El Presidente adelantó que en los próximos días se darán a conocer “soluciones y medidas concretas”.
El Presidente chileno Gabriel Boric reconoció este martes en un punto de prensa que los delitos y crímenes violentos han ido en aumento y aseguró que desplegará “toda la fuerza del Estado” para combatir la delincuencia que asola al país, sobre todo tras la llegada de bandas internacionales como el Tren de Aragua y sus diversos tentáculos.
Boric se refirió de esta manera al doble homicidio de agricultores, perpetrado en Malloa (unos 120 kms al sur de Santiago) el pasado fin de semana por un grupo de venezolanos indocumentados, señalando que “el despliegue de las policías ha sido eficaz, tenemos cuatro detenidos por este caso. Inmediatamente desde que se supo se desplegaron todas las alertas y hay cuatro personas detenidas que, una vez probado por la justicia la responsabilidad que tengan y de acreditarse ésta, van a tener que pagar y enfrentarse a la ley como corresponde”, según consigna una nota de Cooperativa.
Consultado acerca de cuáles serían esas medidas de seguridad y si incluirían la presencia de militares en las calles, el mandatario indicó que “no tengo ningún tipo de prejuicio o miedo atávico a ninguna solución en particular. A mí me importa que las soluciones que se ofrezcan tengan antecedentes, tengan respaldo para poder efectivamente solucionar el problema que se pretende atacar, y eso es lo que hemos estado trabajando en conjunto con el Ministerio del Interior, las policías y también conversándolo con las Fuerzas Armadas”.
“Durante la semana vamos a hacer más anuncios en materia de seguridad, no anuncios abstractos, sino soluciones y medidas concretas, en particular en ciertos sectores en donde ha habido situaciones críticas, pero que no les quepa duda que esto es una de nuestras principales prioridades como gobierno, que compartimos la indignación de la ciudadanía, que no estamos disponibles a dejar que esto se naturalice”, afirmó.
También se dio el tiempo para recordar que “el 2023 logramos, por primera vez en mucho tiempo, más allá del caso específico de la pandemia, contener e incluso disminuir levemente las cifras de asesinatos”.
“Sin embargo, es cierto que en los últimos meses específicamente ha habido un aumento de los homicidios y además homicidios de alta connotación pública y eso nos tiene ocupados y preocupados, y no es algo que vayamos a normalizar, estamos tomando medidas muy concretas, donde vamos a desplegar toda la fuerza del Estado que sea necesaria para poder contener a estos criminales y para que los criminales enfrenten la justicia chilena como corresponde”, prometió el Presidente.
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25 pensiones de gracia revocadas
El mandatario también se refirió a la polémica por las pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social con antecedentes penales, muchos de ellos por delitos graves como almacenamiento de pornografía infantil o delitos violentos, confirmando que 25 de ellas quedarán sin efecto.
“Quiero ser muy claro, las pensiones de gracia no son un premio al mérito….las personas tendrán que responder por el delito que hayan cometido, pero si es que sufrieron una grave vulneración a sus derechos humanos, como es el caso de una pérdida del globo ocular, tienen el derecho también a ser reparados”.
“Una cosa no quita la otra. Las responsabilidades penales hay que afrontarlas, acá claramente desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva personal, han habido irregularidades en el proceso, no estaban todos los antecedentes a la vista, habían deficiencias tanto en materia legal como en materia de decreto y por eso yo le encargué al Ministerio del Interior que revisara no solamente las pensiones que han salido a la luz, sino que todas y cada una de las carpetas”, manifestó.
El diputado Andrés Longton (RN), criticó al Gobierno señalando que en el tema pensiones de gracia se han ido “cientos de millones de pesos de recursos públicos todos los meses en manos de delincuentes, y el Presidente debe asumir la responsabilidad y pedir que dejen su cargo a disposición distintas autoridades que estuvieron a cargo de este proceso o que lo lideraban”.
“Lo que no puede ocurrir es que una vez más el Presidente se haga el desentendido y se siga extendiendo esta impunidad a propósito de las pensiones de gracia que lamentablemente terminaron en manos de delincuentes”, agregó.
Por otra parte, la diputada oficialista Lorena Fries aseguró que “claramente hay que rectificar y mejorar el proceso, hay que sanear los problemas que tuvo este proceso, pero yo debo decir que me parece que si las pensiones de gracia son una gracia del Presidente de la República, en el caso de las personas que fueron víctimas de violaciones a sus derechos durante el estallido no estamos hablando de una gracia, estamos hablando de un derecho de las víctimas y de una obligación del Estado, y en esa materia los antecedentes penales nunca han jugado un rol”.
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