Once profesionales de la comunicación abandonaron el país para proteger sus vidas. En medio del conflicto armado interno, un canal de TV fue tomado por terroristas.

La toma violenta de TC Televisión por parte de un grupo narcocriminal ha sido uno de los hechos más recientes que evidencian la indefensión del periodismo ecuatoriano. El escenario violento tuvo su primera gran alerta en el 2018, con el secuestro y asesinato de un equipo de diario El Comercio. La impunidad sobre ese crimen, el discurso contra la prensa desde las esferas políticas y la penetración del crimen organizado han resultado en un ambiente hostil para ejercer en Ecuador. Prueba de esto es que once periodistas se exiliaron luego de recibir amenazas contra su vida. De ellos, solo dos han podido retornar al país y seguir ejerciendo.

Durante el 2023, alrededor de 340 periodistas y trabajadores de la comunicación sufrieron algún tipo de agresión. Fueron más de 250 alertas reportadas con un incremento de la violencia del 275 % en comparación con el 2022, según los reportes de Fundamedios y Periodistas Sin Cadenas, dos organizaciones de la sociedad civil que velan por la libertad de expresión, la defensa de los periodistas y que conforman la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP).

Realizar coberturas sobre narcotráfico en medio de la violencia provocada por la operación de las bandas del crimen organizado no es fácil. Los periodistas enfrentan nuevos desafíos en materia de seguridad, contacto con las fuentes y censura. A esto se suman los dilemas éticos que ha enfrentado el gremio ecuatoriano, especialmente tras la revelación del Caso Metástasis donde se evidenció que un periodista mantenía una relación cercana con un capo narco que planificaba atentar contra otros colegas.

El secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, un equipo periodístico de El Comercio de Ecuador, fue la primera gran alerta del panorama violento para el periodismo en el país.

Los retos no son exclusivos de los periodistas profesionales en ejercicio, sino también de las Escuelas de Periodismo de las universidades, de los medios de comunicación y, principalmente del Estado, que a través de sus instituciones debe proteger a los comunicadores y desembolsar los recursos para que los mecanismos de protección funcionen.

El exilio y el silencio

Desde que inició la crisis carcelaria con las primeras masacres en el 2021, la voz de la periodista Karol Noroña ganó gran relevancia. Sus investigaciones sobre cómo funcionan las estructuras delictivas del país, de la gobernanza que los líderes criminales ejercen en la cárcel, de las injusticias de un sistema penitenciario deficiente y del drama de las familias de los prisioneros, la especializaron en la cobertura de seguridad. Sin embargo, en marzo de 2023, Noroña conoció que un cabecilla de una banda narcocriminal quería matarla.

“Sé que quienes quisieron matarme son protegidos por el Estado ecuatoriano. Lo digo con total dureza porque gozan de todo privilegio en prisión, ordenan crímenes desde adentro y son beneficiados por la justicia ecuatoriana. Nuestras familias nos quieren vivos y libres pero ahora ser periodistas en Ecuador, convertido en narcoestado nos puede costar una bala en la cabeza”, relató la periodista ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Karol Noroña, periodista ecuatoriana en el exilio especializada en coberturas de seguridad.

Ante la inminente amenaza contra su vida, Noroña tuvo que exiliarse. El medio en el que entonces trabajaba ejecutó un operativo para proteger a la periodista tomó menos de 24 horas y tuvo el apoyo de más de 10 organizaciones de derechos humanos y protección a los periodistas de todo el mundo. A poco de cumplirse un año de su exilio, Noroña no ha podido seguir ejerciendo y aún no puede regresar al Ecuador.

En conversación con Infobae, la periodista contó su preocupación sobre la falta de seguridad de los periodistas: “No hay luces claras de de lo que va a pasar a futuro… Este proceso de violencia evidentemente no solo es para los periodistas que cubren o que se especializan en seguridad o crimen organizado. Hacen falta de de procesos de protección, de garantías de trabajo por parte de no solo del Estado ecuatoriano, sino de las propias redacciones. Esto te deja en una en una línea muy roja de seguridad para todos los periodistas”.

Con convicción y con base en su experiencia como periodista exiliada, Noroña aseguró: “Yo creo que al Estado no le interesa garantizar la vida de los periodistas”. Para ella, esta despreocupación estatal se refleja en la falta de recursos para el mecanismo de protección de periodistas, que no puede funcionar sin una asignación presupuestaria.

Zonas como Durán, en la costa ecuatoriana, podrían considerarse como jurisdicciones silenciadas y altamente riesgosas para hacer periodismo. (REUTERS/Vicente Gaibor del Pino)

El exilio, indicó Noroña, no solo complica al periodista que debe abandonar su país, a su familia y a su trabajo, sino que tiene otros impactos: “No solo es un una afectación personal que tú tienes como periodista, como medio, sino también es un tema de truncar la libertad, el derecho a informarse de la gente. Después de todos estos 11 exilios y de todo lo que hemos visto, sí hay un ambiente de autocensura muy marcado también en la redacciones”.

En su informe sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador en el 2023, Fundamedios incluyó un apartado denominado Zonas de miedo: “El crimen organizado se ha encargado de censurar a cualquier voz que denuncie sus entramados. Este año se reportan zonas donde la violencia de estas bandas gobiernan”, se lee en el informe. Estas jurisdicciones también se llaman zonas silenciadas y se entienden, según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como: “aquellas regiones en las que las organizaciones criminales tienen una fuerte presencia, los periodistas están en medio del fuego cruzado y en muchas ocasiones para salvaguardar la vida o la integridad física, e incluso para mantenerse en la profesión, deben alinearse a los intereses de algún poder, lo que supone dejar de informar y guardar silencio”.

Además del rol del Estado, las redacciones y los periodistas deben prepararse y mejorar o implementar protocolos de seguridad y protección. Noroña aseguró que es necesario tener dirección al momento de cubrir el crimen organizado y de aprender a tratar con esas nuevas historias y fuentes. Para la periodista, la precarización y la falta de recursos en los medios de comunicación también agravan la situación: “Trabajas en medio de condiciones precarias… Te toca ir en bus a la cárcel”, contó Noroña para ejemplificar la falta de medidas de seguridad que hay en los medios.

La enseñanza del oficio y los dilemas éticos

El narcotraficante Leandro Norero. (Policía Nacional).

Las Escuelas de Periodismo miran con preocupación el nuevo escenario en el sus estudiantes deberán ejercer. La preparación en coberturas de riesgo, la profundización sobre el manejo de fuentes y la necesidad de un periodismo ético son temas que se discuten con mayor detenimiento. Esto último surge luego de la revelación del caso Metástasis, definido por la Fiscalía como el proceso “más grande de la historia en contra de la corrupción y el narcotráfico”.

Dicho caso tiene como pieza clave las conversaciones que mantenía el capo asesinado Leandro Norero con sus abogados, socios, entre otros, incluyendo al periodista de La Posta, Andersson Boscán, que conversaba con Norero frecuentemente. Los chats revelados por la Fiscalía y que han sido reconocidos por el comunicador, muestran que ambos se trataban de “hermano” y “ñaño (hermano)”. En las conversaciones Boscán le pregunta al narco sobre cómo avanzan sus procesos judiciales e incluso le propone tomar un café cuando Norero salga de la prisión, le ofrece colaborar con la redacción de un libro y le cuenta sobre planes de la redacción del medio.

Sobre estas revelaciones, Boscán emitió un mensaje a su audiencia durante el programa matutino que dirige y que se transmite por YouTube y aseguró que Norero era solo una fuente: “Había mucha sorpresa porque trataba a Norero de hermano, es un genérico que tiendo a mal utilizar, pero hay una explicación. Un periodista es una persona que recibe información de distintas fuentes. Estas no son ni buenas ni malas, son fuentes”.

Una de las conversaciones que la fiscal ha relatado como relevantes entre Boscán y Norero es una en la que el periodista le pide al narco información sobre ciertos funcionario del gobierno de Guillermo Lasso con relación a las aduanas. Boscán le recalca a Norero que está interesado específicamente en el tema político y que no le interesa ni el contrabando ni las drogas. Sobre esto, el periodista explicó: “La frase de ‘no me interesa el narcotráfico y el contrabando’ tiene una sencilla explicación: Yo soy fan de tener la cabeza pegada al cuello. A mí me gusta mucho que no me maten”.

Luego de ese mensaje, se conoció que Norero y uno de sus socios planeaban atentados en contra de periodistas de varios medios, principalmente de la periodista Sara Ortiz, de Expreso, que había investigado a Xavier Jordán, buscado por la Interpol y prófugo de la justicia ecuatoriana. Con esa revelación, Boscán dijo, en una entrevista con Teleamazonas, sentirse asqueado al ver sus conversaciones con el capo Norero.

Daniela Gallardo, directora de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Nacional de Loja, habló con Infobae y explicó que actualmente “Lo que sucede en el país está cambiando toda la forma de ejercer nuestro oficio… No solo estamos viendo los riesgos que conlleva hacer buen periodismo en el Ecuador sino que también hay un dilema ético”. Gallardo se refiere a las coberturas que implican acceder a fuentes del mundo criminal y también a la polarización y al tratamiento político de la información en los medios de comunicación.

Chats entre Xavier Jordán y Leandro Norero. Jordán le pedía a Norero que atentara contra una periodista que lo investigaba.

Para Tania Orbe, coordinadora de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Francisco de Quito, “el panorama es bastante desolador”. Tanto Orbe como Gallardo coinciden en la necesidad de respetar los códigos deontológicos del periodismo: “Este panorama desolador implica un sacudón, debe verse como una oportunidad para replantearnos y volver a los principios éticos”, dijo Orbe.

Las dos docentes universitarias coinciden en la necesidad de replantear la enseñanza del periodismo a las nuevas generaciones que aspiran a ejercer esa profesión. “Desde la Academia estamos llamados no solo a discutir, sino a plantear alternativas de tratamiento de capacitación de formación a los nuevos periodistas”, explicó Orbe. Mientras que Gallardo señaló que: “Estamos ejerciendo todos nuestros esfuerzos para que los futuros comunicadores tengan las herramientas necesarias para entender cómo hacer una cobertura de riesgo. Desde una parte operativa, saber cómo se ejecuta un buen protocolo en una sala de reacción y desde la parte ética, comprender qué es más recomendable si entrar a una intimidad con tus fuentes que representan un riesgo para todos, no solo para ti, o poder encontrar la información aplicando todos los códigos periodísticos”.

Por Yalilé Loaiza

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