El uso de antidepresivos crece un 18% desde 2019 mientras España sigue a la cola en número de profesionales

Además de las secuelas directas, “la pandemia ha provocado un impacto muy importante en la salud mental, sobre todo en la población infanto-juvenil (derivado en parte del confinamiento, particularmente duro y prolongado en España en comparación con otros países)”. Es una de las conclusiones de la Evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud Español frente a la pandemia de covid-19, publicada hace unos días por el Ministerio de Sanidad y elaborada por cuatro expertos independientes. Ya en plena crisis sanitaria empezó a advertirse de que esto podría ocurrir. Y ya entonces algunos documentos empezaron a mostrarlo empíricamente. Entonces empezó a actuarse. La preocupación comenzó a plasmarse sobre el papel y sobre diversas medidas. Pero las cifras, todavía hoy, siguen dibujando el mismo escenario: “Aunque se esté actuando, los resultados tardarán tiempo en reflejarse“, explica el presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González.

Los últimos que hemos conocido vienen a confirmarlo. El pasado mes de octubre, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) publicó una estadística de consumo de antidepresivos que reflejó, de nuevo, un aumento de la ingesta de este tipo de fármacos. Concretamente, en 2022 la cifra se situó en 97,55 dosis por cada 1.000 habitantes y día —la unidad de medida que, según explica el responsable de divulgación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carlos Fernández, unifica estos datos a nivel internacional. El dato no es baladí: suponen seis dosis más que hace un año, cuando el consumo se situó en 91,51. Antes de la pandemia, en 2019, eran 82,52.

El Instituto Nacional de Estadística (INE), por su parte, publicó recientemente su estadística de defunciones, en la que se refleja, también, que en 2022 hubo otro pico de suicidios. Concretamente, 4.227 personas se quitaron la vida hace un año, un 5,6% más que en 2021, cuando la cifra fue de 4.003. Otra vez, el aumento es sostenido desde antes de la pandemia: en 2019 el dato se situó en 3.671 suicidios, un 15% menos.

Son los efectos secundarios de la crisis sanitaria. “Sin duda, la pandemia puso sobre la palestra los problemas de salud mental. Al final, fue un periodo en el que toda la población se vio sometida a varios factores estresantes graves: el confinamiento, el colapso social y económico y los miles de muertos que provocó la enfermedad”, explica el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, Manuel Martín, que recuerda que ocurrió lo mismo tras la crisis económica de 2008. “En esos años también se vio un incremento en estas cifras que en España, tradicionalmente, se mantienen. Ahora, lo que vemos parece derivar de la pandemia”, explica.

No fue sólo en España. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en el año 2022 un informe científico en el que alertaba de que la crisis sanitaria había tenido un impacto directo sobre la salud mental. Y coincidía con Martín en que éste había sido provocado por la soledad, por el miedo al contagio o a la muerte o por el duelo por haber perdido a un ser querido, además de por las preocupaciones económicas. Los jóvenes, destacó también entonces la institución, habían sido uno de los grupos más afectados. Y todavía hoy se refleja.

Según los datos del INE, en 2022 se quitaron la vida 353 menores de 30 años, un 4,4% más que un año antes. Pero si reducimos la edad, las cifras se recrudecen. Hace un año se suicidaron 75 adolescentes de entre 15 y 19 años, un 41,5% más que en 2021. Y hay más cifras. El 50% de la Generación Z de todo el mundo afirma recibir tratamiento por algún trastorno de salud mental. En España, el 59,3% de los jóvenes asegura que ha tenido algún problema de este tipo en el último año. Y un estudio reciente publicado en Australia muestra que los nacidos a partir de 1990 tienen, en general, peor salud mental. La lista de datos podría ser infinita.

En cualquier caso, no es sólo la edad. Como apuntan los expertos consultados por infoLibre, el estallido de la crisis sanitaria no fue ni mucho menos igual para las personas que ya eran vulnerables que para quienes no lo eran. Las primeras tenían más riesgo de sufrir algún tipo de problema de salud mental. “En la población en general hay factores de vulnerabilidad que marcan la salud. Pueden ser de tipo social, económico, familiar, genético o estar relacionadas con algún tipo de adicción. Cuando estalla la pandemia, esto se agudiza”, explica Martín.

Todo esto provocó que el concepto ‘salud mental’ empezara a sonar cada vez más. Y cada vez en boca de más de personas. Quizá el punto de inflexión, no obstante, se vivió el 17 de marzo de 2021 en el Congreso de los Diputados. “Si yo digo Diazepam, Valium, Lorazepam, Trankimazin o Lexatin, ¿por qué todos sabemos de lo que estoy hablando? Si estuviera hablando de medicamentos para el riñón o para el hígado no lo sabríamos. ¿Por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? ¿En qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir permanentemente medicados? ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a que esto sea una cosa normal?”, se preguntó Íñigo Errejón. “¡Vete al médico!”, le gritó el diputado del PP Carmelo Romero.

Desde entonces no han faltado las promesas y medidas. Tan sólo siete meses después de aquel exabrupto el Gobierno presentó su Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y covid-19. “Que el 10,8% de la población española haya consumido tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir y el 4,5% haya tomado antidepresivos o estimulantes en las últimos días dice mucho del estado de salud de nuestra sociedad y de sus problemas estructurales. Tenemos que analizarlos y hacerles frente con toda la responsabilidad y el poder que tiene el Estado, y también con el apoyo de las sociedades científicas. Nuestra responsabilidad es actuar”, dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su presentación. “Hemos pasado del silencio al debate, y del debate tenemos que pasar a la acción“, añadió.

La acción fue poner sobre la mesa 100 millones de euros para, entre otras cosas, crear la especialidad de psiquiatría infantil y adolescente en la Formación Sanitaria Especializada o el número 024 de atención 24 horas para prevenir los suicidios que, sólo en su primer año de vida, atendió 119.000 llamadas.

Ahora, la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, pretende redoblar los esfuerzos en este ámbito. La salud mental “será una línea de trabajo fundamental”, anunciaron desde su equipo tras su nombramiento. Ese mismo día adelantaron que el Ministerio contará con un comisionado especial que empezará a funcionar en los próximos meses.

Entonces, ¿cómo se explica que tras esta inversión y atención las cifras de suicidios y de consumo de antidepresivos sigan escalando? Como explica González, ver los frutos de lo que se siembra siempre lleva tiempo. Y todavía no ha pasado el suficiente. “Poner recursos y asignar millones no tiene un resultado inmediato. Se ha empezado a actuar ya, pero todavía vamos a tardar en ver los efectos”, explica. Y reclama, en cualquier caso, que la dotación económica “no tenga interrupciones”. Y que repercuta en el personal. “No hay profesionales, hay listas de espera inmensas”, critica.

Coincide Martín. “Tenemos una situación muy delicada y vamos hacia una crisis aún mayor”, lamenta. Se apoya en los datos que refleja el Libro Blanco de la Psiquiatría en España, publicado hace unos meses por la organización que preside: en España hay 4.393 psiquiatras en la red pública, lo que supone una ratio de 9,27 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, una cifra “claramente inferior a la media de los países de la Unión Europea”. En Portugal por ejemplo son 14; en República Checa, 15; en Francia, 23; en Alemania, 28. Pero es que, además, el 20,77% (913) de los psiquiatras tiene más de 60 años, y el 6,73% (296) más de 65 años, por lo que se estima que en 2026 se jubilen alrededor de 913 profesionales.

En psicología la situación no es mucho mejor. Según el INE, hay 78,72 colegiados no jubilados por cada 100.000 habitantes. “La situación respecto a la salud mental es muy delicada”, advierte Martín.

No obstante, no sólo hay que invertir en la salud mental en sí, sino en mejorar las condiciones de vida. Así lo considera al menos González, que lamenta que “la problemática es estructural”. “No podemos pretender acabar con el suicidio cuando las condiciones sociales de marginación o de pobreza se mantienen. Cuando seamos conscientes de ello, los resultados vendrán”, asegura. “Si la gente tiene sueldos de miseria, está en el paro o no puede acceder a una vivienda es complicado que su salud mental sea buena”, insiste.

En este mismo sentido, Martín precisa que es necesario distinguir entre el malestar y el trastorno. “El primero, igual que la alegría, es un fenómeno que está ligado a la existencia. Otra cosa es cuando eso cristaliza en otro tipo de problemas y deriva en trastornos, que es en lo que debemos poner el énfasis. Lo que más nos preocupa es lo grave”, afirma.

Así, ve muy positivo que la salud mental haya salido del tabú, pero hace hincapié en tratar lo grave. Y para eso, insiste, faltan manos. “Muchas personas ahora se sienten más cómodas a la hora de hablar, y eso es bueno, pero no tengo claro que esa presencia social se extienda a los trastornos mentales más severos. Eso es lo que los psiquiatras queremos reivindicar”, señala.