Sanear la Policía Nacional, una prioridad para el 2024

Indudablemente, el 2023 fue un año bastante negativo para la Policía Nacional, ya que además de la ola de criminalidad que acogotó a los ciudadanos durante los 12 meses del año, varios agentes se involucraron en hechos de corrupción, como secuestros, extorsiones y procedimientos irregulares que acabaron con la muerte de personas inocentes en manos de policías “gatillo fácil”.

La alarmante cantidad de agentes de la Policía Nacional procesados por diversos delitos es una de las principales preocupaciones que aquejan a la sociedad paraguaya en la actualidad. Extorsiones, casos de «gatillo fácil» y hasta hechos delictivos comunes como robos y asaltos, forman parte del extenso prontuario que mancha el uniforme de la institución encargada de velar por la seguridad ciudadana. Lo más indignante para la población reside en la tibieza con la que opera el sistema judicial a la hora de juzgar a los uniformados infractores. En la mayoría de los casos, las condenas se traducen en penas ínfimas que no guardan relación con la gravedad de los delitos.

Algunos de los ejemplos que claman por justicia son el caso de la pareja brasileña extorsionada en la zona de Torín, Caaguazú; en noviembre pasado, cinco agentes fueron condenados a exiguos 2 años y 6 meses de prisión por extorsionar a una pareja de turistas brasileños, a quienes exigieron la suma de R$ 50.000 para no involucrarlos en un hecho punible.

En julio de 2022, Juan Daniel Ortigoza (26) recibió un disparo en la cabeza por parte de agentes policiales durante una confusa persecución. Tres de los responsables fueron condenados a 2 años con suspensión a prueba de la pena, mientras que otros cuatro fueron beneficiados con salidas procesales aún más benevolentes. En otro episodio, el suboficial Ariel Sanabria Ortiz recibió la mínima condena de 3 años de cárcel por matar de un disparo a un joven padre de familia que se encontraba sentado frente a un taller con su hija en brazos.

Igualmente, hay justificados temores que 11 presuntos policías “gatillo fácil”, que ejecutaron a una pareja en un frustrado operativo en noviembre de 2022, también reciban condenas ínfimas. Pese a estar procesados, los mismos siguen trabajando normalmente. Las víctimas, Álex Enrique Alejandro Ortiz (24), y su acompañante Gloria Espínola Cáceres (30) viajaban en un automóvil Toyota Allion que fue acribillado por los policías durante una persecución. Los uniformados involucrados en el operativo son el comisario Hugo Florentín Stiglich, el subcomisario Manuel Ramón Villalba, el oficial Roberto Samaniego y los suboficiales Richard Seberiano, Rubén Giménez, Alder Centurión, Pedro Brítez, Jaime Ramírez, Javier Martínez, Alfredo Villalba y César González. Estos cuentan con la “benevolencia” de la jueza Cinthia Garcete y serían blanqueados en el trascurso de éste año.

Estos son solo algunos ejemplos de una realidad que carcome la confianza de la sociedad en la institución policial. La impunidad policial se erige como un flagelo que mina la seguridad jurídica y el Estado de derecho en Paraguay. La sociedad civil en su conjunto debe alzar la voz y exigir justicia y reformas profundas para erradicar la cultura de impunidad que impera en las filas de la Policía Nacional. El nuevo gobierno debe poner especial énfasis en un programa tendiente al saneamiento general de la Policía Nacional, extirpando los elementos corruptos y los oficiales no aptos para el servicio.