Monarquías petroleras y megafondos, los poderes globales afectados por la tasa a banca y energéticas

La mayor gestora de activos del mundo. Qatar y Emiratos Árabes. El mayor fondo soberano del planeta. ¿Qué tienen en común? Todos ellos son afectados por el impuesto a la banca y las energéticas, cuya existencia –y prórroga– ofrece argumentos para el desmentido de la extendida idea según la cual la política nunca toca los intereses de los de más arriba. Aquí sí los ha tocado. Aunque los nombres que acuden a nuestra mente al pensar en los perjudicados son gigantes del IBEX, detrás hay colosos aún mayores, como Blackrock o los fondos soberanos QIA y Mubadala.

El impuesto fue aprobado por el Congreso en 2022 con 186 votos a favor: PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País-Equo, Compromís, Coalición Canaria, CUP y BNG. Se opusieron PP, Vox, Cs, Navarra Suma y Foro Asturias y se abstuvieron PNV y PDeCAT. Según el Ministerio de Hacienda, la recaudación se ha acercado en su primer ejercicio en vigor a los 3.000 millones de euros. Esto es dinero sacado de la cuenta de beneficios de un buen puñado de las compañías más ricas y poderosas de España.

Al tratarse de una tasa temporal, la sombra de su supresión lo ha perseguido durante todo 2023. Pero Pedro Sánchez despejó la duda el miércoles: habrá al menos un año más de vida para ambos tributos (en realidad son dos). Aun con un cambio en lo que respecta a las energéticas, que tendrán compensaciones a cambio de inversiones verdes, lo cierto es que quienes pensaban que el anuncio del fin de estas figuras estaba al caer se equivocaban.

Y no porque no haya habido fuerzas empeñadas en evitarlo. El mismo día en que se anunció su prórroga, las asociaciones bancarias AEB y CECA cargaron contra el impuesto y advirtieron sobre sus consecuencias negativas sobre la concesión de crédito, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera. También alertaron de la pérdida de confianza en el país de los inversores. Por su parte, Aelec, asociación representante de las energéticas, fue más sucinta pero igualmente crítica: es una “mala noticia”.

Estos mensajes de banca y energéticas son una continuación de los que desde la aprobación de la ley lanzan las principales cabezas de ambos sectores. Caixabank, que ha pagado 373 millones, ha afirmado que el impuesto es discriminatorio para la banca en general y las entidades más grandes en particular. A juicio de Gonzalo Cortázar, su consejero delegado, supone “un tiro en el pie” como sociedad. El Santander, que ha pagado 224 millones, ha afirmado que el impuesto “estigmatiza” a la banca y es “discriminatorio”, en palabras de Héctor Grisi, consejero delegado.

Onur Genç, consejero delegado del BBVA, entidad que ha pagado 225 millones, ha afirmado sobre el impuesto: “No pensamos que sea bueno para España”. La advertencia de Genç fue doble: por un lado, el tributo castiga la concesión de crédito; por otro, la llegada de inversión. Las críticas también han llegado del Sabadell (157 millones), de Bankinter (77) y de Unicaja (63,8). Las ideas se repiten. Es “discriminatorio”, ha dicho el presidente del BBVA, Josep Oliu. El impacto es “especialmente relevante”, según Manuel Menéndez, consejero delegado de Unicaja. En octubre, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, expresó su deseo de caducidad de este “injusto” impuesto “venga el gobierno que venga”.

Vino el Gobierno PSOE-Sumar y el impuesto sigue, aunque suavizado para las energéticas. Este sector, el energético, del que han partido también recursos contra el impuesto, se ha prodigado igualmente en mensajes críticos. Uno de los más contundentes salió en octubre de Repsol, que ha pagado 450 millones, lo que la convierte es en la compañía más perjudicada. “La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales en España”, advirtió Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol y expresidente del PNV. Sus palabras fueron leídas como una advertencia de reducción de inversiones. Otras entidades a las que les ha tocado sacar la billetera son Iberdrola (213 millones), Naturgy (300 millones) y Endesa (208), y eso ciñendo el listado sólo al IBEX 35. También hay compañías afectadas fuera de este indicador bursátil, como Cepsa (323 millones) y Abanca (50 millones).

El silencio ahora es la tónica general entidad por entidad. El mensaje oficial ha quedado fijado por las patronales. Pero ese silencio no será permanente. Una fuente del sector financiero señala que es probable que los bancos paguen en 2024 más que lo abonado en 2023 y prevé discursos muy críticos con el impuesto. Otra fuente consultada, también del sector bancario, advierte de que ha habido un cambio de las reglas al abrir la puerta a la permanencia del impuesto. “Este impuesto, que en su origen era temporal y ahora se prorroga, da origen a una inestabilidad y falta de equidad fiscal, además, en un contexto en el que los tipos de interés han comenzado a reducirse”, señala la fuente, que alerta la “inseguridad jurídica” y la “desventaja competitiva” generada. Todos estos argumentos se leerán y oirán con abundancia en los próximos meses.

Sólo los nombres de las entidades ya citadas serían suficientes para alcanzar una conclusión: los impuestos a la banca y las energéticas golpean a la cúspide del empresariado español.

Pero hay más. Detrás de estas compañías hay fuerzas mayores. No hablan, pero están ahí.

Aunque al pensar en estas empresas con sede en España se nos vienen a la cabeza grandes nombres de la élite empresarial española –Ana Botín en el Santander; o Ignacio Sánchez-Galán en Iberdrola–, a menudo se olvida que el poder duro de las compañías son los accionistas, los dueños. Sus nombres desvelan otro escalafón de afectados: grandes empresas y fondos extranjeros, algunos de ellos soberanos –es decir, Estados– con los que el Gobierno tiene intrincados sus intereses.

Blackrock, la mayor gestora de fondos del mundo, que ha llegado a manejar más de 10 billones de dólares, es máximo accionista del Santander, el BBVA, el Sabadell y Repsol, y accionista relevante, es decir, con más del 3%, de Caixabank, donde también está el Estado a través del FROB. La firma dirigida por Larry Fink tiene un carácter “sistémico“, dada su omnipresencia entre las mayores corporaciones españolas, en una estrategia que aplica a nivel global y le da gran capacidad para marcar el rumbo de la economía. El propio Fink es un gurú financiero mundial. Se le considera el hombre más influyente de Wall Street y ha sido una de las voces más escuchadas en la reciente cumbre del clima de Dubai, de cuyo comité asesor ha formado parte.

Todo eso se refleja en la agenda de Fink, propia de un jefe de gobierno o incluso de Estado. En 2010 llegó a publicarse que se había reunido con el rey Juan Carlos, en un encuentro calificado entonces como “insólito”. Con Pedro Sánchez se ha sentado al menos dos veces. En julio de 2021, en Estados Unidos, lo hizo en plena gira del presidente presentando las “oportunidades de inversión” en España en relación a los fondos europeos. En enero de 2023 Sánchez y Fink repitieron encuentro en el Foro Económico Mundial.

El principal accionista de Iberdrola es Qatar Investment Authority (QIA), un fondo soberano de la monarquía del Golfo, una autocracia afortunada por ingentes reservas de gas y petróleo. Circulan estimaciones, no desmentidas por QAI, que sitúan el valor de sus inversiones por encima de los 400.000 millones de euros. Sus dos posiciones más relevantes en el IBEX son Iberdrola y la socimi Colonial. En las dos es máximo accionista. Los tentáculos de Qatar se extienden hacia una tercera empresa del IBEX, International Airlines Group (IAG), el holding de British Airways e Iberia. Su máximo accionista es también catarí, en este caso Qatar Airways, entidad vinculada al propio fondo QIA.

Una exhibición de poder de Qatar en España se produjo en 2022, durante una visita del Emir, Tamim bin Hamad Al Thani. Durante el brindis de la cena en su honor que ofreció Felipe VI, el Emir –que por la mañana había recibido las medallas del Congreso y el Senado– anunció más de 4.500 millones de euros en inversiones. El anuncio se acabó concretando en la firma de un acuerdo entre el fondo catarí y Cofides para inversiones conjuntas. ¿Qué es Cofides? Se trata de una gestora de fondos público-privada en la que el Estado español es titular del 53% del capital, mientras que el 47% está en manos de entidades financieras, entre ellas el Santander, el BBVA y el Sabadell. Otra vez, intereses cruzados. En julio de 2023, las inversiones acordadas aún no habían empezado, según comprobó entonces infoLibre.

Qatar coincide en el accionariado de Iberdrola con Blackrock y Norges, otra entidad en la que hay que detenerse. El fondo soberano noruego, considerado el mayor del mundo y nutrido de los réditos obtenidos por la venta de petróleo, tiene más de 15.000 millones de euros en inversiones en España, repartidas por sectores de máxima relevancia como la energía, la banca y las infraestructuras –sus tres puntos fuertes–, la industria y la vivienda, la farmacia, la alimentación y hasta los medios de comunicación. Al cierre de 2022, y según datos del propio fondo, tenía participaciones en las 35 empresas del IBEX. De las afectadas por el impuesto, es accionista significativo –más del 3%– de Repsol e Iberdrola.

La megagestora global por antonomasia, un rico petroestado por cuyas inversiones compiten gobernantes de todo el mundo occidental y el mayor fondo soberano del planeta. Este es el tipo de perjudicado internacional por el impuesto, aunque ni Fink, ni Al Thani, ni Ida Wolden Bache, gobernadora del Norges Bank, sean los nombres que suelen surgir al elaborar la lista de afectados por su prórroga.

infoLibre pidió a las tres entidades una valoración sobre dicha prórroga. No hubo respuesta. Blackrock tiene como pauta no comentar asuntos sobre sus participadas, aclararon los portavoces autorizados por la firma.

Un caso ilustra cómo el impuesto toca el bolsillo de poderosos actores que, al mismo tiempo, tienen fácil adoptar decisiones que castigarían al Gobierno. La histórica Compañía Española de Petróleos SA (Cepsa) tiene como máximo accionista al fondo soberano emiratí Mubadala, con un 61,36% de los títulos en septiembre. Cepsa ha pagado 323 millones por el impuesto, una lesión directa a los intereses de Mubadala, que es también accionista de Enagás junto a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Mubadala tiene en su mano la llave de una inversión multimillonaria en Andalucía. En la cumbre del clima de Dubai, responsables de Cepsa y de C2X, compañía danesa de Moller-Maersk, anunciaron un proyecto conjunto de una planta de metanol verde en Huelva con una inversión de hasta 1.000 millones. Lo hicieron desde el Pabellón de España de Expo City, Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, donde se celebra la cumbre del cima. Y en presencia del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se apuntó un tanto político. Lo cierto es que, aunque muchos medios dieron por hecha la inversión, era un anuncio y la decisión final sobre la misma no llegará hasta 2025. Y Mubadala, como máximo accionista, tendrá mucho que decir.

No es la única inversión pendiente. Cofides, la entidad público-privada de inversión, tiene suscrito un memorando con Mubadala para “explorar oportunidades” de inversión en España. El destino prioritario deben ser “las empresas españolas y sus filiales extranjeras”.

Al hablar de Mubadala, lo hacemos del propio poder duro de la familia real emiratí. El presidente del fondo es el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, insigne apellido nobiliario, que es a su vez vez vicepresidente y viceprimer ministro de los Emiratos, además de dueño del Manchester City. Por debajo de Al Nahyan en Mubadala hay miembros del Gobierno y de la Corte del príncipe heredero. En el consejo de dirección sobresale el nombre de Khaldoon Khalifa Al Mubarak, el hombre con el que se reunió Pedro Sánchez durante la cumbre del clima. Al Mubarak es “asesor político estratégico” de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Mubadala no respondió a la solicitud de valoración de la prórroga del impuesto formulada por infoLibre.

Más. Sonatrach, la gasista estatal de Argelia y la mayor empresa del país, es accionista significativo de Naturgy. Otra firma que supera el 3% en Naturgy es CVC Capital Partners, un capital riesgo con múltiples inversiones en España. Otro gigante del capital riesgo, también con presencia en España, es el grupo estadounidense Carlyle, segundo máximo accionista de Cepsa. Al cierre de 2022, último dato ofrecido por la CNMV, el fondo estadounidense Fidelity tenía casi 390 millones de euros en posiciones en el IBEX. Entre ellas, Bankinter, otra de las entidades afectadas por el impuesto, que deja un reguero de afectados entre los que figuran firmas inversoras como Capital Research and Management Company (BBVA), Dimensional Fund Advisors (Sabadell), Lazard Asset Management (Bankinter) o Milennium Group Management (Repsol). El impuesto a la banca y las energéticas toca los intereses de todos ellos.