Hacia un cambio urgente en las condiciones laborales

La denuncia de un trabajador de la empresa Guardián S.A. revela una dolorosa realidad: las condiciones de semi esclavitud a las que son sometidos muchos guardias de seguridad privada en nuestro país. Este caso, publicado por nuestro diario la semana pasada y protagonizado por Claro Raúl Centurión Domínguez, desgarradoramente ilustra un calvario laboral marcado por despidos injustificados, falta de estabilidad, y violaciones sistemáticas al Código Laboral.

Guardián S.A., al igual que otras empresas del rubro, parece operar al margen de la ética y la legalidad, ignorando derechos fundamentales y tratando a sus empleados con un desprecio indignante. Las denuncias van desde la omisión de pagos al Instituto de Previsión Social (IPS) hasta descuentos compulsivos injustificados. Este tipo de prácticas no solo son una afrenta a la dignidad humana, sino también un flagrante desprecio por las leyes laborales que buscan garantizar condiciones justas para los trabajadores.

En el caso específico de Centurión Domínguez, su despido injustificado a pesar de contar con estabilidad laboral por antigüedad es una afrenta a la justicia y la seguridad en el empleo. La falta de respuesta de los representantes de Guardián S.A. ante las notificaciones de la Dirección del Trabajo refleja una arrogancia inaceptable y la creencia de que la impunidad es posible.

Las empresas de seguridad privada, en su afán de eludir responsabilidades, recurren a artimañas como el cambio de empleados entre distintas entidades del mismo dueño, como es el caso de Guardián S.A. y GSR. Estas prácticas no solo socavan la estabilidad laboral, sino que también podrían tener consecuencias directas en la seguridad de la sociedad, especialmente cuando se trata de servicios tercerizados para entidades sensibles como la Itaipu Binacional.

Es imperativo que el Gobierno y el Legislativo aborden de manera urgente esta problemática. La explotación laboral, la falta de pago de beneficios sociales y la exposición a situaciones peligrosas son una realidad inaceptable en pleno siglo XXI. La pasividad del Ministerio del Trabajo ante casos como estos es incomprensible y exige una revisión de las leyes que, supuestamente, limitan su capacidad de acción.

La precariedad laboral no solo afecta a los trabajadores, sino que también divide drásticamente el mercado laboral entre aquellos con contratos y derechos laborales, y aquellos que luchan por encontrar estabilidad y oportunidades. Este desequilibrio tiene consecuencias sociales y económicas, afectando variables como la natalidad y la sostenibilidad de las pensiones.

La estabilidad en el empleo, una remuneración justa y condiciones laborales dignas son esenciales para elevar el capital humano, mejorar la productividad y fortalecer la economía en su conjunto. El Gobierno debe dejar de esconderse detrás de la supuesta limitación legal y tomar medidas concretas para erradicar esta forma de esclavitud moderna.

Es hora de que las empresas asuman su responsabilidad social y ofrezcan opciones laborales de calidad, respetando los derechos fundamentales de quienes buscan trabajar para sostener a sus familias. El cambio es necesario y urgente. No podemos permitir que la explotación y la impunidad continúen definiendo las condiciones laborales en nuestro país.