Las autobajas son la punta del iceberg: los médicos de familia dedican un tercio de su tiempo a burocracia

El anunció llegó el lunes, con la vuelta al cole después de las navidades y con las infecciones respiratorias tocando techo. La ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba en una entrevista en Onda Cero que su cartera estaba estudiando implementar la “autojustificación de las bajas de tres días, para aquellos que tengan una enfermedad leve” y no necesiten asistencia sanitaria. Así, explicó, se descongestionarían las consultas de atención primaria que, precisamente durante las navidades, han estado al borde o en pleno colapso. El anuncio de la medida, que finalmente se ha pospuesto para estudiarlo en profundidad, fue cuestionado por los sindicatos pero muy celebrado entre las sociedades médicas, que como el propio Ministerio reconoció, llevan décadas apostando por una “desburocratización” de su trabajo. Según un documento de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), hasta un 30% del tiempo en consulta de los médicos de familia se destina a este tipo de tareas.

Desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), de hecho, confiesan sentirse “tristes” tras el frenazo a una demanda que, recuerdan, llevan años reclamando. Así lo cuenta el responsable del Grupo de Salud Laboral de la organización, Francisco José Sáez. “El Ministerio lo propuso junto a las mascarillas, pero sin embargo eso ha salido adelante y lo otro no”, lamenta. En 2017 hicieron un cálculo y, según los datos que obtuvieron, el 20% de pacientes que acuden a las consultas de los centros de salud lo hacen para conseguir un justificante de incapacidad temporal. “No van porque necesitan que les vea un médico, porque no precisan esa atención. Únicamente acuden a por el documento”, critica.

El Foro de Médicos de Atención Primaria —compuesto por ocho organizaciones profesionales— ya propuso en este sentido hace casi siete años que se llevara a cabo la medida que este lunes puso encima de la mesa el Gobierno. “En 2018 lo volvimos a plantear a Sanidad, Trabajo y Seguridad Social, pero nunca nos han hecho caso”, señala Sáez. Este miércoles lo volvieron a repetir. “Esta iniciativa contribuirá significativamente a aliviar la carga administrativa que actualmente enfrentan nuestras consultas. Al permitir la autojustificación de las bajas laborales en los primeros días de enfermedad, los médicos de atención primaria podrán dedicar más tiempo a atender casos más complejos y urgentes, mejorando así la eficiencia y efectividad del servicio médico”, señaló el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) en un comunicado.

El portavoz de semFYC, José María Molero, también se pronuncia en el mismo sentido. “La atención primaria se usa perversamente para solucionar problemas administrativos. La hora del profesional sanitario es muy cara para estar haciendo trámites burocráticos”, explica. La representante nacional de atención primaria urbana del CGCOM, María del Mar Martínez, coincide. “Muchas tareas nos están quitando tiempo de ver a pacientes que sí lo necesitan de verdad”, dice.

Entonces, ¿por qué los sindicatos se posicionaron en contra? El mismo lunes, poco después del anuncio de la ministra, CCOO y UGT cuestionaron la medida, sobre la que aseguraron que “no tendría razón de ser” si acaba retrasando la posibilidad de acudir a una consulta médica. El “problema fundamental”, dijeron, no es tanto agilizar las bajas, sino hacerlo con la atención sanitaria a las personas trabajadoras que están enfermas. Según lamentaron, el peligro está en que la medida podría reducir la asistencia sanitaria.

Sin embargo, no todos los sindicatos opinan igual. Amyts defendió la propuesta porque en el día a día de los médicos de familia “se producen muchísimas consultas no demorables, que el usuario siente como urgentes, debido a que no necesitan una valoración clínica pero sí un justificante de una ausencia laboral”. En este sentido, recordaron también que llevan años reclamando la desburocratización de trámites no clínicos de las consultas médicas, propuestas que de hecho firmaron en el acuerdo de salida de la huelga que protagonizaron en la Comunidad de Madrid el año pasado.

Pero, ¿cuáles son esos trámites? Todos los profesionales consultados por infoLibre tardan bastante en enumerarlos. Cuando un niño o niña no puede acudir al colegio, en muchas ocasiones necesita de un justificante que avale la ausencia, y tiene que estar firmado por el médico o médica de familia. Cuando una persona mayor o con discapacidad solicita la prestación por dependencia, precisa de un informe sobre su estado de salud, y debe hacerlo el médico de familia. Cuando alguien necesita renovar su baja laboral semanalmente por estar recibiendo un tratamiento a largo plazo, ahí debe estar el médico de familia. Cuando hay que hacer una derivación a un especialista, ahí debe estar el médico de familia, rellenando documentos en lugar de poder automatizar el trámite. Cuando alguien ha acudido a urgencias y debe tomar una medicación concreta para su dolencia, quien tiene que prescribirla también es el médico de familia. Si en lugar de eso ha sido ingresado, la baja la tendrá que pedir, en este caso un familiar, en el centro de salud.

Los ejemplos podrían ocupar varias líneas más. “Todo lo que no sabe dónde hacerse acaba siempre en la primaria”, denuncia Molero.

La sociedad a la que pertenece elaboró de hecho un documento en el año 2008 denunciando todo esto. “Creemos que la incesante derivación de tareas no propias de un médico de familia a nuestras consultas (tendencia que, en vez de disminuir, sigue aumentando), junto con la hiperfrecuentación, son los principales motivos del aumento imparable de la demanda sobre los que podemos actuar desde nuestros puestos asistenciales. Esto, como es obvio, tiene consecuencias negativas para la actividad propia del médico de familia”, expusieron. Y propusieron distintas formas de aliviar estas cargas relacionadas con las recetas, con los justificantes, con las derivaciones a otros niveles asistenciales, con la petición de pruebas complementarias y con la elaboración de informes.

“Con la desburocratización no sólo se persigue abolir tareas innecesarias, sino también aquellas que se hacen de manera ineficiente y/o por delegación inapropiada desde otros niveles asistenciales. Desburocratizar implicaría simplificar, agilizar, reestructurar y potenciar las estructuras organizativas”, añadieron.

Hace un año parecía que una de estas demandas sería atendida. En enero de 2023, se anunció a bombo y platillo que las comunidades permitirían que los médicos de los hospitales fueran los que, si así lo consideraban oportuno, tramitasen la baja laboral de los pacientes. Pero se quedó en nada. Según publicó El Periódico, los hospitales de Barcelona sí lo llevaron a cabo, ahorrándose entre 48.000 y 86.000 visitas a los centros de salud de la ciudad. Pero ninguna más lo terminó de implantar. Y eso que los planes se anunciaron, como en el caso de Madrid.

Para Molero hay una explicación clara: llevar a cabo estas medidas requiere de profesionales. Y eso implica más inversión. “Si no se han llevado a cabo medidas de este tipo es porque suponen una serie de trabas para las que no hay voluntad política y para las que, sobre todo, falta voluntad presupuestaria. Si las tareas administrativas pasa a hacerlas otra persona que no es el facultativo, habrá que llevar a cabo contrataciones”, dice. Y cree que esto no es sencillo.

Según los últimos datos de gasto sanitario público disponibles en la web del Ministerio de Sanidad —correspondientes al año 2021—, ninguna autonomía invierte en atención primaria el 25% del total de su gasto en este ámbito, el porcentaje que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). La media de España, de hecho, se sitúa en el 14,2%, cifra que Madrid desciende hasta el 11% y Andalucía eleva hasta el 17%.

En cualquier caso, como recuerdan todas las organizaciones médicas, sindicatos y reconoció el propio Ministerio de Sanidad, la eliminación de este tipo de tareas burocráticas no implica de ningún modo olvidar que es necesario el refuerzo de los profesionales sanitarios en atención primaria. Según los datos del último Barómetro Sanitario publicado el pasado mes de diciembre, el 58,1% de los usuarios de atención primaria tienen que esperar una semana o más para lograr una cita.