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Por disposición de la Corte Constitucional, a partir del 1 de julio de 2025, la responsabilidad de alimentar a las personas recluidas en los centros de detención transitoria recaerá en los municipios y departamentos. En 2024, se proyecta una partida de $670 mil 656 millones para cubrir esta necesidad.
La Ley, de autoría del Ministerio de Justicia y del Derecho, fue concertada con diferentes organizaciones de municipios, departamentos, así como con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
Con la firma de la sanción presidencial de la ley 2346 del 10 de enero de 2024, que garantiza la alimentación para personas privadas de libertad de manera transitoria hasta el 30 de junio de 2025, 17 mil personas sindicadas en Colombia, que se encuentran recluidas en estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI), recibirán tres raciones de comida diariamente, a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
A partir del 1 de julio de 2025, la responsabilidad de alimentar a las personas recluidas en los centros de detención transitoria recaerá en los municipios y departamentos, conforme a la orden de la Corte Constitucional en 2022. En 2023, se cerró con una asignación de $647 mil millones para la alimentación de todos los privados de la libertad, incluyendo los que son internos de cárceles que administra el Inpec. De esos recursos, cerca de $93 mil millones fueron destinados a estaciones de policía y las URI. En 2024, se proyecta una partida de $670 mil 656 millones, para cubrir esta necesidad.
La hoy Ley de la República, de autoría del Ministerio de Justicia y del Derecho, fue aprobada definitivamente a comienzos de diciembre por el Congreso de la República. Su construcción fue apoyada por entidades territoriales, como Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, Federación Nacional de Departamentos, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
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REDACCIóN COLOMBIA
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