Reina la confusión y no gana el país

El Tribunal Constitucional Plurinacional se acordó de hacer la tarea a última hora. Es así que ha estado emitiendo sentencias constitucionales que lo único que han hecho ha sido causar un gran embrollo. Generar confusión parece ser la consigna, causando más daño que bien a la sociedad boliviana.

El primer fallo polémico e ilegítimo fue la autoprórroga de mandato; es decir que, siendo juez y parte, esta alta corte decidió que las autoridades judiciales deben permanecer en el cargo, pese a que la Constitución Política del Estado establece un término definitivo y claro. Estos magistrados le metieron nomás.

Como consecuencia de ello, el Senado planteó una norma para desconocer esa sentencia constitucional y se habló también de iniciar un juicio de responsabilidades a los miembros del Tribunal Constitucional. El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara Alta y pasó a Diputados para su análisis, donde quedó estancado, ante la decisión del vicepresidente David Choquehuanca de disponer receso parlamentario, a pesar del voto de sus colegas que se negaron a conformar una comisión de legisladores, como manda la Carta Magna y el Reglamento de Debates.

Pese a la decisión unilateral del vicepresidente, el Senado sesionó argumentando que no podía dejarse al país sin el Poder Legislativo. En la sesión convocada por el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, se sancionó una ley, misma que no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo. Tras esas acciones y decisiones, el Tribunal Constitucional volvió a actuar, esta vez invalidando a la directiva del Senado, al admitir una demanda del Poder Ejecutivo. En tal sentido, en tanto se resuelva el pedido, ni Andrónico Rodríguez ni otro miembro del Senado pueden convocar a una sesión. Políticamente, la decisión es muy conveniente para Luis Arce Catacora, que tiene en el Senado los mayores obstáculos para lograr la mentada ‘gobernabilidad’.

La autoprórroga y la invalidación a la directiva del Senado generan un vacío antidemocrático que, a la vez, confiere un poder supremo al Tribunal Constitucional, instancia que actúa en concordancia con el Gobierno de Luis Arce. Es llamativo que el primer mandatario no se hubiera pronunciado al respecto hasta el momento.

La otra sentencia constitucional polémica es la que declara que la reelección indefinida no es un derecho humano, que también pretende inhabilitar una eventual candidatura de Evo Morales a las elecciones presidenciales. Al respecto, hay infinidad de interpretaciones, todas diferentes y contradictorias.

El cherry sobre el pastel es la sentencia de acción de cumplimiento planteada en enero de 2023 por asambleístas del MAS, mediante la que dispone que el vicegobernador Mario Aguilera reemplace al gobernador Luis Fernando Camacho al frente del gobierno departamental de Santa Cruz.

Con excepción de la autoprórroga, todo lo demás fue emitido el 29 de diciembre, a última hora y entre gallos y medianoche, porque no hubo una comunicación oficial, no hubo a quién hacerle consultas entre los miembros del Tribunal Constitucional y, curiosamente, tampoco hubo un pronunciamiento del ministro de Justicia ni de un representante del Poder Ejecutivo.

Desde el oficialismo dirán que las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio e inapelables. Así deberían ser si los fallos obedecieran estrictamente a la ley y al interés común; sin embargo, el TCP ha dado más señas de moverse al ritmo que le marca el poder de turno y eso lo hace poco confiable y sus sentencias dudosas.
En este momento ya nadie sabe nada. Ni siquiera hubo un acto oficial y público para inaugurar el año judicial. Bolivia transita así por un peligroso camino de falta de institucionalidad que puede derivar en abusos desde el poder real, que está en el Ejecutivo y que tiene a su operador en el Judicial.