La promesa falsa de la “industrialización” del litio en Bolivia

En abril de 2021, YLB lanzó una convocatoria internacional para la extracción directa de litio (EDL). Sin embargo, los convenios firmados con YLB en diferentes fechas, como el 20 de enero de 2022 con CBC y el 29 de junio de 2023 con Citic Guoan y Uranium One, revelan un primer error significativo. Ninguna de estas tres empresas, incluida CATL/CBC, reconocida por su fabricación de baterías, cuenta con experiencia demostrada en EDL.

El segundo error crucial radica en que, tras la firma de los convenios, se omitió la experiencia específica en EDL de estas empresas. Por ejemplo, Citic Group, a pesar de su sólida reputación en minería, carece de experiencia comprobada en EDL. Incluso Uranium One Group, especializado en uranio, no tiene historial en el procesamiento de litio ni en su extracción desde salares. Para subsanar esta carencia, Uranium One Group  contrató a la empresa argentina “Grupo Tepsi” para desarrollar estudios de ingeniería, lo cual plantea dudas sobre la eficacia del proceso y afecta negativamente en la implementación de los complejos industriales de producción de carbonato de litio.

Adicionalmente, los convenios suscritos, según UCOM-MHE-YLB-20-01-2023, para implementar complejos industriales con CBC, Citic, y Uranium en diferentes salares, anunciaron una capacidad de producción masiva. Se promocionó que, para finales de 2024, Bolivia sería el mayor productor mundial de litio con 100 mil toneladas anuales de carbonato de litio grado batería al 99,5% de pureza.

Este optimismo se desvaneció con el retroceso en las nuevas firmas de convenio, el 13 de diciembre de 2023 con Uranium y el 17 de enero de 2024. La ausencia del Sr. F. Molina en la última firma, alegando que los complejos industriales ya estaban en construcción desde julio de 2023, cuestiona la transparencia del proceso.

En este trajín, se omitió la Ley 928 y la Constitución Política del Estado, que designan al litio como un recurso natural estratégico. Estas normativas establecen que su exploración, explotación e industrialización deben ser exclusivas del Estado boliviano. Las empresas privadas, nacionales o extranjeras, sólo pueden participar en la cadena de valor o procesos posteriores y no así a la producción de carbonato de litio. Este descuido legal expone a los responsables de estas decisiones a procesos judiciales por traición a la patria y conductas antieconómicas, entre otros cargos.

Además existen dos problemas adicionales. Primero, la convocatoria inicial se centró exclusivamente en pruebas de tecnología EDL, sin contemplar la producción de carbonato de litio. Esta limitación podría generar inconvenientes significativos para la progresión del proyecto, ya que la producción de carbonato de litio es esencial en la cadena de valor de las baterías. Hasta el momento, no se han formalizado contratos definitivos, situando a Bolivia en una posición de riesgo y generando incertidumbre sobre el futuro de la iniciativa.

Segundo, se ha informado que, tras la firma del acuerdo, CBC ha sugerido modificaciones en la tecnología y ha incrementado los costos del proyecto. Esta situación añade una capa adicional de incertidumbre y presiona financieramente a YLB, complicando aún más la viabilidad del proyecto de industrialización del litio. Asimismo, el papel de Marcelo Arce no está nada claro detrás de todo esto y debería presentarse voluntaria y públicamente para aclarar, como lo hizo Hunter Biden en EEUU hace poco.

En resumen, la gestión de YLB enfrenta desafíos sustanciales derivados de decisiones precipitadas, falta de experiencia de las empresas asociadas y omisiones legales, todo lo cual pone en riesgo la materialización exitosa de la ambiciosa industrialización del litio en Bolivia.