SOS de la Cataluña rural: la falta de vivienda asequible agudiza la despoblación

Planoles es un pequeño municipio del Pirineo catalán. Ubicado en la provincia de Girona, cuenta con tan sólo 300 habitantes, que podrían ser muchos más si tuvieran dónde residir. En los últimos años, hasta un centenar de familias se han interesado por esta tranquila localidad, rodeada de naturaleza y anclada en el valle del río Rigard, pero la falta de vivienda y de alquileres asequibles ha hecho imposible que se acabaran mudando.

“Cuando se ponen en contacto con el Ayuntamiento les explicamos que tenemos escuela rural y escuela infantil, que ya llega la fibra óptica, que hay trabajo, comercios y estación de tren. Somos un pueblo activo y dinámico y todo encaja… todo excepto que no tenemos vivienda”. Con estas palabras explica a infoLibre el alcalde de Planoles, David Verge, el gran problema que tienen en el municipio, uno de los 486 micropueblos que existen en Cataluña y que luchan, con uñas y dientes, para ganar nuevos residentes.

La Cataluña rural se vacía y una cuarta parte de sus municipios está en serio riesgo de despoblación, especialmente en el Pirineo y en las comarcas de Lleida y Tarragona. Se trata de núcleos rurales con menos de un millar de habitantes que buscan frenar a toda costa el éxodo de gente y que lidian, en esta tarea, con trabas burocráticas, exiguos presupuestos y una estacionalidad que los lleva a triplicar el censo en verano y en vacaciones. En este contexto, cada uno se las ingenia como puede.

En Planoles, su alcalde se ha puesto como misión buscar vivienda hasta debajo de las piedras. De gestión en gestión, ya ha conseguido movilizar casi una veintena, pero espera seguir sumando. “Hay un edificio del ministerio con 11 viviendas que llevan 25 años cerradas. En el garaje se guardan las máquinas quitanieves de la Collada de Toses y un piso se usa de oficina, pero el resto están vacíos. En dos años dejarán el edificio y esperamos que pase a ser vivienda social”, señala Verge. El Ayuntamiento también tiene en el punto de mira otras dos residencias que requieren de una reforma. “El problema es que para reformar necesitamos dinero, así que estamos en trámites de vender un terreno para poder financiarlo”, explica.

“La falta de vivienda, de alquiler asequible, es de lejos la gran carencia”, insiste. Los matices importan, especialmente porque la compra sigue siendo una opción alejada de muchos bolsillos. “No estamos en los niveles de la Cerdanya, pero una casa en el Ripollès cuesta entre 350.000 y 400.000 euros y un piso unos 200.000 euros”.

De hecho, Planoles es uno de los 20 pueblos que fueron seleccionados para participar en un plan piloto de rehabilitación de viviendas en el mundo rural impulsado por la Agencia de Vivienda de Cataluña en 2020 y uno de los únicos cuatro que ha finalizado las obras. La gran mayoría aún tiene en marcha los trabajos y algunos han desistido, especialmente por la falta de mano de obra y de recursos.

“La burocracia es un drama. Se nos come. Tenemos que tener mucha paciencia y, sobre todo, tiempo. En nuestro caso, la secretaria municipal sólo viene tres veces a la semana porque se lo combina con el pueblo de al lado”, asegura Verge, que también es responsable de los temas de vivienda de la asociación Micropueblos de Cataluña. A su juicio, la Generalitat debería ser “más ambiciosa”. “Todo va demasiado lento. Se deberían proponer reequilibrar la población en diez años como máximo porque, de lo contrario, no acabaremos nunca”, enfatiza.

Lo dice después de que la semana pasada el Ejecutivo catalán diera un paso más en la tramitación del Estatuto de Municipios Rurales, un marco legal con el que se pretende frenar la despoblación y lograr una redistribución territorial. El documento, cuya aprobación en el Parlament está prevista a finales de 2024 para que entre en vigor al año siguiente, propone deducciones fiscales para quien se traslade de residencia a un municipio rural, así como para la compra o alquiler de viviendas.

En concreto, plantea rebajas de hasta un 4% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, deducciones de hasta 1.000 euros en el IRPF para quienes se muden a un micropueblo —entendido como aquel de menos de 2.000 habitantes— y de entre un 15% y un 20% para las personas que adquieran, arrienden o rehabiliten un piso para residencia habitual.

“Seguro que mejorará muchos aspectos burocráticos, pero a nivel de vivienda le falta contenido y ambición. Actualmente la política de vivienda depende exclusivamente de la Generalitat. Si al territorio nos dieran más recursos y competencias todo iría más rápido, porque nosotros conocemos muy bien qué hace falta en cada municipio”, valora.

Pero mientras algunos municipios batallan contra la ausencia de viviendas, otros tienen que hacer frente a inmuebles vacíos o cerrados. Por ejemplo, en Urgell, en Lleida, hay unas 1.500 viviendas vacías, lo que supone el 20% del parque residencial. En la Terra Alta, en Tarragona, el 12% de las viviendas tampoco tiene inquilino, una cifra que se dispara hasta el 28% en pueblos como Batea o el 17% en Fatarella. Y en el Pirineo, según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña, llegan al 40% los pisos vacíos o de segunda residencia.

Por eso, según el geógrafo de la Universidad de Lleida Josep Ramon Mòdol, el reto está en “movilizar el parque de vivienda en manos de particulares”. “Es muy difícil porque hay muchas casas en estos municipios rurales que van perdiendo integridad y cuesta adaptarlas a las condiciones de habitabilidad y ponerlas en funcionamiento”, sostiene este profesor, coautor de un estudio sobre despoblamiento en el mundo rural. Y es que muchas de las residencias vacías, sobre todo en el Pirineo, están en ruinas y no son habitables. En otros casos, llevan tanto tiempo abandonadas que es difícil saber quién es el propietario. Los motivos son varios. Desde quienes mantienen la residencia por motivos emocionales pero no van nunca, a quienes evitan heredar para no hacer frente a los costes de la transmisión o rehabilitación. “Hay que favorecer que los particulares, a partir de incentivos fiscales, movilicen este parque de viviendas porque es muy difícil revertir el problema en municipios pequeños sólo con el impulso público”, opina este geólogo.

Además, tal como detalla el doctor en Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) Jordi Franquesa, en muchos puntos falta vivienda social porque la actual ley de urbanismo exime a las localidades pequeñas: “Si no hay una administración pública que invierta, estos municipios no tienen capacidad para hacerla”.

A ello se suma el creciente número de pisos turísticos, que ha disparado los precios del alquiler. “En muchos municipios en zonas de montaña, entre las segundas residencias y los usos turísticos, casi no hay alquileres que sean asequibles y cuesta movilizar los activos”, agrega. Se da una paradoja: muchos municipios rurales sobreviven gracias al turismo, pero este ha disparado los precios de la vivienda. “El mercado inmobiliario se desplaza y va en detrimento de los precios asequibles que son los que pueden fijar la población. El mercado de segunda residencia es muy agresivo en los entornos rurales y genera riqueza en periodos estacionales, pero no reequilibra el territorio, de manera que un joven que quiera vivir en el territorio rural lo tiene muy difícil”, remarca este profesor de la UPC.

En el caso de Planoles, el 72% de las viviendas del municipio son segundas residencias, pero, según su alcalde, el efecto es positivo porque “dan trabajo a muchos industriales, constructores, pintores y carpinteros de la comarca”. Además, desde que hace seis meses llegó la fibra óptica, ya han notado un ligero aumento de jóvenes que teletrabajan y optan por quedarse en la segunda residencia de sus padres ante la imposibilidad de pagar un alquiler en la ciudad. Aún es un fenómeno minoritario, pero trae cierta esperanza. “Ahora es un buen momento para hacer este reequilibrio de población porque tenemos empleo y podemos ofrecer la calidad de vida que mucha gente busca”, defiende Verge.

De acuerdo con Franquesa, la pandemia ha marcado un antes y un después y, por primera vez, hay más gente que emigra de la ciudad al campo que del campo a la ciudad. Aunque no a cualquier lugar. Los pueblos pequeños, afirma el profesor, siguen perdiendo población y son los de entre 2.000 y 7.000 habitantes los que están empezando a ganar residentes. “Se trata de pueblos que tienen un mínimo de servicios básicos garantizados y una cierta actividad cultural”, precisa. De hecho, la mitad de los municipios de Lleida que ganaron vecinos a raíz de la pandemia, los han vuelto a perder, algunos incluso por debajo de las cifras anteriores a la covid, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por eso, también Mòdol considera clave que las localidades tengan capacidad para brindar un “proyecto vital” a sus habitantes. “La vivienda es importante, pero no suficiente. El municipio tiene que tener actividades y servicios que permitan a la persona integrarse en el entorno, como un bar, escuela, farmacia, consultorio o cajero”, apunta. De lo contrario, dice, será imposible retener a las nuevas generaciones o lograr que los jóvenes opten por vivir en el campo

“Los problemas de envejecimiento genéricos en toda Cataluña son cada vez más importantes en los municipios rurales. Si en el conjunto del territorio la población de más de 65 años es del 19%, hay micropueblos que duplican este porcentaje. La mayoría está por encima de la media y hay casos que tienen hasta el 40% de la población jubilada”, advierte.

En los últimos años, algunos municipios han empezado a explorar nuevas formas de vivienda para atraer a gente joven, como cooperativas, coviviendas, cesión de usos y alquileres compartidos. Distintas fórmulas que, poco a poco, están ganando popularidad. Ahora bien, tal como admite Franquesa, estos modelos esconden en ocasiones otra realidad: la imposibilidad de pagar un alquiler. “Los jóvenes son los que mejor se adaptan a estos nuevos modelos habitacionales, pero no puedo negar que en algunos casos escondan escenarios de precariedad. Ahora bien, en la ciudad también existen”.

En cualquier caso, a su juicio, el objetivo debería ser “dinamizar el mercado de vivienda en suelo rural para que quien quiera vivir pueda hacerlo”: “No se trata de repoblar por repoblar, sino de que la gente que viva en estos lugares lo haga dignamente y no se tenga que marchar por necesidades económicas o falta de servicios básicos”.