El pago de la deuda del sistema a través del recibo de la luz cumple diez años y aún se deben 7.800 millones

La deuda del sistema eléctrico español comenzó a acumularse en 2002. Se ideó como un cajón de sastre donde meter los sobrecostes del sistema eléctrico para evitar trasladarlos a la factura de la luz, hasta que el sistema colapsó en 2013 y dejó un agujero de casi 30.000 millones de euros. Desde entonces, los hogares y empresas pagan cada mes una pequeña cantidad extra en sus facturas para devolver esa deuda, y a 31 de diciembre de 2023 quedan por pagar 7.866 millones, según publicó este jueves la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). La deuda estará saldada en 2028, lo que abaratará el recibo de la luz.

La devolución de esta deuda tiene un coste diferente para cada consumidor, ya que varía en función de la potencia contratada y el consumo mensual de electricidad, pero representa alrededor del 8-10% del coste del recibo en un año normal, según estima APPA, la patronal de energías renovables, por lo que el descuento será considerable cuando se finiquite esta partida. En total, los españoles pagaron en 2.382 millones de euros en 2023 en concepto de deuda del sistema eléctrico, que en la factura se refleja dentro el apartado de cargos de la luz, aunque viene agregado junto a otras partidas. En 2024, volverán a pagar 2.371 millones, calcula la CNMC. El destino de este dinero es el llamado Déficit 2013 y el Fondo de Titulación del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), dos fondos que acumulan los derechos de cobro de esta deuda. El FADE es el principal, ya que representa el 83,5% de la deuda pendiente.

El origen de esta deuda son los criterios de convergencia que impuso el Banco Central Europeo para entrar en el euro en 2002, recuerda José María González, director general de APPA. “Fue una decisión política [entonces gobernaba José María Aznar] para no cargar en el precio de la luz el coste de las renovables, la expansión de la red y los costes extrapeninsulares, pero se empezó a ir de las manos en 2005 [ya con el PSOE en el Gobierno]”, recuerda. Ese año el balance entre ingresos y gastos para esas partidas fue de -4.089 millones de euros, y el agujero siguió creciendo hasta 2013.

José Luis Sancha, experto en energía de la Universidad Pontificia Comillas, relata que durante esos años no había unos peajes y cargos establecidos por la CNMC para cubrir los costes, como ocurre hoy, sino que era el propio Gobierno el que fijaba una partida en la factura llamada cargos del sistema, con un cálculo arbitrario que no daba para costear los gastos que declaraban las compañías energéticas. Tras años acumulando deuda a cuenta de estas empresas, en 2009 el Gobierno decide introducir los peajes en la factura con el objetivo de acabar poco a poco con el déficit, con el objetivo de dejar de dar pérdidas en 2013.

Durante esos años, en plena crisis económica, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no podía permitirse devolver la deuda acumulada a las empresas eléctricas con cargo a los Presupuestos, por lo que en 2010 creó el Fondo de Titulación del Déficit del Sistema Eléctrico, que emitió bonos avalados por el Tesoro Público por valor de 22.000 millones de euros, y usó ese dinero para saldar las cuentas con las eléctricas. La deuda fue adquirida por bancos, empresas y ciudadanos, que a cambio reciben desde entonces un principal y un interés fijo anual, que en 2023 fue del 2,04%. Por lo tanto, la CNMC paga cada año a la FADE lo recaudado en el apartado correspondiente a la deuda del sistema en las facturas de la luz, y la FADE usa ese dinero para compensar a sus bonistas, hasta que los bonos terminen de saldarse en 2027. El llamado Déficit de 2013 corresponde a las deudas acumuladas en el año 2013, y las eléctricas vendieron los derechos de cobro a los bancos directamente, al margen de la FADE. El déficit 2013 vence en 2028, dando por cerrado el ciclo iniciado en el año 2000.

La principal partida de esa deuda acumulada entre el año 2000 y 2013 son las primas al régimen especial, una subvención para incentivar la instalación de energías renovables y de centrales de cogeneración, ayudas que principalmente fueron a parar a la tecnología eólica. De hecho, entre el año 2000 y 2013, el régimen especial eléctrico recibió subvenciones por más de 40.000 millones de euros, que engordaron enormemente la deuda del Estado con las eléctricas. Además de estas primas, la deuda también agrandó porque el Gobierno no trasladó a la factura de la luz el resto de costes del sistema, con el objetivo de aumentar la competitividad de las empresas y ayudar a las familias. Entre esos costes estaban incluidos los de mantener y expandir las redes eléctricas, los pagos por capacidad —pagos a plantas térmicas por mantenerse en ralentí por si son necesarias de urgencia—, el coste del servicio de interrumpibilidad —pagos a fábricas a cambio de que reduzcan su consumo energético en un momento determinado— o los costes extrapeninsulares —la subvención de la electricidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, cuya energía es más cara que la peninsular—.