunal –además de otros tres con más de veinticinco años de antigüedad y seis sin sujeción a un mínimo de desempeño en el cargo–. “Si no existieren candidatos a vocales dentro de alguna de las mencionadas categorías, la vacante acrecerá el cupo de la siguiente por el orden establecido en este precepto”, asevera la norma que regula el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces.

La de Huerta no es, sin embargo, la única jubilación. También se han caído de la relación de aspirantes por este motivo Lucía Ruano o Jesús María Calderón. Una ristra de bajas a la que hay que añadir, también, la de César José García. Quien fuera presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias falleció en septiembre de 2021.

A pesar de ello, algunas de las asociaciones judiciales insisten en mantener viva esta relación de aspirantes como base para cualquier futuro acuerdo político. “Con los candidatos presentados entonces debe hacerse la renovación. El proceso abierto es el que debe finalizarse”, apuntan desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que aglutina a casi la mitad de los jueces asociados. “No tiene sentido volver a poner en marcha todo el proceso sin acabar el anterior. Hay que dar salida con lo que tenemos, y luego sentarse a pensar entre todos cómo evitar que todo esto vuelva a suceder”, afirman también desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la tercera con más músculo dentro de la judicatura.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), por su parte, pone sobre la mesa la sentencia emitida el pasado mes de junio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que dio la razón a seis magistrados que se presentaron en 2018 al proceso de renovación de la mano de este colectivo. Aquel fallo estableció que los aspirantes “tenían el derecho” a que sus candidaturas “fueran examinadas” por las Cortes, algo que no llegó a hacerse por la falta de acuerdo político. “Nunca se dijo en la sentencia que el proceso estuviese caducado o la lista caducada”, deslizan desde la asociación. No obstante, dejan claro que su “única posición” es que se reforme la ley para que sea la judicatura –y no el Congreso y el Senado– la que elija a los doce vocales judiciales. “Si se renueva conforme al actual sistema de designación partidista, no se despolitizará el CGPJ”, completan.

Otras fuentes jurídicas, sin embargo, no creen que la renovación pueda hacerse ahora en base al proceso iniciado hace un lustro. “Debería iniciarse uno nuevo”, consideran. Fundamentalmente, porque aquella lista no responde a la realidad actual de la carrera. En este sentido, recuerdan que además de las bajas, la relación de candidatos de hace cinco años deja fuera a más de medio millar de jueces que desde entonces se han incorporado a la carrera. “A ninguno se le estaría dando la oportunidad de participar en la renovación ni avalando a otros compañeros ni presentándose como aspirante”, apuntan esas mismas fuentes. Algo que, completan, podría suponer una vulneración de su derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

Las conversaciones que se inician este miércoles entre Gobierno y oposición suponen el enésimo intento para poner fin a toda una anomalía constitucional. Pero esta vez, la negociación comenzará en Bruselas y se llevará a cabo bajo la atenta mirada del comisario de Justicia de la Unión Europea. El pasado viernes, tras varias semanas de espera, Reynders aceptó finalmente ejercer como una suerte de mediador en un “diálogo estructurado” para desbloquear el Poder Judicial. Una conversación que, avisó, no deberá exceder “los dos meses”. Y que, con toda probabilidad, girará alrededor tanto de la renovación del órgano de gobierno de los jueces como de la reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial.

A este cambio de modelo es a lo que se ha agarrado el PP en los últimos meses para mantener el bloqueo en el Poder Judicial. Igual que en su momento utilizó como excusa para no sentarse a negociar la presencia de Podemos en el Ejecutivo, el rechazo que le generaban algunos candidatos, la aprobación de los indultos o la reforma del delito de sedición y malversación. Habrá que ver si ahora, con Reynders de por medio, el barco acaba llegando a buen puerto. O si, de nuevo, se hunde a medio camino.