Jueza Cinthia Garcete es un desafío para la integridad del sistema judicial

La integridad del sistema judicial paraguayo está siendo puesta a prueba, una vez más, y lamentablemente, la jueza Cinthia Garcete se destaca como un ejemplo alarmante de la corrupción que erosiona la confianza en este importante Poder del Estado.

El último auto interlocutorio emitido por la jueza Garcete, que resultó en la concesión de arresto domiciliario a un sicario acusado de homicidio doloso, plantea serias interrogantes sobre la imparcialidad y la ética en su ejercicio de la judicatura. Este hecho, ocurrido el 11 de enero del año pasado, se suma a una serie de decisiones polémicas que han marcado la carrera de esta magistrada.

En este caso particular, la misma desoyó la oposición del fiscal Edgar Benítez y, tras un pedido de revisión de medidas solicitado por el abogado Pedro Vera Fariña, optó por el arresto domiciliario. Las filmaciones de circuito cerrado de seguridad que registraron el atentado no fueron suficientes para cambiar su decisión.

Este no es un incidente aislado en la carrera de Cinthia Garcete. Recordamos con inquietud su participación en el caso de los policías «gatillo fácil», donde liberó a los agentes implicados en el asesinato de una joven pareja, a pesar de las evidencias en su contra. Las denuncias de parcialidad y corrupción en su contra, incluyendo la reciente acusación de cohecho pasivo agravado junto al fiscal Alcides Giménez, pintan un retrato sombrío de la administración de justicia bajo su tutela.

Es preocupante que, a pesar de estas acusaciones y denuncias, la jueza Garcete permanezca en su cargo. La confirmación de su participación en el caso de los policías implicados en el operativo fallido, a pesar de las protestas y recusaciones, destaca la urgencia de abordar la corrupción arraigada en el Poder Judicial.

Los ciudadanos merecen un sistema judicial transparente y confiable. La persistencia de figuras como Cinthia Garcete, respaldada por conexiones y patrocinios dentro del Poder Judicial, socava la confianza pública en la justicia paraguaya. Su historial, que incluye decisiones cuestionables en casos de relevancia, no hace más que reforzar la percepción generalizada de que el sistema judicial está plagado de corrupción.

Organismos como Transparencia Internacional señalan hace tiempo al Poder Judicial como un obstáculo clave en la lucha contra la corrupción en nuestro país. La realidad es que, mientras magistrados como Garcete continúen «dictando justicia», la esperanza de mejoras significativas en el sistema judicial parece una utopía.

Es imperativo que las autoridades competentes investiguen a fondo las acusaciones contra la jueza Cinthia Garcete y tomen medidas concretas para restaurar la confianza en la judicatura. La corrupción no puede tener cabida en una institución fundamental para la democracia y el Estado de derecho.

La sociedad paraguaya exige transparencia, imparcialidad y responsabilidad en la administración de justicia. Es hora de que las acciones hablen más fuerte que las conexiones y que la integridad del sistema judicial sea restaurada para el bienestar de todos los ciudadanos.