El operativo denominado “Black List-ETM” se realizó como derivación de una investigación se originó en base a la denuncia efectuada a la Fiscalía por el jefe del Departamento Espeicalizado contra la violación de Derechos Intelectuales, comisario Diosnel Alarcón, a través de una nota remitida el 4 de diciembre último, relacionada a la reducción de equipos terminales, robados y hurtados, al igual que la falsificación, adulteración, flasheo, cambio de IMEI (alteración de datos).
Es así que un equipo del Ministerio Público, dirigido por la fiscala adjunta Patricia Rivarola e integrado por los fiscales José Martín Morínigo, Giovanni Grisetti, Aldo Cantero y Diego Zilbervarg, con acompañamiento de efectivos de la Policía Nacional, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y de la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay, intervino locales de venta de celulares en el Mercado Municipal N° 4.
Fuentes del Ministerio Público señalaron que estaban previstos un total de siete allanamientos a locales en los que se comercializan celulares que provendrían de hechos ilícitos previos, con diez objetivos identificados para su detención como presuntos autores del hecho de reducción de teléfonos móviles.
Dentro de ese contexto, los investigadores se manejaron con mucha cautela ante el temor de que la información pueda filtrarse y así, alertar a las personas consideradas “blancos” de esta importante operación, pues de ocurrir aquello podrían perderse los elementos que servirían como prueba en la causa.
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Detenidos en operativos
Los intervinientes del Ministerio Público, según fuentes consultadas por ABC Color, señalaron que la orden para estos procedimientos se emitió como una orden de trabajo para el “operativo Año Paha”, con la finalidad de que pueda pasar desapercibido y así, sorprender a los supuestos reducidores de teléfonos celulares. Tanta fue la reserva que incluso los documentos que fundamentaban y autorizaban las actividades se entregaron en pendrives.
El día de la operación, los agentes del Ministerio Público solicitaron el acompañamiento policial y una vez en la zona del Mercado Municipal N° 4, recién se especificaron las instrucciones de lo que se iba a realizar. Los fiscales indicaron a los policías que resguarden las zonas donde se hacían los allanamientos y, que retengan e inspeccionen a cualquier persona que ingrese con mochila, para que en caso de que tenga en su poder varios celulares, quede aprehendida para averiguaciones.
Las intervenciones se centraron en los locales “NC NELL Cell”, propiedad de Nelson Ramón Ayala, y “Otcom” cuyo dueño era un ciudadano colombiano de nombre James Bladimir Garzón Aponte. Ambos locales están ubicados en la Galería Bonanza del Mercado 4. Las otras intervenciones se realizaron en la Galería San Miguel, del mismo espacio comercial.
Durante los allanamientos fueron detenidos César Figueredo López (32), Hugo Marcelo Saucedo Melgarejo (25), estos dos estaban en una Nissan Frontier y fueron verificados, así encontraron en poder de Saucedo cinco teléfonos y G. 13.500.000, mientras que Figueredo tenía la suma de G. 2.115.000; Nelson Ramón Ayala Rolón (37), Marcial Barrios Zayas (52) y el colombiano James Bladimir Garzón Aponte (30), quienes fueron imputados por reducción grave la jueza penal de garantías Diana Carvallo dictó la prisión preventiva.
Mientras que Christian Emmanuel Díaz Villalba (22), Fernando Luciano Almeida Ortigoza (22), y Gustavo Adolfo Díaz Florenciañez (43), fueron aprehendidos con mochilas, dentro de las cuales tenían incluso más de 10 celulares y también, dinero en efectivo en billetes de distintas denominaciones. A estos, el juez penal de garantías Miguel Palacios otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva.
Atacaron principales puntos de reducción
Fuentes de la investigación señalaron que los locales y casillas que fueron allanados y anulados, son los considerados como “principales” puntos de reducción de teléfonos celulares. Dentro de los mismos incluso se encontraron equipamientos de logística para la modificación de datos de los aparatos móviles, que posteriormente eran revendidos.
La imputación firmada por los fiscales José Martín Morínigo y Giovanni Grisetti, señala que en el local “NC NELL Cell” se incautaron celulares, computadoras, así como otros dispositivos que no contaban con documentaciones respaldatorias, ni justificaciones sobre sus orígenes, pero sí pesaban sobre ellos denuncias por algún ilícito, como robo o hurto o pedido de bloqueo por hurto o robo vinculados a estos.
De hecho, durante los allanamientos se realizaron las verificaciones de los números de IMEI -que es un código pregrabado en el celular y que le sirve como identidad- en una “lista negra”, en la que aparecían denunciados como robados, hurtados o con pedidos de bloqueo por algún ilícito e incluso si se obtuvieron así en Paraguay o fuera del país. Precisamente de esta acción deviene el nombre del operativo “Black List”.
Desde el Ministerio Público señalaron que, esta es una estructura grande y que incluso habrían personas extranjeras o grupos internacionales involucrados en ella. En este caso consideraron que los organismos atacaron a los principales actores de la actividad de facilitar la venta de los celulares, burlando los mecanismos de control y seguridad de los aparatos a través del flasheo, el cambio de IMEI que se denomina rooteado, la restauración de fábrica, y desarme de equipos.
FUENTE DE ESTA NOTICIAS ABC COLOR PARAGUAY