Expertos advierten que esta medida podría desencadenar enfrentamientos legales y «una guerra de confiscaciones».
La Unión Europea (UE), Estados Unidos, Japón y Canadá congelaron unos 300.000 millones de dólares en activos del Banco Central ruso en 2022 en respuesta al operativo militar iniciado por Moscú en Ucrania. Unos 200.000 millones de esta cantidad se encuentran en Europa, principalmente en el depositario belga Euroclear.
Los líderes de países occidentales expresaron en reiteradas ocasiones su deseo de confiscar los activos rusos congelados y usarlos para las necesidades de Kiev. En diciembre se reportó que EE.UU. incluso propuso a los grupos de trabajo del Grupo de los Siete (G7) examinar formas de hacerlo y analizar todos los aspectos relacionados hasta finales de febrero del 2024.
Tal opción ayudaría a financiar a Ucrania, teniendo en cuenta que el presidente de EE.UU., Joe Biden, enfrenta una dura oposición a su solicitud de gastar otros 61.000 millones de dólares en ayuda militar a Kiev, al mismo tiempo que Europa no logra acordar un paquete de asistencia de 50.000 millones de euros (54.000 millones de dólares) debido al veto de Hungría.
¿Es posible hacerlo?
Sin embargo, es poco probable que esta medida pueda materializarse, puesto que presenta demasiados riesgos desde el punto de vista legal, afirmaron a Reuters altos funcionarios de la UE que hablaron bajo condición de anonimato.
«La confiscación del capital de los activos rusos no sucederá. No hay acuerdo sobre esto entre los países miembros de la UE«, reportó una de las fuentes familiarizadas con el asunto. Sus palabras fueron apoyadas por otro funcionario, quien citó el riesgo de que Moscú pueda tomar medidas de respuesta y, en particular, confiscar «considerables» activos de Euroclear. «Euroclear maneja billones [de euros], y su insolvencia sería mucho mayor que el presupuesto de la UE. Tenemos que equilibrar el riesgo y el beneficio», explicó.
Por su parte, el ministro de Finanzas de Bélgica, Vincent van Peteghem, señaló que el bloque comunitario debe ser «muy prudente» sobre la propuesta de incautar activos rusos, y destacó la importancia de que la medida sea «jurídicamente correcta» y de que el bloque «evite cualquier impacto en la estabilidad financiera«.
También el canciller de Luxemburgo, Xavier Bettel, subrayó la importancia de la base legal de la medida. «Imagínense que decidimos, políticamente, dar miles de millones [de activos rusos] a Ucrania, y al cabo de seis meses tenemos una decisión judicial diciendo que no nos está permitido dárselos. Entonces, ¿quién va a pagar?«, preguntó Bettel.
¿Un desafío legal?
En este contexto, Moscú puede emprender medidas legales para obstaculizar cualquier intento de Occidente de confiscar su dinero.
En noviembre, el portavoz oficial de Kremlin, Dmitri Peskov, ya había advertido que Moscú impugnaría en los tribunales las posibles medidas emprendidas en el extranjero en relación con los activos rusos. «Esto es ilegal, va en contra de todas las reglas posibles», remarcó. «Esto supondrá costos judiciales y legales muy graves para quienes tomen tales decisiones«, aseguró.
Posteriormente, volvió a remarcar en repetidas ocasiones que se trata de un tema «no aceptable» para Rusia. «Es peligroso para el sistema financiero mundial porque, si los planes se hacen realidad, será un golpe muy serio para todo el sistema de referencia«, declaró. «Aquellos que están tratando de iniciarlo y lo lleven a cabo deben entender que la Federación de Rusia nunca dejará tranquilos a los que lo hagan, ejercerá constantemente el derecho de impugnación judicial, internacional, nacional y de otros tipos», explicó.
Sus palabras fueron apoyadas por la presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiúllina, quien calificó la congelación de los activos rusos como «una señal muy negativa para todos los bancos centrales, porque es una violación de los principios básicos de seguridad de las reservas«.
Por su parte, Serguéi Glandin, experto en derecho de sanciones y socio de BGP Litigation en Moscú, destacó que Rusia podría denunciar la medida ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo. En cualquier caso, un intento de apoderarse de los activos rusos dará lugar a múltiples disputas legales en los tribunales que durarán «muchos años» y podrían desencadenar «una guerra de confiscaciones«.
Una respuesta «simétrica»
Esta hipótesis sería verdaderamente factible, ya que en octubre el presidente de la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, señaló que Moscú podría responder de manera «simétrica» a las acciones de Occidente.
En aquel entonces, Volodin manifestó que los políticos europeos nuevamente «comenzaron a hablar de robar los fondos congelados de nuestro país para continuar con la militarización de Kiev a sus expensas». «Tal decisión requeriría una respuesta simétrica de la Federación de Rusia. En tal caso, se confiscarán activos de países hostiles mucho mayores que nuestros fondos congelados en Europa«, dijo.
Asimismo, en una declaración posterior, el alto funcionario advirtió a los países del G7 que quieren «robar» los activos congelados rusos de que Moscú tiene «motivos morales y legales» para confiscar los activos de estos Estados en su territorio. Volodin volvió a reiterar que Rusia tiene acceso a activos occidentales más cuantiosos que los fondos rusos congelados en el extranjero.
«No tiene nada que ver con Ucrania»
Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, también prometió que si se confiscan los activos rusos congelados se tomarán medidas de represalia «notables y dolorosas«.
De acuerdo con sus palabras, el deseo de Estados Unidos de incautar los activos rusos «no está relacionado con la posición de Washington sobre Ucrania». «Ya lo habían hecho antes», explicó. «Tenemos cinco propiedades inmobiliarias en Estados Unidos que fueron confiscadas por Washington de la misma manera», recordó.
La vocera aseguró que las autoridades estadounidenses están tratando de alentar a la Unión Europea a ser la primera «en cometer duras acciones ilegítimas», para que sea Bruselas quien «cargue con todas las inevitables consecuencias negativas de tal paso«.
actualidad.rt.com
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