La eliminación de un artículo legal que el PP veía antes básico pone en Extremadura trabas a la transparencia

La decisión del Gobierno de Madrid de quitar poder a los grupos de oposición rebajando las mayorías necesarias para controlar instituciones como la Cámara de Cuentas o la cadena pública Telemadrid ha copado titulares pero no es un caso pionero en lo que a limitación se refiere. En julio, bajo control del PP y Vox y como primera medida de la legislatura, la Junta de Extremadura borró del mapa un artículo legal que en los cuatro años previos había dado a la oposición amplio margen para pronunciarse en sede parlamentaria sobre quienes estaban a punto de ser nombrados altos cargos y a los que una ley autonómica permitía preguntar en la Asamblea regional no solo sobre su formación y currículum sino, también, sobre sus intereses económicos y cualquier vínculo empresarial susceptible de generar un conflicto de intereses.

Aprobada por vía de urgencia sin posibilidad de plantear enmiendas, la reforma de la ley sobre altos cargos de Extremadura ya ha abierto interrogantes respecto a compatibilidades y conflictos de interés de quienes ocupan los segundos niveles del poder ejecutivo regional. El Gobierno de coalición PP-Vox lo niega mientras que la oposición socialista ha puesto ya el asunto en manos de la Intervención General del Estado.

El PSOE cree que el paradigma de la pérdida de transparencia derivada de la amputación de la ley reguladora del estatuto de los cargos públicos de Extremadura es el caso de un director general de la Consejería de Cultura. Hasta cinco días antes de su nombramiento, efectuado el 23 de agosto, estuvo al frente como socio único y administrador de una empresa del ámbito cultural subvencionada por la Junta de Extremadura. La subvención –38.500 euros– se otorgó 13 días antes de que cesara como dueño y gestor para tomar posesión de su cargo público. Pero dado que ni hubo comparecencia y examen previo ni consta en su declaración de bienes su pertenencia anterior a tal compañía –así lo ha verificado infoLibre–, nadie conocería tal vínculo de no ser porque la oposición socialista lo descubrió y lo sacó a la luz.

Pero la historia del articulo 13 bis y su importancia política no se remonta al pasado verano. Todo empezó el 19 de junio de 2020. Recién prorrogado el estado de alarma por la pandemia, el PP dirigió al Gobierno de Extremadura un recurso donde pedía la anulación de varios nombramientos de altos cargos porque se había incumplido el artículo legal que obligaba a los elegidos a comparecer ante la Asamblea regional antes de su designación oficial. Y amenazó con acudir a los tribunales. El incumplimiento no era el de un “trámite meramente formal” sino el de una regla fechada en 2019 e introducida en la normativa autonómica bajo el mandato del socialista Guillermo Fernández Vara como “medida encaminada a lograr una mayor transparencia en relación con los altos cargos de la Junta de Extremadura”. Los entrecomillados proceden del citado recurso del PP, consultado por este medio y que llegaba más lejos no solo por la amenaza de emprender acciones judiciales sino porque argumentaba que al infringirse aquel artículo, el 13 bis de la ley extremeña, se conculcaba también una norma esencial: la Ley estatal de Procedimiento Administrativo (LPACAP), que consagra –se lee en el recurso– el “derecho fundamental a la participación política”.

La pelea terminó así: la Junta de Extremadura adujo que el covid había impedido la actividad parlamentaria –la Asamblea se cerró– y por tanto las comparecencias previas pero que las consejerías involucradas –Hacienda e Igualdad– no podían dejar cuatro direcciones generales sin cubrir. Luego, mandó en julio a los cuatro nuevos altos cargos a la Asamblea para que se sometieran a cuantas preguntas estimasen oportunas los grupos parlamentarios.  Superada esa fase, dictó un decreto por el que estimó el recurso del PP –o sea, le dio la razón–, ratificó el nombramiento de los cuatro directores generales y mantuvo intacto el artículo 13 bis. Ahí acabó todo.

Tres años más tarde, el nuevo Gobierno de Extremadura, presidido por María Guardiola (PP) tras un pacto de coalición con Vox con el que descabalgó del poder al PSOE y que inicialmente había prometido no suscribir, evitó que los 54 altos cargos a punto de salir del horno político desfilaran por la Asamblea de Madrid antes de formalizar su nombramiento. Esta vez fue el PP el que adujo una situación de emergencia derivada de lo tarde que se había configurado la Junta por la larga negociación con el partido de Abascal y la necesidad de actuar con premura por el bien de Extremadura. Pero el PP no optó por saltarse la norma y luego rectificar. Optó directamente por romperla. Los votos del bloque de derechas (33), que suman mayoría absoluta, bastaron para eliminar de un plumazo aquel artículo 13 bis destinado a “lograr una mayor transparencia”.

Aplicando el procedimiento de urgencia, el precepto fue suprimido sin que la oposición (28 escaños el PSOE; cuatro de Unidas por Extremadura) tuviese la posibilidad de introducir enmiendas. Tanto el PSOE como Unidas por Extremadura (Podemos, IU y Los Verdes) protestaron en un intento fallido por frenar la que se convirtió en la primera medida adoptada por el Ejecutivo extremeño del PP y la ultraderecha. Fuentes del Gobierno de Guardiola expusieron que “la Junta de Extremadura no ha modificado ninguna ley, lo ha hecho la Asamblea de Extremadura a través de una propuesta de Partido Popular”.

No hubo respuesta a la pregunta de por qué la Junta desechó la oportunidad que le brindaba la oposición para o bien permitir excepcionalmente los nombramientos sin comparecencia previa o bien habilitar el mes de agosto. Desde el canal de comunicación oficial, se aconsejó a este periódico que solicite vía transparencia el acceso a las declaraciones depositadas en el Registro de Intereses. Para los diputados, el sistema es más fácil: piden información en la Asamblea de Extremadura y se les facilita. O no. Porque eso último es lo que, según el PSOE y así se infiere de las confusas respuestas escritas recibidas y consultadas por este diario, ha ocurrido con sus peticiones respecto a determinados altos cargos.

En la sesión extraordinaria del 27 de julio donde PP y Vox derogaron las comparecencias previas [accede al vídeo pinchando aquí],  la oposición ya puso el dedo en la llaga. El socialista José María Vergeles ofreció el compromiso de no recurrir los nombramientos si el Ejecutivo se comprometía a que, una vez en el cargo, compareciesen ante la Asamblea de Extremadura para pasar el filtro parlamentario del artículo 13 bis. Silencio. En el tramo final de su intervención, Vergeles lanzó el dardo: “Derogan  la transparencia, cierran las ventanas esas que querían abrir. Solo este artículo [el 13 bis] se encarga de controlar a los cargos públicos. ¿Qué tienen ustedes que ocultar?”

Joaquín Macías, de Unidas por Extremadura, abundó en ese mismo mensaje: “Comienzan la legislatura derogando controles democráticos. No quieren que comparezcan [los altos cargos] porque no se fían de ellos y eso apunta a sus socios ultras. Están protegiendo, y ya veremos por qué, a su altos cargos”.

Es en ese escenario cuando, a comienzos de diciembre y con sospechas respecto a hipotéticos conflictos de intereses en que incurrirían 42 altos cargos, el PSOE envió a la Intervención General del Estado (IGAE) la nómina de dudas no aclaradas por el Gobierno extremeño. De la IGAE depende la Unidad de Asesoramiento en materia de Conflicto de Interés y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, centrado en vigilar el uso de los fondos europeos.