Una creciente presión social intenta frenar la venta de armas a Israel ante la alerta de “limpieza étnica”

Más de tres meses después del inicio de la operación militar israelí Espadas de hierro, que ha matado ya a más de 25.000 personas en la Franja de Gaza –según el Ministerio de Sanidad local–, está cobrando impulso la campaña internacional para detener la venta de armas al Estado israelí. Las voces críticas, hasta ahora limitadas a debates –a veces acalorados, como en Estados Unidos– en los países aliados de Israel, parecen empezar a formar un movimiento más estructurado, con la publicación el 24 de enero de un llamamiento conjunto de 16 grandes ONG para «detener inmediatamente las transferencias de armas, piezas de repuesto y municiones a Israel», así como «a los grupos armados palestinos».

Lo firman dos grandes organizaciones de derechos humanos (Amnesty International y Human Rights Watch), que ya se habían pronunciado por separado para condenar estas ventas de armas, así como organizaciones humanitarias de emergencia (Médicos del Mundo), ONG especializadas en protección de la infancia (Save the Children, War Child Alliance), protección de refugiados (Danish Refugee Council, Norwegian Refugee Council) y del desarrollo (Oxfam). La lista de firmantes también incluye varias organizaciones benéficas religiosas: Christian Aid, Diakonia, American Friends Service Committee y el Mennonite Central  Commitee. A estas organizaciones podrían sumarse nuevos firmantes en los próximos días.

Este embargo sobre la venta de armas debe aplicarse «mientras exista el riesgo de que se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos». Este es claramente el caso en estos momentos en la Franja de Gaza.

Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas, el ejército israelí lanzó la operación militar Espadas de Hierro, que parece consistir principalmente en represalias indiscriminadas a gran escala contra los palestinos de Gaza. La relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha condenado la «limpieza étnica» por parte de Israel y ha afirmado que existe «riesgo de genocidio» de los palestinos del enclave.

El llamamiento de las 16 ONG se refiere a la situación sobre el terreno, en particular a los «bombardeos indiscriminados» del ejército israelí, calificados de «inaceptables» y que han provocado, entre otras cosas –además de los muertos y los más de 60.000 heridos–, el sufrimiento de más de 1.000 niños palestinos «que han tenido que sufrir la amputación de miembros», más de medio millón de palestinos «enfrentados a la inanición», «más del 70% de las viviendas» de Gaza destruidas o dañadas y «más de 300 trabajadores sanitarios» muertos.

Los intentos de enviar ayuda humanitaria a la zona se ven impedidos en la práctica por «la intensidad de las hostilidades», que incluyen «ataques contra convoyes humanitarios, interrupciones recurrentes de los servicios de comunicación, carreteras dañadas, restricciones a las ayudas esenciales, una prohibición casi total de productos comerciales y un engorroso proceso burocrático para enviar ayuda a Gaza».

La petición de un embargo de las transferencias de armas a Israel y Gaza se vio impulsada por el fracaso de los llamamientos internacionales a un alto el fuego inmediato. «Junto con otras organizaciones, dimos conferencias de prensa en noviembre y diciembre para pedir un alto el fuego humanitario», explica Federico Dessi, Director Regional de Handicap International en Oriente Medio.

La sociedad civil se hizo eco de esta movilización a través de la campaña Ceasefire Now, a la que se sumaron cientos de sindicatos, organizaciones confesionales, universidades y asociaciones profesionales. Pero estos llamamientos al alto el fuego no pudieron transformarse en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debido a los vetos de Estados Unidos al respecto. Como estos llamamientos al alto el fuego «no han sido escuchados por el momento», estas ONG «decidieron que había que ir más allá, con un llamamiento a suspender los envíos de armas a Israel y a los grupos armados palestinos», explica Federico Dessi a Mediapart, socio editorial de infoLibre. «Porque a través de esos envíos, ciertos Estados, incluidos los occidentales, están ayudando a prolongar el conflicto».

«Lo que está ocurriendo en este momento es una masacre, una catástrofe, y hay que poner fin a los combates lo antes posible», insiste este dirigente humanitario. Handicap International tiene actualmente 90 empleados en Gaza. Sólo pueden trabajar en la zona de Rafah, tras haber «perdido gradualmente el acceso» al norte, al centro y después a la región de Jan Yunís en los últimos días debido a la ofensiva terrestre israelí.

Los principales países exportadores de armas a Israel son Estados Unidos –sobre todo vehículos blindados de transporte de tropas, aviones de combate y bombas–, Alemania, Italia, Canadá y Francia. Según las últimas cifras oficiales disponibles, Francia ha vendido a Israel en 2022 armas por valor de 15,3 millones de euros.

Si bien Francia es clara en su exigencia de un «alto el fuego» en Gaza, no lo es tanto en su política de ventas de armas al Estado judío. En teoría, sus compromisos internacionales le prohíben continuar con esas exportaciones. Francia es signataria del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) de 2013, que prohíbe a un Estado vender armas si tiene «conocimiento […] de que las armas o el material podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes contra la humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques contra civiles o bienes de carácter civil protegidos como tales, u otros crímenes de guerra».

A pesar de eso, ¿ha entregado o vendido Francia armas a Israel desde el 7 de octubre y, en caso afirmativo, cuáles? ¿Seguirá entregándolas o vendiéndolas en el futuro, a pesar del riesgo de convertirse en cómplice de crímenes de guerra en Gaza? Esa pregunta fue formulada por el diputado de La France Insumise, Aurélien Saintoul, al Ministerio de Defensa francés el 7 de noviembre de 2023. Hasta ahora no ha recibido respuesta. Preguntado de nuevo por Mediapart el 24 de enero, el ministerio nos dio por fin un principio de respuesta: «Francia respeta estrictamente sus compromisos internacionales en materia de exportación de armas a Israel […]. Como tal, no exporta, y no exportaba antes de los dramáticos acontecimientos del 7 de octubre, ningún material letal susceptible de ser utilizado contra civiles en la Franja de Gaza». Pero el mismo ministerio afirma también que Francia «exporta material militar a Israel para que pueda defenderse, como tiene derecho a hacer en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas».

¿Cuál es precisamente ese material que permite a Israel «garantizar su defensa» sin ser letal? Y si Francia no exportaba material letal antes del 7 de octubre, ¿cómo se explica que, según los últimos datos públicos disponibles, en 2022 Francia haya expedido 9 millones de euros en licencias de exportación de armas de la categoría militar ML4, es decir, «bombas, torpedos, cohetes, misiles, otros artefactos y cargas explosivas y el material y accesorios correspondientes»?

En el momento de redactar estas líneas, el gabinete del ministro Sébastien Lecornu aún no ha podido proporcionarnos estos detalles. El Ministerio de Asuntos Exteriores, preguntado también en la mañana del 24 de enero, nos dijo que pasarían varios días antes de que pudiera darnos una respuesta.

Traducción de Miguel López