El Tribunal de La Haya coloca a los aliados de Netanyahu en una difícil posición: Israel está al borde de cometer un genocidio

El derecho a la legítima defensa, también militar, en caso de ataque, no autoriza cometer crímenes internacionales como el genocidio, castigado por una convención internacional de 1948, escrita tras el Holocausto. ¿Lo hace Israel? ¿Comete el crimen de genocidio en Gaza en respuesta a los ataques del grupo terrorista ultraislámico Hamás del 7 de octubre pasado como denunció el gobierno de Suráfrica?

La decisión de los 15 jueces permanentes –a los que para este caso se añadió un surafricano y un israelí– del Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) es jurídicamente relevante, pero es sobre todo políticamente explosiva. Reconocer que Israel está al borde de cometer genocidio o al menos que la población gazatí lo está de sufrirlo, abre la puerta a sanciones internacionales y a que el apoyo a Israel sea políticamente más sensible y complejo. También puede ser legalmente más dudoso venderle armas para muchos países con algún tipo de limitación en vigor sobre exportación de armamento, como en el caso español. Israel es de facto impune, como lo era, precisamente, la Sudáfrica del apartheid.

La denuncia de Sudáfrica, un documento de 84 páginas bien cargadas, acompañadas de horas de presentación oral por abogados de prestigio internacional, es un hecho excepcional. Por el denunciado (Israel) y porque le imputa uno de los peores crímenes existentes, el de actuar con la intención de eliminar a un pueblo, en este caso el palestino de la Franja de Gaza. El bloqueo es una violación evidente del Derecho Internacional, pero no es genocidio. La ocupación de territorios que las resoluciones de Naciones Unidas otorgan a la fundación de un futuro Estado palestino también es una clara violación del Derecho Internacional, pero tampoco equivale a genocidio. Los bombardeos en Gaza sí podrían serlo, admite por primera vez un tribunal internacional.

Israel, por su parte, alega que su actividad militar en Gaza busca la destrucción de un grupo terrorista, que no tiene ninguna intención genocida y que si hay ya más de 25.000 muertos (más de 15.000 son mujeres y niños, en un territorio con una media de edad inferior a los 25 años) se debe a que Hamás utiliza a los civiles como escudos humanos y las infraestructuras civiles para resguardar y proteger sus hombres y sus armas.

El conflicto israelo-palestino, décadas de violencia que genera odio que genera violencia, tuvo siempre consideraciones de índole histórico, religioso, político, militar, pero apenas tuvo consideraciones de derecho, a pesar de que es probablemente la más legítima y la necesaria para acabar con muchos conflictos, como muestra la historia de las últimas décadas en los Balcanes, tras el apartheid surafricano o en los intentos, en parte fallidos, del proceso de paz colombiano. Justicia internacional, justicia nacional o apenas comisiones de la verdad, pero siempre hubo una participación de los tribunales.

El dictamen es también un palo para algunos gobiernos europeos como el alemán, el holandés o el francés, que dijeron que no había razones para investigar a Israel por genocidio. Y un espaldarazo para los más duros con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, como los gobiernos belga, español, irlandés y maltés. A esos cuatro se unieron varios más el lunes pasado durante la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, como el letón y la finlandesa.

El mero hecho de que este proceso se lleve a cabo muestra además que lo que se conoce como Sur Global empieza a cuestionar la hegemonía o preponderancia noroccidental en ciertos aspectos de la geopolítica y de la gestión de los grandes conflictos. No es ya ese Noroccidente (al que se puede añadir Japón, Australia o Nueva Zelanda) quien lleva la antorcha del universalismo de los derechos humanos y del respeto al derecho internacional. Recoge ese testigo un país del sur, una democracia joven. El magisterio moral europeo y estadounidense hecho añicos por su doble vara de medir.