Icbf en el ojo del huracán por presunta malversación de recursos en Nariño: la entidad se pronunció

En relación con la reciente publicación investigativa de Cambio en la que se expuso la presunta desviación de recursos en el contrato 363 de 2021 en el departamento de Nariño, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) emitió un comunicado para informar a la opinión pública sobre las acciones tomadas frente a estas revelaciones.

En dicho artículo se confirmó que los recursos destinados para la protección de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el departamento de Nariño terminaron en manos de particulares.

La Unión Temporal Mi Familia UT, conformada por IPS Afrosalud Colombia y la Corporación Colombia en Paz y Social, Corposocial, fue objeto de la pesquisa, revelando un posible fraude masivo que implicaba la falsificación de registros de atención a familias beneficiarias del programa “Mi Familia” del Icbf en Nariño.

El objetivo declarado era prevenir el maltrato infantil mediante visitas y seguimiento regular a los hogares.

El contrato, firmado en agosto de 2021 por un monto de 8.399 millones de pesos colombianos, buscaba beneficiar a 3.930 familias en 16 municipios del departamento durante 12 meses. Sin embargo, una revisión aleatoria de 812 llamadas reveló que más del 50% de los contactos eran inexistentes o incorrectos, y solo 441 fueron respondidos, de los cuales 62 afirmaron desconocer el programa.

Frente a esta situación, el Icbf emitió una comunicación dirigida a la opinión pública, en la cual informó que la Oficina Asesora Jurídica de la entidad estatal tuvo constancia del contrato.

“En relación con los procesos administrativos sancionatorios es importante precisar que estos se encuentran en cabeza de las Direcciones Regionales, como ordenadoras de este gasto, a ellos corresponde la gestión y decisiones de fondo en cada caso. No obstante, y a pesar de que por competencia estos procesos no son adelantados desde el despacho de la Dirección General, esta administración identificó demoras excesivas en su trámite, por lo que dispuso mecanismos de acompañamiento, logrando así duplicar las sanciones impuestas a los operadores que no cumplieron a cabalidad el objeto para el cual fueron contratados, pasando de 30 sanciones impuestas en 2021 a 70 en 2023″, se puede leer en el documento.

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