La violencia extremista ha ido a más en Argentina en paralelo al auge de Milei

La contundente victoria de Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas de noviembre pasado podría verse como el punto de partida de una nueva ola de gobiernos de derecha en el continente, más radical que la anterior en la década de 2010 (Jair Bolsonaro en Brasil, Sebastián Piñera en Chile, Mauricio Macri en Argentina…). Al menos, eso es lo que se esperan los líderes de este movimiento global, cuyas conexiones son cada vez más densas en un escenario internacional marcado también por el estallido de dos guerras.

A diferencia de sus oponentes progresistas, la extrema derecha parece haber aprendido de sus fracasos, personificados en Argentina por la experiencia de Mauricio Macri, presidente entre 2015 y 2019. A su entender, les faltó perspicacia a la hora de implementar los cambios. Esta conclusión queda clara al recordar la forma en que Donald Trump, en Estados Unidos, y Jair Bolsonaro, en Brasil, dejaron sus cargos tras ser derrotados en las urnas. En estos dos países, la toma de la sede del poder político por grupos civiles, con la complicidad de las fuerzas de seguridad, envió una señal clara: la extrema derecha quiere ahora utilizar la violencia política como método para forzar los límites impuestos por la democracia. 

En Argentina, podemos identificar al menos cuatro manifestaciones de la extrema derecha, que aparecieron en distintos momentos y circunstancias, pero que finalmente confluyeron para formar parte de una misma dinámica histórica.  La primera se remonta a 2018, como reacción a la “marea verde” de activistas que luchaban por el aborto libre, legal y gratuito. En ese momento, fueron los sectores más conservadores, cercanos a las iglesias evangélicas los que estuvieron a la vanguardia, desplegando un eficaz cabildeo parlamentario y logrando movilizar a grupos populares en las calles. Asistimos a ese fenómeno con asombro, pero se disipó rápidamente, en medio de las celebraciones por la derrota de Mauricio Macri en 2019 y el regreso al poder de los peronistas, con la elección de Alberto Fernández en 2019.

Junto a esta movilización callejera se desplegó una maquinaria de guerra digital abiertamente reaccionaria, con fuertes tintes antifeministas y antiprogresistas. Los influencers tuvieron un papel protagonista en la elaboración de los argumentos y el diseño de las campañas electorales. Una miríada de usuarios con posiciones más bien minoritarias, que habían sido expulsados de las instituciones políticas y de los medios de comunicación, encontraron en las redes sociales un lugar donde expresar sus convicciones políticamente incorrectas.

La tercera manifestación, a nivel electoral esta vez, giró en torno a la persona de Javier Milei, atrapado él mismo en su narrativa libertaria. El impresionante resultado que obtuvo en las elecciones legislativas de 2021 (17% en Buenos Aires) cambió las reglas del juego. Milei se encontró de repente guiado por una estrategia clara para acceder al poder, amalgamando en torno a sí diversas corrientes ideológicas que pululaban en el seno de la extrema derecha.

El cuarto asalto estalló en nuestras pantallas el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel apuntó con su pistola a la cara de Cristina Fernández de Kirchner, entonces vicepresidenta peronista de la República Argentina. Esa tentativa de asesinato inyectó un tipo de lenguaje bélico en la pugna electoral, ante el que el sistema político en su conjunto no supo cómo actuar, oscilando entre el asombro y la impotencia.

Pero el verdadero catalizador de todo esto fue la pandemia que asoló el planeta en 2020. En Argentina, el confinamiento ordenado por el Ejecutivo durante muchos meses sirvió de caldo de cultivo para las ideas libertarias, que captaron el descontento social, sobre todo entre los jóvenes. Este enojo conectó con el arco de fuerzas del antiperonismo histórico. En algunos sectores, el descontento generalizado con la “agenda progresista” se convirtió en una amenaza para la democracia. Esta situación dio lugar a una facción especialmente violenta, una “derecha radicalizada” que se organizó para atacar e intimidar. Durante y después del estado de emergencia, proliferaron grupos de choque que centraron sus esfuerzos en desbancar al Frente de Todos (coalición peronista en el poder hasta 2023) del poder ejecutivo.

En este contexto, el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022 es considerado como un punto de inflexión, desempeñando un papel importante en la derrota del peronismo, primero política y luego electoral. ¿Por qué? Porque puso de manifiesto el grado de debilidad de las fuerzas populares y progresistas que apoyaban al Gobierno.

En el momento de escribir estas líneas, nuestra plataforma Radar (ver a continuación) ha enumerado 262 atentados que, por sus características manifiestas, son claramente atribuibles a esa “derecha radicalizada”. No se trata de una lista exhaustiva, por lo que no es posible extraer conclusiones definitivas. Simplemente queremos contribuir a un debate más amplio sobre el alcance de estas prácticas antidemocráticas.

El equipo de investigación política de la revista Crisis, en colaboración con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ha creado el Registro de Ataques de la Derecha Radicalizada Argentina (Radar), una herramienta digital abierta y colaborativa que intenta registrar sistemáticamente casos a nivel nacional. Antes de su creación, buscamos en medios de comunicación y redes sociales los atentados ocurridos desde 2020 que se hubieran hecho públicos. Tras su lanzamiento el 1 de septiembre de 2023, colgamos en la web un formulario con el que cualquiera puede denunciar incidentes de violencia de extrema derecha que haya vivido o presenciado. Los casos son comprobados por un equipo especializado y luego se publican en el mapa interactivo. Nuestro objetivo es proporcionar a las organizaciones sociales, las autoridades públicas y los ciudadanos en general una visión más cercana de esta forma de violencia antidemocrática, lo que ayudará a combatirla eficazmente.

Por “agresiones de la derecha radicalizada” entendemos las acciones que expresan el deseo de destruir al otro con el objetivo de silenciar, intimidar, disciplinar o eliminar identidades políticas. Sólo incluimos los casos geolocalizables y que van más allá del simple odio diseminado en las redes. No se trata de descartar el ecosistema digital violento que prepara el terreno y crea las condiciones. Pero en esta fase, nos centramos en los actos concretos que ponen en práctica el discurso del odio y/o implican un riesgo para quienes sufren la agresión.

De los 262 casos que detectamos, 20 ocurrieron en 2020, 49 en 2021, 52 en 2022, mientras que en 2023 se registraron 141 ataques.

La mayoría son “ataques a símbolos y lugares” (185), a los que siguen casos de “acoso e intimidación” (57) y “ataques contra la vida y la integridad física” (20).

En cuanto a las narrativas utilizadas, pueden clasificarse según el objeto del ataque:

a) contra identidades políticas (asociadas al peronismo, la izquierda en general y los movimientos sociales).

b) negación y apología de la dictadura contra los movimientos por la memoria y los derechos humanos.

c) misoginia, antifeminismo y oposición a la diversidad de género.

d) nazismo, antisemitismo y supremacismo.

e) racismo y xenofobia.

De las 33 agresiones registradas por Radar en las semanas previas y posteriores a las elecciones presidenciales de 2023, las únicas que llegaron a la violencia física tuvieron que ver con cuerpos considerados por algunos como desviados. Chicas y chicos trans, travestis, lesbianas, personas no binarias y queer fueron blanco de agresiones en el espacio público por expresar un género fuera de las normas establecidas.

Como explican sin rodeos los partidarios de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, la diversidad sexual es tolerable siempre que permanezca dentro de los confines de la esfera privada. La amenaza surge cuando esta diversidad se expresa políticamente y despliega sus propias formas de habitar el espacio público. Aunque la violencia callejera no es nada nuevo para muchas de esas personas, aquí hay algo específico, que reside en el paso de una dinámica aún contenida a una forma de contagio generalizado.

La contraofensiva antifeminista que saltó a la palestra por primera vez durante los debates sobre la ley del aborto atrajo posteriormente a muchos adolescentes descontentos, inquietos por el aumento de los escraches punitivos en colegios e institutos (denuncias públicas de violencia por parte de sus presuntas víctimas, en los centros de enseñanza, a partir de 2018).

Este descontento se convirtió en rabia durante el encierro. Y la narrativa libertaria propuesta por Milei, retransmitida en las redes sociales, ofrecía una explicación a sus frustraciones. El feminismo se convirtió en una inversión maniquea de los roles “naturales” y “deseables”. Los cursos de educación sexual integral, en vigor desde 2006, se estaban convirtiendo en un adoctrinamiento para la promoción de la homosexualidad. Las identidades trans eran una aberración. La conquista de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+ (materializada en la creación de un ministerio específico) demostraría que estos colectivos forman parte de esta “casta” que parasitaba la sociedad.

Pero hay que decir que no se trata simplemente de diferencias ideológicas, o de un fenómeno de brecha social y polarización como hemos visto hasta ahora, sino de un deseo de aniquilamiento, en nombre de una regulación moral de los modos de habitar el espacio común. Como señala la antropóloga Rita Segato, estos actos de violencia patriarcal –siempre espectaculares– tienen un efecto pedagógico que no se dirige a las víctimas directas de estos actos, sino a los hombres colectivamente. Es una forma de renovar la apelación a una fantasía heroica.

Desde que la extrema derecha llegó al poder en forma de plebiscito el 19 de noviembre, la violencia no ha disminuido: se ha extendido aún más. Podemos distinguir tres tipos de ataques, cada uno de los cuales requiere una respuesta diferente.

En primer lugar, están los casos llamados “espectaculares”, cuyo objetivo es provocar un clima de pánico y promover un sentimiento generalizado de miedo. La carta recibida por un grupo de diputados nacionales con amenazas de muerte y terminología nazi, o el vídeo de un presunto exmilitar advirtiendo a varios líderes sociales de que serían repelidos con armas de fuego si salían a manifestarse a la calle, son ejemplos evidentes. Son actos gravísimos que merecen una respuesta institucional firme, pero no hay que exagerar su frecuencia, ya que su objetivo es precisamente inocular terror.

Existe un segundo tipo de ataque que llamaremos “espontáneo”, llevado a cabo principalmente por partidarios de La Libertad Avanza, que, envalentonados, han decidido cargar contra quienes encarnan las identidades políticas que perdieron las elecciones. Amenazas o provocaciones contra militantes políticos y sociales, disidentes, sedes de partidos, fábricas recuperadas por sus trabajadores y centros culturales pertenecientes al amplio espectro de los movimientos de izquierda y progresistas, en las más diversas geografías, con un alto grado de capilaridad.

El tercer tipo es especialmente preocupante, ya que se trata de “ataques orquestados”, con cierto grado de organización y que son el germen de la acción represiva de fuerzas no estatales. En algunos casos, los organizadores pertenecen al partido libertario de Milei, en otros permanecen en la sombra y se desconoce su capacidad operativa real.

Un ejemplo se dio el día de las elecciones presidenciales en Caseros, al oeste de la provincia de Buenos Aires, en el colegio donde debía votar la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel. Miembros de la Comisión de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas realizaron allí una manifestación pacífica, y militantes de La Libertad Avanza se organizaron para acudir al lugar y amenazarles: “Os va a pasar lo mismo que a los desaparecidos [en la dictadura]”. Esta forma de violencia de extrema derecha, que hemos detectado en varias zonas, anuncia un conflicto territorial que puede influir decisivamente en la configuración del conflicto social que se avecina.

Para repeler con decisión estos ataques, es necesario desarrollar estrategias específicas que tengan en cuenta la naturaleza singular de cada una de estas acciones. Recurriendo a las instancias institucionales comprometidas con la defensa efectiva de la vida democrática, y con la lucidez suficiente para crear nuevas herramientas de defensa de los derechos humanos aquí y ahora. Radar es una modesta contribución a este camino colectivo.

Traducción de Miguel López