La justicia determinó que la exmandataria interina solo estaría acusada por el delito de complicidad en terrorismo, en relación a la crisis política de 2019.
Un juez emitió el sobreseimiento de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez en los delitos de sedición y conspiración, en un proceso relacionado a la crisis política de 2019, aunque todavía se mantiene el de complicidad de terrorismo.
Luis Guillén, abogado de Áñez, dijo este miércoles a EFE que la exoneración es una concreción que la Justicia está «haciendo hoy» de un fallo que emitió el Constitucional en marzo de 2022, cuando «expulsó» el delito de sedición del ordenamiento jurídico del país al considerarlo «inconstitucional».
La resolución de sobreseimiento en el caso llamado «golpe de Estado I», firmada el lunes pero que trascendió a los medios esta jornada, establece que la exoneración es a favor de los exminsitros de Áñez, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, y cuatro exjefes militares.
Asimismo levanta la acusación por «sedición y conspiración» para Áñez y para un otro exjefe militar además que instruye al fiscal del caso a «dar cumplimiento» a la resolución.
«Esto nos hace ver que solamente se la estaría acusando (a Áñez) por el delito de complicidad en el delito de terrorismo», dijo Guillén.
Juez reconoce «vulneración» de derechos
El jurista consideró que la resolución judicial, que llega casi dos años después de la sentencia Constitucional, muestra la «vulneración» de los derechos de los acusados por los delitos ahora retirados y a quienes «se ha privado de libertad» durante este tiempo.
Guillen recordó que los delitos de terrorismo, sedición y conspiración fueron «criticados por la comunidad internacional, puesto que no guardan concordancia con un respeto a los derechos humanos».
Áñez está detenida preventivamente desde marzo de 2021, inicialmente acusada por terrorismo, sedición y conspiración (caso «golpe de Estado I), por una denuncia que presentó una exparlamentaria del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), por los hechos de la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Para el Gobierno y el oficialismo, las protestas contra Morales fueron un «golpe de Estado», mientras que la oposición defiende que se trataron del descontento social por un fraude electoral.
A mediados de 2022, Áñez recibió una condena de 10 años de prisión en el caso llamado «golpe de Estado II» por situarse indebidamente en la línea de sucesión constitucional luego de la renuncia de Morales y varios altos cargos de su Gobierno y el Parlamento.
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