Una plataforma de jueces elabora una guía para frenar la aplicación de la amnistía

Un colectivo integrado por magistrados y fiscales da un paso más en la batalla de parte del mundo judicial contra la ley de amnistía. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, al frente de la cual se encuentra el exdiputado europeo de UPyD Francisco Sosa Wagner, ha comenzado a distribuir entre la carrera una extensa guía de instrucciones para intentar frenar la aplicación de la norma de olvido jurídica a golpe de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. “La ley prevista para beneficiar a los secesionistas catalanes viola tanto la Constitución Española como el Derecho de la Unión Europea“, sostiene el colectivo en una nota.

El documento, de más de sesenta páginas, trata de ilustrar sobre este asunto a aquellos jueces que están tramitando causas vinculadas al procés y que puedan entrar en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía. En primer lugar, la guía aborda el asunto de la inaplicación de la norma. En el caso de que existan dudas sobre la constitucionalidad de la misma, el documento sostiene que el juez “no puede dejar de aplicarla al caso concreto” si no plantea una cuestión de inconstitucionalidad. Un supuesto que, sin embargo, sí que sería “posible” bajo “ciertas condiciones” en el caso de que vulnere el derecho comunitario. No obstante, sería preciso que la contradicción “sea indiscutible”. Por eso, cree que es más prudente en estos casos plantear una cuestión prejudicial que la “inaplicación directa de la ley”.

La guía, de hecho, sostiene que es más aconsejable ir ante la justicia europea en primer lugar. Primero, porque “la ley” va a ser objeto de recursos de inconstitucionalidad, por lo que el Tribunal Constitucional ya tendrá oportunidad de pronunciarse sobre ese asunto. Segundo, porque en caso de que se desestimase la cuestión prejudicial en Europa, “el juez español podría, entonces, plantear una cuestión de inconstitucionalidad”. Y tercero, “porque es más probable” que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “esté más dispuesto a valorar la intención real de la ley, más allá de los motivos declarados en la exposición de motivos, de lo que puede estar dispuesto a hacerlo el Tribunal Constitucional“.

En este sentido, el documento incluye tres modelos de planteamiento de cuestiones prejudiciales sobre los que los jueces pueden trabajar. “Tienen como fin exclusivo ayudar en la tarea del planteamiento de la cuestión”, apunta la guía que, no obstante, recomienda revisarlos “cuidadosamente” en caso de querer utilizarlos. Una de las plantillas se circunscribe a casos en los que el delito imputado sea el de malversación de caudales públicos, mientras que la segunda es para casos de delitos de terrorismo y la tercera para otro tipo de delitos.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial es una asociación formada por “magistrados, fiscales, catedráticos, abogados”. “Sus principios fundacionales se encuentran en el Manifiesto por la Independencia Judicial, respaldado en el año 2010 por más de 1.500 jueces alarmados ante el proceso de contaminación política y ocupación progresiva del espacio judicial que desde 1985 inició el poder político”, explican en su página web. Sosa Wagner es su presidente, mientras que el magistrado Jesús Manuel Villegas ejerce como secretario general.